Bajo esta consigna se abrió la cuarta mesa del Debate de Seguridad y Convivencia en la Intendencia de Montevideo el jueves 31 de agosto.
El diálogo, moderado por Sebastián Aguiar, contó con la participación del argentino Martin Appiolaza —magister en Planificación y policitas sociales, diplomado en Seguridad democrática y director del Centro de Estudios, Análisis e Investigación en Seguridad Urbana Uncuyo—; del colombiano Jorge Melguizo —comunicador social, periodista, profesor, secretario de Cultura ciudadana y desarrollo social de Medellín durante el período 2004-2010, consultor internacional de seguridad—; de Patricia Roland —arquitecta, funcionaria municipal de Montevideo desde 1996, responsable del sector Reciclaje y Rehabilitación Urbana del Servicio de Tierras y Vivienda desde el año 2000, actual directora de la División Espacios públicos y edificaciones, coordinadora del área Rehabilitación Urbana del proyecto Desarrollo Local—; de Marcelo Saín —doctor en Ciencias sociales, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina y diputado provincial bonaerense— y de Mauro Tomasini —coordinador del área de Seguridad democrática y de Derechos Humanos del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), integrante del ejecutivo del comité de los derechos del niño y encargado del monitoreo de sistema carcelario—.
Los participantes fueron invitados a compartir algunas experiencias. La primera intervención fue de la arquitecta Patricia Roland, quien destacó la importancia de los espacios públicos y la planificación de ciudad basada en las demandas sociales: “Pensar cómo incorporar [los] valores de espacio público en algunos lugares donde las carencias van más allá de una placita, significa incorporar ciudad”. La relevancia del diseño de los espacios también estuvo sobre la mesa, al entenderlos como “un diseño flexible que permita el uso libre”. Como ejemplo de ello la arquitecta citó la plaza Democracia, situada frente a la terminal Tres Cruces, un proyecto nuevo que consideró exitoso. Por último habló de la gestión, respecto de lo cual sostuvo que luego de construidos, estos espacios deben llevarse adelante desde la cercanía. Como conclusión, Roland dejó ver que si los espacios públicos están bien planificados, diseñados y gestionados, dignifican a la ciudad. La arquitecta destacó también la necesidad de observar y de registrar otro tipo de violencia: la indirecta, por ejemplo, una vereda rota que imposibilita la circulación. Resaltó entonces la necesidad de una mirada holística.
El turno de Jorge Melguizo, oriundo de la ciudad de Medellín, comenzó con una anécdota: hace 16 años el colombiano estuvo detenido unas horas en la ciudad de Quebracho, departamento de Paysandú; recordó entre risas cómo el policía a cargo tomaba whisky y ofrecía a través de las rejas. Haciendo alusión al libro de William Ospina Es tarde para el hombre, aseguró que en Uruguay aún no es tarde: “Ustedes son un país muy raro, mantienen niveles de seguridad distintos a los de Latinoamérica”. América Latina tiene una tasa de homicidio tres veces mayor que la de los demás continentes. La exposición de Melguizo comenzó con datos impactantes, contó que durante muchos años Medellín fue la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo (en 20 años mataron a 66.000 personas). Actualmente las ciudades con mayor tasa de homicidios son Caracas (Venezuela), con 182 muertes por cada 100.000 habitantes, y Acapulco (México), con 111 muertes por cada 100.000 habitantes. Medellín triplicaba esta cifra en 1996: eran 382 las personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, esta ciudad tiene 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra similar a la de Rosario (Argentina), tres veces la media mundial.
El colombiano expresó: “Extrañamente, tal vez por cinismo, nos alegra porque hemos bajado 95,1% la tasa de homicidios en 25 años”. Explicó cuáles fueron los pilares para reducir esta cifra: la alta inversión social y cultural, el refuerzo del estamento y la estrategia policial, y los pactos entre bandas. Menguizo señaló: “Lo contario a la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia […]; si las ciudades más seguras fueran las que tienen más policías o soldados, Irak o Afganistán serían paraísos turísticos”. Con estas palabras señaló que la inversión en seguridad no tiene que ser necesariamente en policía, sino en cultura. Para cerrar su primera intervención, aseguró: “Al narcotráfico no se le gana a bala, se le gana con inteligencia e inversión social”. La inversión en cultura es para Menguizo una de las claves: “Lo que ha pasado en Medellín es un cambio cultural, no hemos cambiado la piel, hemos cambiado el alma”. Hizo énfasis, asimismo, en que las ciudades violentas son, a su vez, las más violentadas política y económicamente, lo mismo puede extrapolarse a los barrios.
Mauro Tomasini se refirió a la investigación que lleva adelante el SERPAJ sobre violencia policial en Montevideo. El estudio muestra la gestión de los espacios públicos desde la institución policial relacionada, a su vez, con la aprobación en 2008 de la Ley de Procedimiento Policial. El objetivo de esta investigación es incluir la violencia institucional en los análisis de las políticas públicas. TomasinI resaltó que el acceso a los espacios públicos debe estar exento de violencia institucional para ser libres, de lo contrario hay una contradicción entre la promoción de los derechos y su vulneración. Como vocero de una institución de derechos humanos, apuntó a la prevención: “tenemos que llegar antes de que haya una violación de derechos”; y agregó que a la hora de intervenir “tiene que hacer el menor daño posible a cualquiera de las dos partes”. A nadie le llamó la atención el resultado de la investigación: “a los jóvenes de barrios pobres que circulan por la ciudad son a quienes los paran más […]; nosotros queríamos tener un discurso bajo una responsabilidad porque una de las cosas que se hace en seguridad es universalizar casos particulares. El gobierno a veces lo hace en demasía, y eso no corresponde con algún tipo de responsabilidad institucional”.
El coordinador resaltó la desconfianza institucional, de 100%, solo el 5% denunció casos de violencia policial. Habló también del centrismo, ilustrando que en el centro de la ciudad todo parece más legal y cuanto más lejos, más ilegal: “Se para por porte de cara, se para por una cuestión estética, se para por estar en grupo”. Para terminar la charla, Tomasini subrayó: “Tenemos la mayor cantidad de policía por habitante de América del Sur, y la mayor cantidad de presos por habitante, también”.
Martin Appiolaza comenzó por el final, partió de la conclusión a la que quería llegar: “Hay un consenso dominante, una respuesta dominante que aborda a cualquier grupo juvenil de sectores populares en ciertas condiciones tomando una cerveza como una amenaza al orden público, a la seguridad de las personas. El punto es que nos faltan herramientas fuera de los penales para abordar este fenómeno”. Tomando como eje la problemática del abordaje de las situaciones, resaltó: “Quizás este grupo pueda ser un agente transformador de las condiciones que hacen a su propia existencia”. Luego, remarcó que la historia muestra que grupos considerados peligrosos fueron claves de cambios políticos: “La cuestión es de qué lado del Código Penal estás, o de qué lado quienes redactaron el Código Penal te pusieron”. Y siguió: “Yo creo que el abordaje de los grupos como instrumentos trasformadores es posible, y es interesarte como desafío para las políticas públicas”. Appiolaza hizo referencia al punto que trató Melguizo sobre los pactos entre bandas, y puso como ejemplo el caso de la ciudad Juárez, en México: el alcalde Murguía, relacionado con el narcotráfico, fue electo popularmente, lo que mostró que: “Los pactos de actores ilegales en la construcción de la convivencia son muchas veces un recuso”, y que existe más de un abordaje, y no solo la violencia del Estado. El sonido de una bombarda mientras Appiolaza ilustraba un ejemplo usando la expresión fusil de asalto fue una guiñada inesperada que ocasionó el comentario: “los efectos especiales son excelentes”.
Desde su experiencia en cargos públicos vinculados a la seguridad pública en Argentina, Marcelo Saín destacó que la capacidad institucional es necesaria y vital para la convivencia, pero que, sin embargo: “Nuestros países tienen una baja capacidad de gestión”. Según el disertante, falta también capacidad de diagnóstico. Se refirió también a que investigaciones como las del serpaj deberían ser hechas por el Estado, las carencias están en los observatorios, no se mide el desempeño institucional sobre la seguridad, “se gestiona a ciegas”. Además, cuestan los acuerdos políticos institucionales con la oposición. Aquí radican, para Saín, las dificultades de las instituciones para construir convivencia. Y mientras de fondo sonaban sirenas policiales, enfatizó que el patrullaje, la video-vigilancia y la saturación policial solo generan exclusión. Saín planteó dos elementos fundamentales para una reforma: primero, la transformación de la prisión preventiva “está dejando de ser una medida cautelar con efecto en el proceso penal, se está convirtiendo en una prisión anticipada”, y puso el ejemplo de Buenos Aires, donde hay 32.000 personas detenidas, de las cuales 18.000 están con prisión preventiva: “Cuando vos declarás inexcarcelable un delito a través de la reforma del Código Penal, lo que estás diciendo es que aquellas personas que la Policía detiene, no la Justicia, tienen que pasar por todo el proceso encarceladas”. Segundo, la transformación de las detenciones por averiguaciones, respecto de lo cual resaltó que estas prácticas son una herramienta de control poblacional y no de trabajo en pro de la convivencia.
Para cerrar la mesa, se hizo referencia a la pregunta disparadora inicial: ¿se soluciona la violencia con más violencia? Acerca de esto, Patricia Roland destacó la figura de la cercanía, de un rol conciliador y educador para la convivencia sin recurrir a la autoridad violenta. Jorge Melguizo, por su parte, reflexionó sobre el monopolio de la violencia sobre el Estado y los presupuestos de los ministerios: “Cuatro días del presupuesto y la defensa en Colombia hoy son el presupuesto de todo el año en deporte. Otro dato, ocho años de los últimos dos gobiernos de defensa equivalen a 2.100 años del presupuesto del Misterio de Cultura”. Tomasini afirmó que hay alternativas para construir seguridad democrática y que la desigualdad es un factor a combatir para llegar a ella. Martin Appiolaza no quiso dejar pasar el tema de la cesión de violencia estatal a grupos no estatales mediante pactos y los desafíos éticos que plantea, y radicó la cuestión en la negación de esta herramienta. Marcelo Saín cerró la mesa, y quedó resonando una frase: “la convivencia es un proceso conflictivo”.
Valentina Machado
