Calidad democrática y medios

El viernes 6 de abril se llevó a cabo una charla organizada por el colectivo +Igualdad, en la Casa del Vecino, sobre calidad democrática y medios.

El viernes 6 de abril se llevó a cabo una charla organizada por el colectivo +Igualdad, en la Casa del Vecino, sobre calidad democrática y medios. El panel estuvo conformado por Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y uno de los creadores de la Ley de servicios de comunicación audiovisual; Victoria Alfaro, presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y Gabriel Mazzarovich, periodista y director de El Popular.

Durante el debate se procuró encontrar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Qué impacto tiene la concentración de medios en la calidad de la democracia? ¿Qué busca regular y garantizar la ley de medios? ¿Cuál es su grado de aplicación?

Una ley controvertida

Gómez dio inicio a la charla con la pregunta acerca de si el debate sobre la regulación de los medios sigue siendo relevante. Cabe cuestionarse esto porque ahora “todo” es internet, mientras que la ley se refiere a los medios audiovisuales tradicionales. La transición a TV digital, por ejemplo, quedó en segundo plano. Sin embargo responde, la regulación de los medios sigue siendo relevante.

Para empezar, los medios tradicionales siguen ocupando un lugar preponderante en la comunicación. “Se habla de crisis de los medios, pero nadie devuelve un medio de comunicación: lo achican, lo vacían de producción de contenido; tendrán menos personal, pero nadie lo devuelve”, afirma Gómez.

Volviendo a la relación entre internet y los medios tradicionales, de acuerdo al director de Observacom, los internautas uruguayos se informan a partir de los portales de los medios tradicionales nacionales, como El Observador y El País, o las páginas de los canales privados, lo que acentúa la relevancia de la concentración de medios.

Gómez se refirió además a las políticas propias de los gobiernos de izquierda de Uruguay y de la región. “En el programa del FA [Frente Amplio] del 2004 casi no había mención a los medios, por miedo. Cinco años después, hubo un poco más. En general los progresistas en la región han evitado el tema. El PT [Partido de los Trabajadores] en Brasil, por ejemplo, llegó a juntar firmas para que el gobierno que era del PT hiciera algo”, afirma, y vuelve a Uruguay y agrega: “En este período de gobierno queda poco tiempo para avanzar, porque en el último año de ejercicio el miedo se acentúa”.

Por este motivo la mal llamada “ley de medios” ya que se refiere solo a los audiovisuales arrancó bien al principio del período de Mujica, y sin embargo se terminó aprobando en diciembre de 2014. Y además se ha fallado en aplicarla. Más allá de las dificultades para su puesta en práctica, de acuerdo a Gómez esta “es una ley internacionalmente reconocida como avanzada, modelo de referencia en otras partes. Es no expropiatoria, republicana; una ley que buscó abrir el espectro para que hubiera nuevos operadores y procedimientos para acceder a un medio”. Es una ley con ideas como la de disponer de 15 minutos por día de campañas de bien público de manera gratuita.

Un aspecto contemplado en la ley es el otorgamiento de frecuencias. Los gobiernos de los partidos tradicionales lo han hecho, por decreto presidencial, siempre al final de sus mandatos. Al respecto, Mazzarovich aporta que en la historia hubo “cuatro oleadas” de otorgamiento de frecuencias: la dictadura de Terra, la dictadura del 73, el segundo período de Sanguinetti y el gobierno de Lacalle.

Sanguinetti, por ejemplo, otorgó al final de su segundo período, nada menos que 33 frecuencias de radio a personas vinculadas a su partido político, o a sociedades anónimas que, según observadores políticos y vinculados a los medios de comunicación, encubrían también vinculaciones políticas. El FA en 13 años de gobierno prácticamente no ha concedido ondas, y ahora, en el último año de gobierno, está prohibido hacerlo.

A continuación, Gómez se refirió a la resistencia que generó la ley. “Hubo 30 recursos de inconstitucionalidad presentados por los grandes medios y ninguno tuvo lugar. Se han observado algunos incisos de unos pocos artículos, pero nada en lo sustancial. Es una ley constitucional y legítima, validada por los tres poderes”.

De todos modos, últimamente hubo avances. Desde fines de 2017 se empezó a discutir el reglamento de ley y actualmente se debate en el Parlamento la conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual, entidad responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de la ley.

Luego, Gómez destacó una de las disposiciones que no se están cumpliendo: “No se está cobrando lo que la ley dice que hay que cobrar: tendríamos 2.200.000 dólares anuales. En tres años son siete millones de dólares de fondos para la producción audiovisual”.

A modo de conclusión, el director del Observacom sostuvo: “Cuando termine este período de gobierno, habrán pasado 15 años sin que haya cambiado la estructura de medios del país”.

Los trabajadores de los medios

Después de Gómez, tuvo la palabra Victoria Alfaro, quien describió la situación de los trabajadores: multiempleo cada vez más frecuente, precarización del trabajo, dos laudos diferentes para Montevideo y el interior, y trabajadores con contratos temporales. La presidenta de APU opinó que la crisis de la prensa se ha agudizado con el ingreso de las plataformas digitales y que los medios de izquierda son los que más sufren.

Luego habló de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), el otro órgano que la ley creó, que se encuentra en funciones, y que actúa en forma independiente en la postergada reglamentación de la ley. La CHASCA está conformada por un representante del Ministerio de Industria, uno del Ministerio de Educación Cultura, uno de la Universidad de la República y otro, rotativo, por las universidades privadas que tengan carrera de comunicación. También por dos delegados de cada una de los siguientes grupos: empresas comerciales del ramo, servicios comunitarios, trabajadores e industria de producción audiovisual. También la conforman tres representantes de organizaciones sociales relacionadas con la defensa de la libertad de expresión, uno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y, finalmente, un miembro no legislador designado por la Asamblea General. El sindicato que Alfaro preside, la integra.

Alfaro criticó la cobertura de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) de dudosos antecedentes democráticos, según mencionó, ya que fue muy evidente el apoyo expreso que dio a los autoconvocados, un ejemplo de vulnerabilidad democrática dado por la concentración de medios.

Para redondear, consideró: “Todavía falta formalizar, todavía hay desconocimiento acerca de los medios, todavía se minimiza su influencia. Si bien en Uruguay no hay medios tan groseros como los que hay en Brasil, hay que protegerse. Para enfrentarse e investigar a los grandes medios se necesita dinero. La agenda sigue siendo marcada por ellos. La TV sigue siendo la presencia mediática más fuerte en los hogares”.

El león, si te asustás, te morfa

El último orador fue Gabriel Mazzarovich, quien contó, a modo de introducción, que lleva 136 charlas sobre la ley de medios y que prácticamente todas fueron organizadas por las bases, no por partidos de la coalición gobernante. Esto sirve como ejemplo de que el tema no es importante para los actores políticos.

A propósito del momento de elaboración de la elaboración de la ley y del posterior rechazo que generó, Mazzarovich pensó: “Podríamos haber ido un poco más lejos con el lío que igual nos compramos. La reacción fue brutal. Y el león, si te asustás, te morfa”. En su opinión, no es un tema de argumentos sino de fuerza. De allí, la comparación de las cinco familias dueñas de la mayoría de los canales privados, con un león. La ley es buena porque da oportunidades de cambiar. “Por eso las demoras planteadas por Gómez son oportunidades perdidas”, insiste.

“El decreto 14.670 del 23 de junio de 1977, de la dictadura, fue derogado por esta ley. Ya por eso valió la pena”, continúa. Es una ley que impide acomodos. Según Mazzarovich, los gobiernos del FA son los únicos en la historia del Uruguay que no han clausurado medios. “El FA no presiona a los medios. Sanguinetti y Lacalle llamaban todos los días a presionar. La ley limitó el poder de los medios, pero no ocupó ese lugar y cuando no lo ocupás, te lo vuelven a tomar. Ellos construyen poder, forman parte del poder y reproducen poder”.

“Esta ley ataca limitando, pero hay que generar prácticas que superen eso, acá no hay disputa por la hegemonía en el sentido gramsciano. La izquierda está peor, en términos de discurso acerca de los medios, que en los 60. En aquel entonces estaba mejor planteado el tema del problema del poder. Hoy, el tamaño y el nivel de organización no alcanza para avanzar en la lucha en este tema”, concluye.

La neutralidad de los medios públicos

Culminada la exposición de los disertantes se abrió un espacio para preguntas, entre las cuales se destacó el cuestionamiento a la política de TNU, bajo el entendido de que el noticiero central es muy parecido al de los canales privados en cuanto a contenidos y fuentes.

Al respecto, Mazzarovich contestó que los gobiernos del FA han levantado muchísimo los medios públicos, y coincidió con quien planteó la pregunta en que la línea editorial ha sido demasiado neutral. Por ejemplo, contó que los gremios no pudieron pasar un aviso pago en Canal 5 porque “la dirección del canal no quiso que pareciera que el canal tomaba partido. Lo pasaron por VTV, que ahí, si pagás, pasás cualquier cosa”. Gómez discrepó y mantuvo que la neutralidad es esencial. Alfaro acotó que la idea es un modelo similar al de la BBC.

La democracia afónica

La distribución de medios en pocas manos reduce la diversidad de voces, tan necesaria y saludable en un país democrático. La ley de servicios de comunicación audiovisual establece limitaciones a esa estructura: ninguna persona o grupo económico puede poseer más de tres medios y no más de dos medios en una misma frecuencia. La demora en aplicarla es una demostración del poder y la resistencia que los grupos económicos ejercen, y del miedo a enfrentarlos.

Lo resume bien Gómez al concluir el debate: “Del ‘te odio’ pasamos al ‘te necesito’. A no querer abrir un flanco más. El FA ha demostrado que se puede ganar gobiernos en un país con un sistema concentrado de medios. Para ganar gobiernos no es necesario cambiar esa estructura. Para cambiar la sociedad, sí es necesario cambiarla”.

Texto: Javier Martínez

Foto: Fanny Rudnitzky

La ley puede leerse en un lenguaje accesible en el programa La Ley en tu lenguaje, del IMPO.

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