En esta entrega de “A vuelo de pájaro”, viajamos en el primer vuelo que trasladó de manera clandestina a uruguayos prisioneros del centro de detención y tortura Automotores Orletti a Montevideo, en julio de 1976. Recorremos este periplo a partir de las declaraciones de Larreta en el Informe Orletti, presentado en la sede de Amnistía Internacional en Londres el 18 de marzo de 1977.
Para complementar el periplo de la columna, compartimos algunos datos extraídos del libro La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya: la acción de Amnistía Internacional en los sucesos de mayo de 1976 en Buenos Aires*, de Marisa Ruiz, publicado en 2006 por la Universidad de la República, para contextualizar el marco de la denuncia de Larreta en Amnistía.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que se funda en Londres, en 1961, con el objetivo, o mandato, de ayudar a los prisioneros presos (denominados “prisioneros de conciencia”) por sus ideas políticas, religiosas o raza en diversos países con distintas ideologías y regímenes de gobierno, a partir de solicitar juicios públicos y justos. En 1962, la organización pasó a estar inscripta como de caridad y con el paso del tiempo fue expandiendo sus objetivos, y fue consolidando diversas tácticas de ayuda y organizando campañas mundiales para atender varias temáticas, entra las que se incluyeron la abolición de la tortura, la supresión de la pena de muerte y los derechos económicos y sociales. La organización cuenta con un Secretariado Internacional conformado por los departamentos legal, administrativo, de centro de documentación y de investigadores. Estos últimos son quienes estudian los casos denunciados y quienes determinan qué casos pasan a ser calificados con “prisioneros de conciencia”.
En el texto de Ruiz se resumen los instrumentos utilizados desde la organización para perseguir sus propósitos: cartas, denuncias ante los gobiernos, visitas a los distintos países y “las llamadas acciones urgentes, que se realizan cuando la persona está en peligro de ser torturada, fusilada o desaparecer”, según sintetiza la autora, y menciona que estas acciones urgentes empezaron a implementarse en 1973, “para enfrentar más efectivamente el problema de la tortura, se enviaban télex y cables y se realizaban llamadas telefónicas para tratar de impedirlo o por lo menos para que los represores supieran que se sabía lo que estaba sucediendo”. Otro tipo de instrumento son los conciertos, tanto para recaudar plata para la organización, como para hacer públicas determinadas causas.
Ruiz destaca tres características que explican el éxito de esta organización en algunas acciones. Una de ellas es la lealtad a los principios de derechos humanos y la defensa pública de una serie de reglas respecto a la dignidad de la persona humana, ya presentes en la declaración de 1948, pero olvidadas en el hielo de la guerra fría.
Una segunda característica es la independencia e imparcialidad en el contexto de la polarización de la época. Esto se reflejaba en que cada grupo nacional de trabajo elegía “prisioneros de conciencia” para auxiliarlos, siguiendo la norma de que fueran del Este, del Oeste y del Tercer Mundo y de que no estuvieran vinculados con la lucha armada, y en que la organización no aceptaba ayuda económica de los gobiernos.
La tercera característica que menciona Ruiz es que las investigaciones de Amnistía demostraron vacíos normativos legales y buscaron soluciones al respecto, a partir de implementar la creación de la norma. Para concretar las normas internacionales primero se obtiene una Declaración General (contra la tortura o la desaparición, por ejemplo); segundo, se tienen que firmar y ratificar las Convenciones, que obligan a cumplirlas a los países que las ratifiquen.
En la década del 70 Amnistía Internacional inicia una campaña mundial por la abolición de la tortura, más precisamente en diciembre de 1972, con el objetivo de diseminar información sobre el uso internacional de la tortura, crear una legislación internacional contra la tortura y desarrollar nuevas técnicas de acción, según resume Ruiz. Al año siguiente, en 1973, se publica el informe “Reporte sobre la tortura”, que registra que 61 países practicaban la tortura en ese momento. Este informe se difundió a los gobiernos, instituciones de la sociedad civil, iglesias y diversos organismos de las Naciones Unidas. Ese año, en setiembre, se da el golpe de Estado en Chile, y también se da una visita inesperada de Amnistía a ese país, lo que generó que la organización adoptara “prisioneros y prisioneras de conciencia chilena”, y realizara campañas a su favor, no en todos los casos exitosas. Un mes después del golpe, en octubre de 1973, un equipo de esta organización fue enviado a Chile para que se investigaran los sucesos mediante el trabajo con la Comisión por la Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Dos años después, el 9 de diciembre de 1975, se emitió la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
¿Y por casa… ?
Respecto de la situación de los derechos humanos en Uruguay, la autora de La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya: la acción de Amnistía Internacional en los sucesos de mayo de 1976 en Buenos Aires sostiene que si bien previo a la década del sesenta Uruguay sabía muy bien sobre represiones y recortes de las libertades, la concepción de “derechos humanos” durante décadas fue más declarativa que funcional. Para la década del 60 las violaciones de los derechos humanos empezaron a ser moneda corriente y sistemáticamente graves. Por mencionar algunas que recoge la autora, hubo conductas antisemitas, represión a dirigentes gremiales y estudiantiles y desocupación de fábricas por la fuerza (entre 1968 y 1969) y se decretan las Medidas Prontas de Seguridad, que van a acompañar varios períodos. Desde el 69 se empiezan a elaborar una serie de denuncias sobre torturas a detenidos políticos, y se constituye la Comisión especial investigadora sobre violaciones de los derechos humanos y comisión de actos de torturas a detenidos y regímenes de detención vejatorios a la dignidad humana, que en 1970 reconoció la existencia de torturas y malos tratos y pésimas condiciones de detención, en un país en que aún no había dictadura.
La situación fue empeorando y el 15 de abril de 1972 la Asamblea General votó el Estado de Guerra Interno y la suspensión de garantías individuales. La autora menciona la situación de violencia generalizada en el país, que cobra magnitud a partir de los enfrentamientos entre el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MLN-T) y las Fuerzas Armadas (FFAA), que dejó 12 muertos, y el asesinato, entre el 14 y el 18 de abril, de ocho obreros comunistas desarmados en un local de este partido.
Para hacernos una idea, desde el 70, 6.300 personas pasaron por el sistema de justicia militar acusadas de ofensas bajo la ley de Seguridad del Estado y Orden Interno. Estas detenciones se produjeron en dos grandes oleadas: entre 1972 y 1974, la primera, con 3.700 detenidos, y entre 1975 y 1977, la segunda. Casi 50% de los detenidos estuvo preso entre 3 y 8 años y más de 30% estuvo más de 8 años, según datos de Edy Kaufman, en “Análisis de los patrones represivos en el Cono Sur. Los regímenes militares argentinos”, de 1995 (y retomado por Ruiz).
… Entre rejas
Oficialmente, los lugares de detención fueron muchos. A estos se les llamó cárceles comunes, donde no solo caían presos políticos. Pero hubo dos establecimientos que también eran militares, no comunes: el centro de detención de mujeres penal de Punta Rieles y el penal de Libertad, de hombres, ambos en Montevideo. También había una cárcel de mujeres en Paso de los Toros y varios sitios de detención en unidades militares. Además, el Penal de Punta Carretas, que hasta 1978 funcionó como cárcel política.
Otros datos que recoge la autora son los siguientes: entre 1968 y 1978 fueron detenidas aproximadamente 55.000 personas (el equivalente a 1 de cada 50 habitantes). Entre 1975 y 1980 en el marco del Plan Cóndor asesinan, detienen y desaparecen a unos 200 uruguayos, ya sea en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Paraguay. Entre 1972 y 1984, un centenar de detenidos murieron en las cárceles militares. Durante todo el período de dictadura fueron destituidos 10.000 funcionarios públicos. Más de 300.000 uruguayos se exiliaron, ya fuera por motivos políticos como económicos, por resumir esta categoría.
En este marco, existió un canal fluido de comunicación y una red de trabajo entre diversos actores y distintos países. Varias figuras políticas de Uruguay (desde acá como desde el exilio) estaban en relación con la organización Amnistía Internacional. Tanto el senador Zelmar Michelini como el diputado Gutiérrez Ruiz (ambos asesinados en Buenos Aires en el 76) ya habían denunciado la situación uruguaya en organismos internacionales: Michelini, en Roma en 1974, y Gutiérrez Ruiz en el Parlamento Europeo, en Luxemburgo un año después.
Para el año 75 la intensificación de la represión en Uruguay se seguía denunciando y la constatación de la gravedad de la violación de los derechos humanos redundan en una de las acciones más importantes de la década por parte de Amnistía Internacional, que constituyó en la campaña contra la tortura específicamente en Uruguay.
La campaña contra la tortura en nuestro país estuvo fuertemente impulsada por la enorme cantidad de denuncias que se venían realizando desde el exilio, desde donde muchos denunciantes se pusieron en contacto con organizaciones de derechos humanos y con organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Los logros alcanzados por esta campaña son resumidos por Ruiz en los siguientes: se difundió extensamente la situación de Uruguay en el marco internacional y se consiguió que varios gobiernos y parlamentos tuvieran una visión critica sobre Uruguay. En Estados Unidos la campaña influyó directamente en el Departamento de Estado; la embajada estadounidense en Montevideo solicitó a los militares uruguayos el cese de las torturas y el retorno a la democracia. Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos recomendó cortar la asistencia militar, lo que se conoció como Enmienda Koch, en alusión a su principal promotor, quien era miembro del Comité de Apropiaciones, y el sub Comité de Operaciones Extranjeras de Estados Unidos, y quien sostuvo haber “incluido una restricción en nuestro proyecto de ley sobre ayuda externa que prohíbe toda ayuda militar a Uruguay es importante dejar claro que Estados Unidos no puede involucrarse directa o indirectamente en apoyo a un grupo insurgente en un país, [y] ciertamente no debiera proveer de armas a gobiernos represivos para reprimir a sus propios ciudadanos. Esta es la naturaleza de nuestra enmienda”, según su intervención en el la Casa de Congreso, Comité de Relaciones internacionales, Derechos Humanos en Uruguay y Paraguay, de 1976 (en Ruiz 2006, página 174).
Ese mismo año, desde julio a diciembre, se mantuvo en funcionamiento el centro de detención clandestino de la SID, en Montevideo, en Bulevar y Palmar, donde permanecieron 24 uruguayos. Al año siguiente, en 1977, Larreta presenta el Informe Orletti en la sede de Amnistía Internacional en Londres. Allí se cuenta con detalle las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor desde Orletti, pasando por la casa de Punta Gorda y hasta la llegada y permanencia en la SID, y los detalles que lo pusieron en libertad, el 22 de diciembre de 1976.
En esta columna repasamos algunas de las declaraciones sobre el traslado clandestino de Buenos Aires a Montevideo, y algunos apuntes sobre el fin de la detención en la SID, y los operativos para eso, a partir de las declaraciones de Larreta, luego de sus otros vuelos, de ida y vuelta.
* En este texto optamos por no citar las referencias que aparecen en la obra La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya: la acción de Amnistía Internacional en los sucesos de mayo de 1976 en Buenos Aires, a los efectos de hacer más llevadera la lectura. Se puede descargar el libro completo, de Marisa Ruiz, publicado en 2006 por la Universidad de la República, aquí.
Texto: Cecilia Bértola
Foto: extraída de Informe Orletti
Escuchá el audio completo acá:
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