La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el lunes 16 de agosto la denuncia de varias organizaciones sociales uruguayas sobre las lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general por los acuerdos firmados entre el gobierno y la multinacional UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país.
Las personas afectadas apelaron al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento para objetar el contrato firmado, y han recurrido a las vías administrativa y judicial para impugnar los actos irregulares sin obtener respuesta. Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados.
Lo que solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que que efectúe o promueva la realización de una auditoría externa e independiente con el fin de evaluar el Contrato ROU-UPM y sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos, así como lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay en relación al proyecto de la empresa multinacional UPM y el respeto de los derechos involucrados.
Para conocer y profundizar un poco más sobre esta denuncia, pasó por La Persiana Roberto Bonello, integrante de la comisión de vecinas y vecinos No al tren de UPM Capurro. “Este tren va a tener muchas cuadras, llevando carga pesada y productos peligrosos. Desde el gobierno no existió un estudio de la gravedad que esto podría significar en caso de un accidente”. Agregó que “hay una parte en la zona en Capurro donde se están haciendo unas trincheras que quedan pegadas a dos o tres metros de las casas, los vecinos no son considerados y esto va a significar un deterioro constante en sus viviendas”.
Consultado sobre el papel del Poder Ejecutivo dijo que “su error es haber manejado esta situación descuidadamente. Es una situación donde prevalece el negocio por encima de todo. Los vecinos vamos a pagar las consecuencias de la contaminación y posibles accidentes”.
