El agua no abunda en Mendoza y la minería extractivista se dispone a contaminarla mientras los reclamos copan las calles.
La jornada avanza hacia el mediodía, no así los coches. El corte de ruta es total y es probable que esté generando un problema regional. La ruta une Chile y Argentina, pero el problema importante es uno que cansa los hombros y desvela el sueño de las y los que cortan el camino: el acceso al agua.
El corte sobre “la ruta del Mercosur” en Uspallata, ciudad cercana al Cerro de los Siete Colores, no es el único en la provincia argentina pero sí es de los más contundentes por la urgencia de tener que convivir con el problema día a día. El desierto abraza Mendoza desde que el mundo es, y el agua falta y faltará. La vida humana del lugar se fue ubicando en los escasos valles a fuerza de trabajar lo fértil en un marco dramático. El mayor drama, sin embargo, llega cuando el extractivismo baja del avión con sobres tóxicos y la comunidad desamparada muere por tomar agua de pozo.
Las vallas en la Legislatura de Mendoza son dobles. El fin de año está cerca y los senadores y diputados buscan concretar la reforma de la ley 7722, la que cuida el uso del agua. La celeridad legislativa aparece para dar luz verde al mal. Habilitar la destrucción implica, por ejemplo, el uso de cianuro. No solo los pobladores próximos a caudales adolecen, sino que la comunidad científica del lugar sale al cruce: “En Mendoza, el agua no sobra, por el contrario, es y será escasa”. El comunicado firmado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, nucleado en Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), pone el acento en el futuro al proponer desfragmentar lo que concebimos como desarrollo socio-económico, acceso a agua y conservación del ambiente.
Work work work
Alberto Fernández busca poner a Argentina de pie. ¿A qué costo? La oferta del modelo extractivista, una manera de trabajo que subyuga al continente, descansa en aportar en la baja del desempleo. No hay que ser un verdulero sabio para ver que la balanza está lejos del equilibrio cuando el daño generado es inconmensurable en todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra. Por otro lado, y desde lo netamente económico, el valor agregado de la minería para el territorio es nulo. Las cartas sobre la mesa no cuentan un relato claro, faltan partes. Al contemplar que en la nación de la grieta, macristas y cristinistas se unen para habilitar la contaminación, la realidad parece comandada por el maestro del terror, George A. Romero.
La ley 7722 es del 2007 y busca regular las sustancias químicas al prohibir, principalmente, cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el día a día de la tarea extractivista. El famoso y silencioso lobby minero busca la derogación de la ley con la implementación de una nueva, la 9209, una reglamentación más flexible a la votada doce años atrás. Sin embargo, las contundentes consecuencias de la intoxicación del agua reactivaron la marcha popular mendocina, una tarea colectiva que riega de duda al sistema político.
Es viernes de diciembre y los senadores y diputados mendocinos están en camino de reglamentar la nueva normativa. Para esa hora no solo las vallas cercan la legislatura, grandes perros buscan asegurar un perímetro cada vez más poblado. Al momento de mayor afluencia de personas, el gobernador Rodolfo Suárez ordenó la represión. Balas de goma y gases. El pueblo no negocia los recursos naturales y el Estado siempre dice lo mismo. Para las instituciones todo es enemigo, todo es terrorismo. Balas de goma y gases en una movilización por agua para beber. Tras la represión, el pedido de disculpa y pasemos a otro tema. La prensa pintada, el periodismo televisivo siempre en deuda con la ética.
Territorio en disputa
El choque generado por la población y por el poder político llevó a este último a barajar y dar de nuevo. “Voy a suspender la reglamentación de la ley”, dijo el gobernador, marcando una intención de negar la exigencia minera. La reacción a Suárez fue inmediata, el jerarca debe ser más contundente: “Suspender no es derogar, hay que pedir el veto”. Los tuits y stories fueron el pulso de muchas personas comprometidas con el bien común que no solo hablan por pantallas.
Diez días duró la ley 9209. La protección ambiental en manos de las personas pudo más que la megaminería. La represión estatal y la soberbia política fueron escollos que transitó la ley 7722 para ser el marco en Mendoza nuevamente. Pasó el tiempo, tras las votaciones políticas y la coerción callejera, llegaron las denuncias en Mendoza: policías armados y vestidos de civil se mezclaron entre las personas que se movilizaron el mes pasado. En ese momento la TV mostró poca cosa, pero el hecho es alarmante: un territorio que cuenta con un récord lastimoso de sequía, diez años sin nieve acumulada, y con habitantes reprimidos tétricamente por pedir agua inocua.
“El mundo termina siendo un territorio alarmante e insólito, un lugar donde el 95% de sus mamíferos son ganado o personas*.
(*) “La distribución de la biomasa en la Tierra”. https://www.pnas.org/content/115/25/6506
Texto: Sebastian Penni
Foto: Jóvenes por el clima
