Una lucha (des)comunal ~ PEDAL

Vecinos de Canelones lograron que se aplique multa a productor rural por sus fumigaciones.

Desde el 2009 los vecinos de Paso Picón, zona rural ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Canelones, denuncian a Máximo Castilla, médico y productor rural, por los daños generados al fumigar sus plantaciones de soja y trigo. En un primer momento se quejaron de las fumigaciones aéreas, pero luego en 2013 se pasó a fumigar con “el mosquito”, una forma terrestre de rociar agrotóxicos, y empeoró la situación de contaminación en el pueblo.

Según informa La Diaria, esta semana Castilla fue multado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con 60 Unidades Reajustables (54.300 pesos) por la “existencia de daño por deriva en predio de denunciantes”. Es la primera vez que es sancionado por este ministerio, sin embargo ya había sido multado por el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2014 por la misma razón.

Según Marcelo Aguilar, periodista del semanario Brecha que hizo un seguimiento del caso desde las primeras denuncias, aquella primera multa “tuvo un peso simbólico muy importante, porque se estaba manejando el tema en el tribunal de ética médica”, y lo que hizo esa denuncia fue “constatar que el médico (Castilla) estaba afectando a los vecinos”.

“La multa del MGAP no es más que una constatación de la omisión, manipulación y el dejar para adelante que tuvo el ministerio durante todo el proceso, señaló el periodista, y agregó que el MGAP “tuvo una postura muy cambiante, en un principio negaba la contaminación por el glifosato, luego tras el trabajo periodístico y la denuncia de los vecinos, se rompió la dinámica de negación y empezaron a asumirlo pero sin detenerlo”.

Esta denuncia en particular es muy importante porque “marca un antecedente”, afirmó el periodista, debido a que la protesta vecinal logró “la articulación de diferentes organismos del Estado como el MGAP, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Intendencia de Canelones (IC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos”.

Para Aguilar es “una articulación que empieza a mostrar sus éxitos, pero a pesar de la unión todavía hay que pensar cómo se va a atacar los problemas, porque las multas tienen un nivel mucho más simbólico que paliativo”, según el investigador “hay que discutir si en departamentos como Canelones se puede plantar soja transgénica, pensar, planificar cómo se va a consultar a las poblaciones, y repensar el modelo de desarrollo que se ha elegido”.

“Más allá de la violencia que implica de por sí el agronegocio, hay una violencia directa”, denunció Aguilar. Según el periodista, Castilla “es una persona que ha amenazado a todos, desde la Intendenta en funciones hasta los propios vecinos”. Esto implica que los vecinos de la zona no solo se ven expuesto “al asesinato paulatino a través del veneno”, sino también “a la violencia directa del productor, que abusa desde su lugar de poder”.

Aguilar también destacó que “la lucha contra los grandes productores, y las empresas multinacionales, se está dando, cada vez más, a nivel micro, regional”, y puso como ejemplo el caso de Malvinas Argentinas en Córdoba, donde “Monsanto, que es la principal productora de semillas transgénicas del mundo, tiene parada su planta (la más grande del mercado) gracias a la movilización de los vecinos”.