Conversamos Karina Nuñez y Lorena Pereira sobre la situación del trabajo sexual en nuestro país y sobre O.Tra.S —Organización de Trabajadoras Sexuales—, de la cual ambas formaron parte.
Hoy en día hay alrededor de 12.000 personas en el Registro Nacional de Trabajo Sexual. La amplia mayoría son mujeres. Su trabajo está regulado por la Ley 17.515 y su único decreto reglamentario, el 480-003. Estas normativas establecen que la regulación del trabajo sexual recae sobre los Ministerios de Salud Pública y del Interior.
La ley reconoce como trabajadoras sexuales a aquellas personas ‘mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie.’ Establece además que se autorizará el ejercicio del trabajo sexual únicamente a aquellas personas que ‘estén inscriptas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día.’ Según la reglamentación, el trabajo sexual queda restringido a las zonas especialmente definidas para ello (habilitadas por la Intendencia de cada departamento) y los prostíbulos, whiskerías, bares de camareras o similares que tengan la habilitación correspondiente.
Karina Núñez y Lorena Pereira explican que este marco normativo no contempla nuevas formas del trabajo sexual (como la comercialización de la sexo-erotización a través de medios digitales), además no se cumple cabalmente en el territorio, e incluso no se adecúa a las normativas internacionales sobre derechos. Específicamente señalan que vulnera el derecho al trabajo y a la no discriminación por el ejercicio de la profesión que se elige.
Sobre estos y otros temas estuvimos conversando unos días antes de enterarnos de la disolución de O.Tra.S. como colectivo.
Texto: Colectivos
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