“Ni punitivo, ni caritativo” fue el nombre del conversatorio sobre las políticas de situación de calle convocado por trabajadoras y trabajadores nucleados en Utmides y en Sutiga, sindicatos del MIDES y de tercerizados respectivamente.
La actividad, que se realizó en el PIT-CNT y fue transmitida por streaming, se propuso habilitar un espacio para exponer la mirada de quienes trabajan cotidianamente en brindar respuesta a la situación de calle, y generar insumos para la discusión pública sobre esta respuesta. Para concretar este último objetivo y enriquecer el debate, además de la palabra de quienes trabajan en los servicios del MIDES, el conversatorio contó con la participación de representantes de Ni todo está perdido (NITEP) —el primer colectivo integrado por personas en situación de calle del país—, de la academia y de la sociedad civil.
El contexto del conversatorio
Abrieron la discusión Lucía LaBuonora, de UTMIDES y Constanza Robaina, de SUTIGA. En sus intervenciones destacaron la importancia de hablar sobre las políticas públicas y de aportar insumos para la reflexión en el encuentro con otras y otros, especialmente “en un momento bisagra” donde las políticas sociales están siendo objeto de debate público y de transformaciones propulsadas por el nuevo gobierno.
Lucía destacó que la actividad se realice el mismo día en que COFE marcó un paro de 24 horas en contra de la pauta salarial del gobierno. Señaló lo oportuno de aprovechar esta instancia para reflexionar sobre la posibilidad de mantener la calidad de los servicios (compromiso asumido por el actual gobierno) a la vez que se lleva a cabo una política de recorte que, entre otras medidas, no garantiza el mantenimiento del salario real de quienes sostienen estos servicios.
Por su parte, Constanza destacó la importancia de que trabajadoras y trabajadores alcen la voz para defender los procesos de trabajo y los saberes acumulados a lo largo de sus trayectorias laborales. En esta defensa se juega la definición de un modelo de intervención basado en saberes técnicos profesionales frente a un modelo de intervención voluntarista.
La orientación de las políticas para situación de calle
En el segundo bloque del conversatorio expusieron Sandra Leopold, trabajadora social, docente e investigadora de Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, y Valeria España, abogada y activista social, integrante del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
Sandra reparó en el nombre del conversatorio y explicó que lo caritativo y lo punitivo han sido dos enfoques históricos para los abordajes de situación de calle. Si bien ambas nociones podrían parecer contrarias entre sí, tienen una raíz común: emergen de un diagnóstico que asocia el conflicto social con problemas morales y no con una estructura social profundamente desigual. Esta mirada pone el foco sobre el sujeto y lo hace responsable de su propia situación, sin atender a las estructuras que condicionan esa situación. Estos enfoques acarrean el riesgo de individualizar el conflicto social, y diluir así cualquier iniciativa de transformar las causas profundas de la desigualdad.
La exposición de Valeria se centró en el compromiso legal del Estado de asumir una perspectiva de derecho que implique el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. Señaló que la protección de los derechos humanos descansa en la presencia de garantías institucionales y que hoy existen políticos que están poniendo en cuestión la institucionalidad, al cuestionar por ejemplo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía General de la Nación.
Específicamente en relación a la situación que atraviesan las personas en calle, Valeria señaló que no solo deben afrontar la vida en condiciones materialmente pobres, sino también legalmente pobres, ya que si bien están protegidas por la Constitución, la ley las castiga. Al respecto señaló que tanto la Ley de faltas (19.120) como el artículo 14 de la LUC (19.889) sobre ocupación indebida de los espacios públicos, castigan la pobreza.
La mirada de lxs trabajadorxs
Tras las exposiciones de Leopold y España, se conformó una nueva mesa en la que tomaron la palabra Natalia Pintado, coordinadora del Equipo Móvil del MIDES e Inés Soul, trabajadora de un centro para personas en situación de calle.
Natalia expuso la mirada que los equipos de trabajo del MIDES han venido construyendo sobre la problemática de calle. Señaló que se trata de un fenómeno complejo, heterogéneo y que puede desencadenarse por múltiples situaciones como la precariedad material y habitacional, la baja intensidad de los vínculos sociales, el abandono del hogar huyendo de situaciones de abuso y violencia, la migración, la discapacidad o el egreso de instituciones totales como INAU, la cárcel o instituciones de salud mental, entre otras. Enunciar estas situaciones es una forma de evidenciar que la calle no se trata de una opción de vida elegida libremente, sino que se asocia a procesos, generalmente de largo aliento, que van diezmando las posibilidades de elección de las personas.
Al analizar las políticas estatales frente al problema de calle, Inés explicó que la respuesta llega una vez que el problema ya está instalado, pero no hay políticas que atiendan a la prevención del problema. Frente al problema de calle, la principal respuesta estatal son los centros de convivencia colectiva. Esta respuesta consta de dos grandes componentes: subsanar la falta de techo y desarrollar un abordaje socio-educativo. En esta doble intervención, el acceso al techo queda asociado al cumplimiento de ciertas normas que no todas las personas pueden sostener, por lo cual termina siendo una política expulsiva que limita la posibilidad de desarrollar procesos de acompañamiento a las personas usuarias de los centros.
Estas tensiones propias del diseño de la política deben ser afrontadas cotidianamente, en primer lugar por las personas en situación de calle, pero también por los equipos de trabajo de los centros. Al respecto, Ines señaló que existe una tendencia a deslegitimar el trabajo técnico, que muchas veces es categorizado como deshumanizante y aislado de la realidad, cuando lo que realmente deshumaniza son las condiciones de la política. Condiciones que muchas veces limitan el trabajo técnico a la administración de la escasez.
A las dificultades señaladas previamente, se suman las que devienen de decisiones recientes de la nueva administración en relación a la gestión de los programas de calle.
Las expositoras señalaron que hay una tendencia a cambiar permanentemente los protocolos de atención, generando tensión entre los equipos de trabajo de diferentes áreas que pierden referencia de a quién corresponde qué tarea y dificultan las posibilidades de trabajar en una lógica de cooperación. Explicaron también que los convenios que se han renovado recientemente cuentan con menos horas de equipo técnico, desconociendo la importancia y la temporalidad de los procesos de acompañamiento. Otra medida que entienden afectó la calidad de los servicios fue la tercerización del 0800 8798, un teléfono para recibir reportes de personas en situación de calle, que antes era atendido por el Equipo Móvil y hoy es atendido por un call center.
Tampoco valoran como positiva la forma en que se procesó el cambio en las vías de acceso a los centros. Anteriormente el acceso a los centros se realizaba a través de puerta de entrada, un servicio centralizado que recepcionaba a nuevos usuarios y los derivaba a los centros acordes a su perfil según los cupos disponibles. Esta vía de ingreso fue eliminada y en la actualidad cada centro funciona como puerta de entrada de nuevos usuarios. Aunque este cambio tiene aspectos positivos, dado que simplifica el proceso de ingreso, su implementación no fue la adecuada. Los equipos técnicos advirtieron a las autoridades que si estas transformaciones no se veían acompañadas por una ampliación de cupos, podían generar un aumento de la conflictividad en los centros que en caso de no contar con lugares disponibles iban a tener que denegar el ingreso a las personas que se acercaran a solicitar un lugar donde pasar la noche.
Fue precisamente esa situación la que vivió Gustavo Castro, que tras no haber conseguido ingresar a un centro por falta de cupos, tuvo un episodio de violencia a partir del cual el centro contactó a la policía, que se lo llevó y lo liberó a las pocas horas. Esa noche Gustavo terminó durmiendo en la calle, donde falleció por hipotermia.
Inés y Natalia también señalaron que perciben una tendencia cada vez más marcada a la búsqueda de soluciones inmediatas para la situación de calle, pero las medidas que se toman en esta línea, más que solucionar el problema tienden a invisibilizarlo. A modo de ejemplo, señalaron cómo algunas medidas efectistas como los operativos del Ministerio del Interior que trasladan a las personas de sus zonas de residencia a centros o cuarteles lejanos, pueden generar importantes perjuicios para las personas trasladadas que pierden las redes que han construido en su zona de residencia.
La mirada de las personas en situación de calle
Una última mesa de expositores estuvo conformada por Paula y Andrés, ambos integrantes de NITEP. Iniciaron su exposición planteando la interrogante de por qué, tras dos años de funcionamiento de NITEP era la primera vez que eran convocados para una instancia organizada por los sindicatos que nuclean a las trabajadoras de los programas de calle. Esta pregunta fue contestada posteriormente por representantes de Utmides y Sutiga, explicando que es la primera vez que se hace una actividad de este tipo, co-organizada por ambas gremiales y que esto sucede porque el contexto presente de cambio político abre nuevos desafíos y una ventana de oportunidad para discutir las políticas de calle.
Andrés señaló que desde el colectivo entienden que es importante que las políticas de calle no queden confinadas al MIDES, sino que involucren la participación de otros organismos y puedan así aportar otras soluciones, además de los centros de convivencia colectiva. Planteó que si bien los centros van a seguir existiendo y es bueno que así sea porque para muchas personas son una solución necesaria, es preciso pensar otras alternativas, como por ejemplo las casas autogestionadas o la promoción de cooperativas de vivienda.
En relación a los centros del MIDES, Paula señaló que es importante que todos manejen los mismos criterios. Si bien existen algunas normativas comunes, cada centro define ciertas reglas de funcionamiento y esto puede generar servicios de calidad dispar.
Desde NITEP entienden que las personas en situación de calle deberían poder participar de un mecanismo de contralor sobre los centros. Una propuesta al respecto es que puedan contar con un delegado en los centros. Otra propuesta para generar garantías para las personas usuarias es que cuando son suspendidas se le entregue un certificado donde se detalle por qué se la suspendió, de modo que la persona tenga un insumo para realizar un descargo si entiende que la suspensión no fue pertinente.
Paula también se refirió a la violencia que sufren las personas en situación de calle. Violencia física pero también violencia psicológica. Al respecto mencionó que las personas sin hogar históricamente han sido violentadas por la policía pero que también están expuestas a formas de violencia más sutiles y que muchas veces estas formas de violencia ocurren en los centros.
Hacia adelante
Al cierre del conversatorio se abrió una instancia de intercambio en la que entre otros temas, las trabajadoras de los programas de calle expusieron una serie de propuestas a futuro.
Como primer punto, plantearon que es preciso avanzar en la prevención de la situación de calle, para lo cual es necesario fortalecer el trabajo de identificación e intervención sobre situaciones de vulnerabilidad social que generan un mayor riesgo a la situación de calle.
Expresaron también la necesidad de reforzar y dotar de más recursos a los dispositivos de atención y de repensar estos dispositivos.
Entre las transformaciones necesarias se incluye diversificar las modalidades de intervención para poder dar respuesta a la heterogeneidad de situaciones que quedan comprendidas bajo la categoría de situación de calle.
También entienden que es hora de repensar algunas metodologías de trabajo dentro de los centros. A modo de ejemplo, plantearon que es preciso rever el uso sanciones y suspensiones a las personas que no cumplen con alguna de las normativas del centro. Estas herramientas suelen generar lógicas expulsivas y muchas veces terminan castigando comportamientos producto de descompensaciones asociadas a problemas de salud mental.
Finalmente, recalcaron la necesidad de involucrar a otras instituciones, además del MIDES, en la prevención y atención a la problemática de calle. La complejidad de la problemática exige un abordaje integral que sólo puede alcanzarse con la voluntad política de comprometer a diferentes actores estatales.
Texto: Fanny Rudnitzky
