[vc_row][vc_column][vc_column_text]De los más de 10 mil presos que existen en nuestro país, un 70% no tienen condena. No rige la presunción de inocencia, lo que implica que primero van presos y después se los juzga. Así lo explicó la Dra. Mirtha Guianze, directora de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), en la apertura de la jornada de sensibilización “Prisión Preventiva y Medidas no privativas de libertad”.
La población carcelaria por habitante en Uruguay es de las más altas de América Latina, disputando el primer lugar con Chile. La experiencia internacional ya demostró que la cárcel no reduce los índices de criminalidad, y que además se convierte en un modelo que reproduce la violencia y genera daños en la convivencia social.
En las diferentes mesas participaron varios actores vinculados al tema; fiscales, integrantes de organizaciones referentes y reclusos que dieron su testimonio. El evento se realizó en el marco de la inauguración de la nueva sede del Inddhh y en formato de transmisión colaborativa de radios comunitarias. Organizada por La Cotorra FM, Radio Cotidiano Mujer, Contonía FM, UniRadio, Compañery Radio, Mecanismo Nacional de Prevención (MNP-Inddhh) y Radio Pedal.
Guianze se mostró muy conforme con la inauguración en un lugar tan simbólico, donde funcionó el Servicio de Información y Defensa con muchas personas recluídas en la dictadura. “Anhelo que esta casa que fue de horror se llene de luz y gente que viene a ayudar”, expresó.
¿Qué implica la prisión preventiva?
“Es una pena anticipada y como tal viola la constitución porque debe haber un juicio previo”, precisó el fiscal Ricardo Perciballe. Hay una discordancia entre las leyes de la prisión preventiva y la democracia, que va contra todos los acuerdos internacionales.
Para Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal y Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la cultura del encierro está muy arraigada y la prisión preventiva debería ser “la excepción y no la regla”, como funciona hoy.
La presidenta de la Asociación de Defensores, Adriana Berezán, opinó que es una medida estrictamente cautelar “para que la persona que yo creo que cometió un delito no se fugue, no rompa evidencias, etc”. Pero “el sistema penitenciario no da nada”, afirmó y arremetió contra los legisladores, quienes en su opinión “están apuntando a que la cárcel sea la primera instancia”.
En esta idea se conjugaron también los puntos de vista de Reyes y Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Este último calificó al accionar de los legisladores como un “verdadero desastre” y acusó que “legislan para la tribuna”. Planteó que hay que pensar menos en los votos y más en una política sana.
Reyes, por su parte expresó que siempre están “en la mira de los legisladores” y comentó que hay delitos de rapiña que son penados hasta con 4 años de cárcel, lo que considera un exceso.
Para Luis Parodi, educador social y director de la Unidad N° 6 de la cárcel de Punta de Rieles, la prisión preventiva debe establecer sus bases en lo pedagógico, asegurando que es posible generar espacios preventivos sin encierro.
¿Cuáles son los costos sociales?
En la medida en que las cárceles no logran rehabilitar, generan reincidencia. Los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación indican que esto ocurre en un 60%. Así, Reyes entiende que “el argumento para las personas que no ven más allá es que a más presos, más delincuencia. Es egoísta pero es el más efectivo”.
El costo es altísimo, señaló Reyes, porque además de que las cárceles generan una mayor reproducción de la violencia, una de las problemáticas actuales es que la gente no advierte puntos intermedios entre esta medida y la impunidad. “Pasó con el caso de las Coca Colas en el Estadio Centenario”, donde siete hinchas de Peñarol fueron procesados con prisión por tomar los refrescos que habían sido robados, citó como ejemplo ilustrativo de la presión que reciben los jueces a la hora de imputar una condena.
En Uruguay no hay cadena perpetua, y cuando un recluso es dejado en libertad no se le da ni la plata para el ómnibus, relató Berezán, “la gran pregunta es ‘¿cómo quiero que salga esa persona cuando le abran el portón?’”.
Parodi fue tajante y reiterado en cuanto al concepto de hacerse cargo y dejar de pasarle el problema a otros. Consideró que hay un “lío ideológico” y que se está perdiendo una calidad democrática enorme. “Una sociedad que no resuelve sus conflictos corre el riesgo de que se los resuelva otro, y ya probamos y vimos qué pasó cuando los resolvió otro”, condenó.
La última mesa tuvo como eje central las medidas no privativas de libertad y el sistema de responsabilidad penal juvenil. Son medidas que fortalecen la integración y la permanencia en los primeros ámbitos de socialización – como la familia y la comunidad- . A su vez, favorecen un proceso de responsabilización y reparación a las víctimas.
Texto: Sofía Umbre
Foto: Mauricio Kuhne
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