Los vecinos de Paso Picón exigen vivir sin agrotóxicos
Adriana Pascual vive desde el año 2011 en Paso Picón, una zona rural ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Canelones, habitada por poco más de 400 personas. Ella, junto con un grupo de vecinos, se ha encargado de denunciar sistemáticamente al doctor Máximo Castilla, quien fumiga sus cultivos de soja con glifosato, una sustancia muy peligrosa que intoxica todo lo que toca.
Entre los arroyos Canelón Grande y el Canelón Chico Castilla tiene 500 hectáreas plantadas de soja. Esa área donde se juntan los dos arroyos es “margat”, poco más adelante está Aguas Corrientes, donde OSE toma el agua para potabilizar y suministrar a todo Montevideo y la zona metropolitana, por lo que sus fumigaciones afectan directamente a más de la mitad del país.
La historia de Pascual comienza en el 2011, cuando se muda al lado de los campos de Castilla. Empieza a notar que algo estaba mal con sus suelos: tres limoneros se murieron, los perros se congestionaban y morían, su propia hija pasó por una serie de enfermedades como otitis, conjuntivitis, gastritis además de unas fuertes crisis respiratorias.
Al hablar con los vecinos, se enteró que en el 2009 Castilla ya había sido denunciado por uno de ellos: Hugo Fontan. En esa oportunidad la multa fue por fumigar desde una avioneta, y gracias a eso se prohibió la fumigación área en el departamento de Canelones. Luego Castilla empieza a rociar sus plantaciones con glifosato por la vía terrestre, a través del “mosquito” (una máquina similar a un tractor)
Esta situación fue denunciada por Pascual en el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP), por lo que 48 horas después, el inspector Douglas Maldini, fue a recorrer la zona sin poder comprobar los hechos, porque la fumigación había sido hace más de un mes. Lo único que hizo fue informarle a Pascual que “las fumigaciones terrestre deben estar 300 metros de una escuela, de una zona urbana, suburbana, y centropoblado, como ustedes viven en una zona rural no están amparados en la normativa”.
El grupo de Paso Picón decidió hacer la denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el argumento de que “todos somos iguales ante la ley”, por lo que los derechos de un citadino son los mismos que los habitantes de la zona rural. El INDDHH toma la denuncia y exige explicaciones a los ministros del MGAP, de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Ninguno supo dar una respuesta a la preocupación de los vecinos; el Instituto concluyó que “el Estado uruguayo fue negligente y omiso en la protección de los derechos humanos”. Una sentencia que es vinculante en lo moral pero no legalmente.
Se necesitan pruebas
El MSP pidió evidencia de las denuncias, para eso sugirió hacerle a la hija de Pascual una batería de estudios toxicológicos, antes de la fumigación y 48 horas después. Además la vecina de Paso Picón sacó fotos del mosquito mientras fumigaba, sin darse cuenta que se exponía directamente al glifosato.
A raíz de esto Pascual terminó internada en un centro hospitalario de Montevideo (porque el sistema de salud de Canelones “no le daba confianza por la influencia del doctor Castilla”). En la capital achacaron su malestar “a una laringitis y a una crisis nerviosa”; Pascual se mantuvo firme y llamó al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), quienes comprobaron su grado de intoxicación por glifosato.
Federico López Romanelli, funcionario de la Intendencia de Canelones, también terminó internado por intoxicación. López decidió ir a corroborar los hechos denunciados por los vecinos de Paso Picón en persona, por lo que se expuso directamente al tóxico. Como consecuencia fue hospitalizado en un centro departamental, que nunca llamó al CIAT, y fue tratado por una “gastritis”, sin embargo la denuncia por intoxicación consta en el Banco de Seguros del Estado.
Después de 48 horas de la fumigación los resultados de los estudios realizados a la hija de Pascual también presentaron unos datos muy preocupantes. Con esas tres denuncias, en el 2014, el MSP multó por primera vez a Castilla con el pago de 1000 Unidades Reajustables (UR), deuda que hasta ahora no fue saldada.
El foco en Paso Picón
A partir de esa sanción la situación de Picón se hizo más conocida. Algunos medios se acercaron a la zona, incluso se filmó un documental. Pascual cuenta que hicieron “algunas entrevistas, y el Dr. Castilla me hizo denuncia por Calumnias e Injurias. La causa fue archivada porque se demostró que lo que había dicho en esa entrevista era la realidad misma”.
Otra de los problemas que enfrentó Pascual fue “la apretada de una de la hijas de Castilla, que me dijo que podía mandarme a la cárcel o sacarme dinero, yo le expliqué que tenía educación suficiente para saber que lo que hacía no era un delito”.
En el 2014 los vecinos lograron hacer una reunión con todos los involucrados, menos Castilla. A la Escuela Rural de Paso Picón acudieron: productores de la zona, representantes del MSP, de la Intendencia de Canelones, del MGAP, del INDDHH, además de periodistas de Brecha y La Diaria.
En esa oportunidad se determinó cómo proceder con la situación. La Intendencia decidió tomar el liderazgo y habilitó el número 099 389 486 para denunciar vía SMS cuando se hiciera una fumigación, y el Cuerpo Inspectivo del municipio pudiera acudir en el momento a corroborar los hechos, y no 48 horas después como hacían los inspectores del MGAP.
Gracias a este nuevo protocolo en un solo día los funcionarios de la comuna canaria corroboraron seis denuncias diferentes de los vecinos. Con esa evidencia el MGAP administró a Castilla una multa de 60 Unidades Reajustables (54.300 pesos).
Para Pascual “hay muy buenas esperanzas, esta primera multa vale mucho más, porque nos da aliento y difusión, nos da una pequeña batalla ganada en Ganadería. Por eso es tan importante llamar al número”.
Texto: Leticia Castro
Fotos: Adrián Mariotti
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