Gracias a varias observaciones de la sociedad civil y de instituciones de derechos humanos, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental decidió posponer, el 6 de junio, la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Salud Mental (aprobada por el Senado en octubre de 2016) alegando, entre otros motivos, que “no fueron contemplados los aspectos fundamentales que hacen a la urgente necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que signifique un verdadero cambio de paradigma en el modelo de atención centrado en los derechos humanos de las personas”, según comunicado a la opinión pública de la comisión, del 19 de mayo.