Gracias a varias observaciones de la sociedad civil y de instituciones de derechos humanos, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental decidió posponer, el 6 de junio, la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Salud Mental (aprobada por el Senado en octubre de 2016) alegando, entre otros motivos, que “no fueron contemplados los aspectos fundamentales que hacen a la urgente necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que signifique un verdadero cambio de paradigma en el modelo de atención centrado en los derechos humanos de las personas”, según comunicado a la opinión pública de la comisión, del 19 de mayo.

Entre las observaciones se encuentra una carta del representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.

En el ciclo Chalecos Rotos, de la radio comunitaria Viladervoz, el sábado 24 de junio estuvo Graciela Dede, asesora de Naciones Unidas Uruguay, para conversar sobre el debate en torno a la Ley de Salud Mental y la carta de Incalcaterra.

No hay dudas de que la ley actual debe ser modificada y que se debe hacer sobre la base de consensos. “Esta no debe ser una ley para personas afectadas por problemas de salud mental, es una ley para toda la población […] Se calcula que una de cada cuatro personas puede tener algún tipo de afectación mental, de forma temporal o permanente, y la ley debe ofrecer garantía a todos”, afirmó la asesora de Naciones Unidas.

La Organización de las Naciones Unidas establece algunas recomendaciones al respecto que versan sobre cuatro puntos principales, que resume Dede.

En primer, Dede consideró la importancia de “entender que la persona no tiene un déficit, que no le falta algo para llegar a lo normal, [sino que tiene] sus propias capacidades y características; tiene que poder desarrollarse de la manera más autónoma posible con el proyecto de vida que decida. La sociedad y las normas deben aportar y ayudar a que eso se realice mediante políticas de salud y sociales”.

Como segundo punto, planteó la necesidad de una mirada interdisciplinar: “Además de la visión del médico, [es necesario] poder incorporar otras miradas, otros conocimientos y, también, la opinión del paciente”.

El tercer punto, más técnico, parte del hecho de que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que debe existir un órgano de seguimiento, monitoreo y recepción de denuncias con similar independencia que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, y, de no ser así (actualmente, en el proyecto de ley, dicho órgano depende del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Salud Pública), no se estaría cumpliendo con los tratados establecidos. Necesariamente, la fiscalización, control y recepción de denuncias deben funcionar de manera autónoma.

El último punto versa sobre la pretensión de llevar a cabo acciones involuntarias, como la internación. Al respecto, deben darse garantías para que estos no constituyan actos arbitrarios; los procedimientos deben estar sí o sí en clave de derechos humanos.

Graciela Dede subrayó: “La Organización de las Naciones Unidas no puede decir ‘la ley tiene que ser así’, porque los tratados no hacen eso, los tratados son principios que debe tener cualquier tipo de medida. La ley es un piso sobre el cual nos movemos, pero la ley es normativa, hay un paso que es fundamental, el paso de las acciones; lo sustantivo: cómo se aplica la ley, cómo se vive la ley […] Debe haber un trabajo de capacitación y sensibilización para entender por qué esa ley, o norma, fue votada, por qué es lo mejor”. La ley es solo un punto de partida, muy importante, pero no es lo único.

“Lo que hay que cambiar es el paradigma para valorar los derechos humanos. Esa es la lucha por los derechos humanos: generar conciencia de cuáles son y cómo se protegen”, subrayó Dede.

Texto: Valentina Machado

Imagen: Mai Rodríguez