“La gente reconoce que no sabe qué es el transgénico, no lo calibra, ni dimensiona, ni se hace la pregunta ¿por qué el transgénico? Es verdad que no está demostrado científicamente hasta dónde el transgénico hace daño y pone en riesgo la salud, pero también es verdad que están probando en los cuerpos de las personas”, señaló Álvaro Jaume, integrante de la Comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en la defensa del agua.
La prueba con transgénicos es un riesgo que está dispuesto a correr el gran capital que “quiere cultivar una semilla sin riesgo a perder, sin pasar por los avatares propios de la tierra”, explicó Jaume. El trasngénico pretende ahorrar tiempo y garantizar rendimientos, es una industria de grandes inversiones que abarca muchas personas. Jaume da un ejemplo de la situación al decir que la herramienta con la que fumigan (los mosquitos) sale 240 mil dólares.
Precisamente, uno de los problemas más grandes que tiene el agronegocio es la forma de fumigación. Según Jaume: “Toda la producción orgánica se está contaminando, el mosquito fumiga a 30 metros a la redonda. Se prohibió la fumigación en el área urbana pero se sigue contaminando”, y agregó: “Se estima que en Canelones hay alrededor de 50 mil hectáreas plantadas de soja transgénica, es decir, más de 50 mil hectáreas que se fumigan y contaminan el resto de las tierras. Eso es un disparate de terreno”.
Según el agricultor la multa de la Intendencia de Canelones al terrateniente Máximo Castilla “fue un mojón importante”. Aseguró que: “Hubo dos mojones importantes en esta lucha de la soja: se perdió cuchilla ocho pero se ganó Paso Picón” (ver enlace). La otra victoria fue Laguna del Cisne, donde se plantaba soja hasta el borde de la laguna que provee agua a toda la Costa de Oro. Allí se establecieron medidas cautelares, se fijaron áreas naturales y áreas productivas con límites para la fumigación.
Para la comisión que integra Jaume eso no es suficiente. Aclaró: “Esas multas significan que, si se violan, hay que pagar. Nosotros reivindicamos otras cosas. Eso está bien, sirve, ayuda a que la gente perciba. Nosotros buscamos que, en virtud de la ley 18.308, el intendente y la junta resuelvan prohibir plantar soja transgénica en el territorio canario. Ahí te deslindás de las medidas cautelares”.
Texto: Leticia Castro
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