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Una cuidadosa mirada al interior: la cuestión rural en el desarrollo

Una cuidadosa mirada al interior: la cuestión rural en el desarrollo

El viernes 24 de marzo a las 19.00, y hasta las 22.00, se llevó a cabo una mesa redonda sobre la situación rural del Uruguay y el desarrollo, teniendo en cuenta tanto los antecedentes históricos, sociales y económicos, como los problemas actuales, para pensar el futuro.

La charla, organizada por el Colectivo + Igualdad, se denominó “La cuestión rural en el desarrollo: historia, coyuntura, perspectivas”. Estaba previsto que se realizara tres semanas antes, pero la delicada situación de enfrentamiento de los movimientos rurales con el gobierno llevó a que fuera difícil sentar a los distintos actores en torno a una mesa.

La actividad se desarrolló en el local de la diaria y tuvo como expositores a un heterogéneo plantel: por los actores sociales del medio rural Mario Buzzalino y Cristina Revetria, presidente y vice, respectivamente, de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), y María Flores por el Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines (SUTTA). Por el partido de gobierno, el ingeniero agrónomo forestal Andrés Berterreche y por la academia el ingeniero agrónomo y doctor en Sociología, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, y el historiador económico, profesor titular del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales y especialista en desarrollo Luis Bértola. La mesa contó con la moderación de Juan Pablo Labat, miembro del colectivo + Igualdad.

En el territorio de la Comisión Nacional de Fomento Rural

El presidente de la CNFR y productor rural, Mario Buzzalino, dio inicio a la charla con la presentación de la descripción y orígenes de la institución que preside. Se trata de una comisión fundada el 15 de agosto de 1915, en Minas, a instancias de las Sociedades de Fomento Rural (SSFR) y ante la necesidad de mejorar la calidad de vida del medio rural. La comisión trabajó desde entonces en el desarrollo de la agremiación, el cooperativismo, la colonización, las agroindustrias, los planes de producción y la renovada acción de fomento rural de las últimas décadas. En 1974, se definió por ley el régimen legal de funcionamiento de las SSFR, y su autocontrol pasó a la CNFR, que las fiscaliza a partir de apoyo, asesoramiento y capacitación para la gestión. Hoy en día nuclea a 98 entidades de primer grado: SSFR, Cooperativas Agrarias y otras formas organizativas de base, que agrupan a unos 15.000 productores familiares, pequeños y medianos, de diversos sectores agropecuarios de todo el Uruguay. La CNFR es la principal organización que los representa.

Su objetivo principal es el desarrollo social y económico del medio rural, a través de la “solidaridad, igualdad de posibilidades, justicia distributiva, participación plena y dignificación del hombre y la mujer que trabajan en nuestro campo”, según se lee en su página web. La manera de hacer es mediante la acción gremial y la promocional. Según el presidente, esta comisión tiene una concepción de desarrollo no productivista, es decir que, además del desarrollo productivo es necesario poner el desarrollo de la vida social y cultural de las personas en el foco de atención. Desde su perspectiva, es importante aclarar que el campo es una opción de vida, no un castigo. Asimismo, entiende que hay que rebatir dos ideas citadinas: que el trabajo de la tierra es tarea de brutos o ignorantes o bien de los que están llenos de plata. Aclaró que es importante tener una visión que no plantee las cosas como una lucha campo versus ciudad. Destacó la importancia de fomentar la agricultura familiar, promover la unión permanente de los productores y de los trabajadores rurales y sus familias, a partir de políticas públicas que promuevan el desarrollo.

Por su parte, la vicepresidenta de la CNFR, Cristina Revetria, focalizó en el rol de las mujeres en esta institución. Sostuvo que el tema de género, junto con el del trabajo en el territorio, fueron aspectos de gran relevancia en la comisión, principalmente desde 2013. Para conocer la situación de la mujer en este medio, desde la CNFR comenzaron a organizar el Encuentro Nacional de Mujeres Referentes del Sistema de Fomento Rural, relacionado con la integración y pertenencia de las mujeres en las diferentes SSFR del país. Esta iniciativa buscó generar actividades que aborden y atiendan la temática género, especialmente aquellas enfocadas a la mujer y su entorno. Surge a partir de la necesidad de visibilizar la inequidad en la participación de las mujeres en las organizaciones de base de CNFR y en la propia organización nacional. Esto es considerado una debilidad a la hora de pensar los procesos de desarrollo rural, según sostienen desde la CNFR.

Revetria contó que en 2015 se dio el primer desafío en esta materia. Se trató de tres días de talleres en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía de Salto, en los que se analizó el rol de la mujer en la agricultura familiar y en las organizaciones de productores familiares. También se intercambiaron experiencias de desarrollo rural llevadas adelante por colectivos de mujeres rurales del Sistema de Fomento Rural y se estudió el proceso de trabajo de la CNFR en torno al tema género. Esta iniciativa estuvo dirigida a entre 50 a 60 referentes mujeres de organizaciones de base de la CNFR ubicadas en diferentes puntos del país. Desde la CNFR se entiende por “mujeres referentes” a aquellas que integran las comisiones directivas de las entidades de base, y también a aquellas que, si bien no ocupan cargos en los órganos formales de las organizaciones son socias y trabajan en pro del desarrollo de estas organizaciones y son promotoras de acciones, especialmente las vinculadas a la temática de género y desarrollo rural.

Un segundo encuentro fue en 2016, en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, que se estima que reunió 44 organizaciones. Esta vez, la presencia de las mujeres convocadas fue superior a la de 2015. Según aclara Revetria, se estima la presencia de unas 180 mujeres que compartieron tres jornadas de trabajo e intercambio a propósito de avanzar en la línea política de fortalecer y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales para alcanzar equidad de género. A esto se suma una nueva actividad cuya idea surge en 2016 en la Secretaría Nacional de Deporte (SND): los Campamentos de mujeres rurales, una actividad autogestionada que se materializó en Parque del Plata, Canelones, en 2017 con el apoyo de cuatro instituciones y organismos del Estado: ASSE-Red atención primaria de salud Canelones, Instituto Nacional de Colonización, Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la SND. Una nueva edición se dio en febrero del corriente a instancias del grupo de San José Juntas por Más, y totalmente autogestionado por mujeres rurales. Según la vicepresidenta de la CNFR, estas instancias son una oportunidad de formación, de conformarse como una familia y de tener charlas entre las mujeres del territorio rural. Además, aclaró que en la actualidad son 17 las mujeres referentes en la comisión, y se reúnen una vez por mes para dar continuidad a la manera de incluir la temática de género y territorio en clave de desarrollo.

Desde otros territorios: el SUTTA

Por su parte, la representante del SUTTA María Flores destacó algunas características de las condiciones de trabajo en los tambos y sobre los trabajadores, en su mayoría, asalariados rurales que trabajan a sueldo y que no tienen campo propio. Flores hizo referencia a la Ley No 18.441 (2008), de la que destacó la jornada de trabajo de 8 horas y los cuatro días libres al mes. Asimismo, enfatizó que en el tambo el trabajador se levanta a las 2 de la mañana para ordeñar. El artículo 7º de la ley refiere exclusivamente a Tambos, y explicita: “En el caso del personal afectado al horario de ordeño en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas”. Asimismo, Flores se refirió a la significativa lucha de tambos de Florida de 1958. Finalmente, contó que los delegados departamentales del SUTTA se juntan una vez cada tres meses.

De la mano de la historia

El ingeniero agrónomo forestal y político del Frente Amplio, ex titular del Instituto Nacional de Colonización, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y miembro de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay Andrés Berterreche propuso un recorrido histórico de la gestión pública sobre políticas agropecuarias, y también puso sobre la mesa el tema del movimiento de los autoconvocados Un Solo Uruguay. Según consideró, este movimiento permitió discutir lo que hay hoy en día, y también preguntarse “cómo funciona a nuestras espaldas el mundo rural”. Así es que se refirió a algunas cuestiones sobre la realidad agropecuaria de Uruguay, estableció la distinción entre mundo rural y mundo agropecuario, y sostuvo que es importante saber cómo funcionan. Según el experto, más o menos 10% del territorio de Uruguay está constituido por monte: arbustos, árboles y palmares, mientras que 90% del territorio lo componen praderas naturales y pastizales. La realidad agropecuaria de Uruguay siempre se sostuvo en la relevancia de la tierra en clave ganadera, realidad que persiste hasta el día de hoy.

El ingeniero agrónomo se remontó a 1815 para referirse al reglamento de tierras artiguista, denominado entonces “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados”. En este reglamento es posible identificar dos tipos de disposiciones: las que establecen una distribución de tierras y el fomento de la producción y las dedicadas al restablecimiento del orden interno. El recorrido histórico de Berterreche nos condujo hacia el primer punto, es decir, a los títulos de propiedad de las tierras. En la época artiguista se contemplaba que “los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero”.

Sin embargo, el salto propuesto por Berterreche nos llevó al dato de que en la primera década del siglo XX los títulos de propiedad del Estado constituían 25% del territorio nacional, mientras que el restante 75% estaba en manos de privados. Ninguno de los títulos de este 75% de tierras privadas provenía de la revolución artiguista, sino que fueron títulos por las fuerzas portuguesas de la Cisplatina y de los procesos de apropiación de tierras que siguieron a las diferentes guerras civiles, hasta la de 1904. Cabe entonces preguntarse cómo fueron estos procesos de apropiación de tierras. Berterreche pone el foco en los logros alcanzados por la fuerza de gobierno del Frente Amplio (FA), que tomaba el poder de un Uruguay que venía de una fuerte crisis financiera y un agudo endeudamiento del campo. Focalizó en la propuesta de un modelo de desarrollo agropecuario a partir de nuevos recursos y tecnologías. El FA se propuso, según enumeró, privilegiar la agricultura familiar, propiciar una forma de vivir en el campo, pero pudiendo vivir del campo bajo una visión de desarrollo particular: promovió que los trabajadores rurales tuvieran estatus de ciudadanos, es decir que se planteó el reconocimiento y valoración del mundo rural desde otra perspectiva. Además, hizo referencia también a la mencionada ley de 2008, que reduce la jornada laboral de unas 14 o 16 a 8 horas.

También sostuvo que los reclamos de los productores recaen principalmente en los costos del Estado, pero se olvidan de los altos costos que genera la apropiación de rentas del sector privado. Desde 2005 se ha producido una muy fuerte expansión capitalista de muchos sectores, como el cultivo de granos, especialmente la soja, la lechería, que presentó una altísima productividad, y el sector forestal. Este desarrollo capitalista afectó y desplazó al sector familiar. Esto supuso una etapa complicada en términos de cómo distribuíamos los excedentes. No obstante, la distribución de los ingresos a los asalariados ha mejorado mucho. A su vez, aclaró que la caída del nivel de actividad de algunos sectores no supone una crisis del agro. Actualmente, no hay crisis. Lo que sí hay es un gran nivel de oportunismo por parte de actores que quieren sacar ventajas económicas y políticas en esta coyuntura.

Berterreche entiende que la discusión actual radica en pensar el modelo de desarrollo que se quiere seguir. Es decir, cabe preguntarse si es deseable apuntar a las inversiones extranjeras directas, y a un aumento infinito de la producción, y si este tipo de modelo es sostenible en el tiempo, o cabe pensar en todos los factores de producción.

Además, agregó otros datos que generaron un impacto significativo: las políticas del Instituto Nacional de Colonización; el crecimiento del número de colonos; la distribución de las tierras a partir de políticas públicas claras; el trabajo conjunto con sindicatos rurales y la cantidad de hectáreas otorgadas a los colonos. “La tierra ya no es propiedad privada sino social. La tierra no se vuelve a vender a los colonos, pasa a ser un bien de toda la ciudadanía y de todos los uruguayos”, aclaró. Así, la realidad actual es que, de las 500.000 hectáreas del INC, solo 3% está en manos privadas, sostuvo. Una realidad bien distinta a la que reflejaba aquel 75%.

Otras perspectivas: desde el territorio de la Academia

Desde otra perspectiva, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Piñeiro, se propuso “aterrizar la charla para llevarla a los acontecimientos que ocurrieron a principios de este año”: el movimiento Un Solo Uruguay. Según sostuvo, este tipo de movimientos que se gestan en los gremios agropecuarios no es nuevo. En 1999 el movimiento de sectores rurales que levantaba la consigna “Rentabilidad o muerte” invadió Montevideo generando un gran impacto, demandando, entre otras medidas, la devaluación de la moneda. La crisis económica desembocó luego en una gran devaluación en 2002 (lo mismo había sucedido en Argentina y Brasil con sus respectivas devaluaciones). Un segundo aspecto que señaló Piñeiro fue la heterogeneidad de los grupos sociales rurales y la diversidad entre los autoconvocados. Allí hay grandes propietarios, junto a agricultores familiares y junto a asalariados. Esto trae consigo “la dificultad de pensar que se logre unicidad de convocatoria y de reclamos”, entendió.

La hipótesis que manejó Piñeiro fue que “si logran la unicidad, la razón no se debe a los reclamos del campo, sino a una cuestión política, antifrentista, que actúa como cemento para ligar distintos sectores sociales”. Invitó a reflexionar en qué se manifiesta este “antifrentismo”. Según él, en algo que no se puede comprobar, pero que sí se puede pensar: el rechazo a las políticas de derechos humanos, que se “corporiza en el salario rural y la ley de 8 horas”. Pero también en un segundo aspecto, en que la situación actual del campo es muy distinta a la de años atrás, ya que los precios, por ejemplo, de la leche y los granos, especialmente la soja, han bajado. Explicó que esto implica que se necesita más producción para pagar la tierra, pero “el productor rural no tiene espalda para aguantar lo que está pasando”, mientras que, por el contrario, “los sujetos sociales propietarios de tierras y arrendatarios ganan a través de la ganancia de la empresa y del arrendamiento”. El resultado de esta ecuación da a pensar: no todos están en igualdad de condiciones ni atraviesan las mismas dificultades.

Por ejemplo, entre los propietarios arrendadores, Piñeiro aseguró que hay muchos pequeños y medianos productores que arriendan porque el tamaño de su tierra no es suficiente como para tener rentabilidad, “y entonces la dan a otros para que sumen pedazos de distintos productores chicos y hacer un gran establecimiento”. Otros casos son los de productores cuyos hijos no quieren continuar con el trabajo de la tierra y la arriendan para poder sobrevivir. Y es precisamente esta heterogeneidad la que tienen que tener en cuenta las políticas: hay que ver con cuidado al interior de estos movimientos, alertó Piñeiro.

Pero las palabras del decano tuvieron fuerte impacto en relación con otro aspecto. Piñeiro hizo foco en un tema del que dijo no haber escuchado que se hablara en las reivindicaciones recientes: el que denominó renta tecnológica. Para ilustrar este punto, señaló la paradoja de que mientras el número de trabajadores no creció entre 1996 y 2011 (30.000) la producción se cuadruplicó, lo que refleja un gran aumento de la productividad, debido al cambio tecnológico, a la adopción de paquetes biotecnológicos: semillas transgénicas y el uso de un determinado tipo de agroquímicos. El 80% de los paquetes biotecnológicos son controlados por cinco empresas a nivel mundial: Bayer-Monsanto, Syngenta, Novartis, BASF y DuPont. Estas empresas están protegidas por patentes e impiden que los productores hagan uso de estas semillas de forma libre.

En el caso de la soja, por ejemplo, los productores tienen que comprar las semillas a empresas derivadas de estos grandes elefantes y además firmar un contrato mediante el cual se comprometen a no usar las semillas que producen. Además, en el período de los cinco años posteriores a la compra de la semilla, si la quieren usar, deberán pagar las regalías, dijo Piñeiro. ¿Por qué se trata de una renta? Porque el precio se fija a partir del estimativo del valor que va a tener el producto, la soja, por ejemplo, al año siguiente, explicó. Es decir que el precio no se fija a partir del costo de producción. El productor queda atado, de esta manera, a gigantes transnacionales. Y es de este tipo de renta, dice el decano, no se habla. La empresa encargada de defender estas patentes es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y en Uruguay tiene una sede, UruPOV.

Esta realidad conlleva un problema, afirma Piñeiro: los productores agropecuarios son un eslabón de una cadena de producción agropecuaria en que los monopolios definen los precios al que le van a vender la semilla al productor, apropiándose de antemano de las rentas que generará la venta del producto. Según Piñeiro, no es mediante el control de la renta de la tierra que se puede acceder a estas ganancias, sino mediante el control de los precios de los insumos.

Berterreche, sin negar la validez del planteo de Piñeiro, sostuvo que eso aplica solamente a unas pocas cadenas productivas, pero que la cadena dominante en Uruguay sigue siendo la ganadería y que en este caso es importante capturar las rentas. El control de las rentas de la tierra y la renta tecnológica debe ser un control del Estado, finalizó Piñeiro.

Otros desarrollos

El historiador económico Bértola puso el tema agrario en un contexto más general. Propuso atender la coyuntura especial del campo a partir de una trenza constituida por: las características estructurales de la economía uruguaya; la existencia de dos grandes visiones de país, que van transformándose, pero tienden a reaparecer, y la economía política de los ciclos económicos. Consideró que la realidad nos lleva a hablar inevitablemente de ciclos.

Respecto del primer punto, Bértola sostuvo que desde una perspectiva histórica el Uruguay crece relativamente poco, “no somos horribles, pero estamos bastante peor que los países desarrollados. En términos relativos de potencial histórico, estamos peor”. Considera que esto depende de los importantes ciclos económicos que seguimos teniendo. La última década de rápido crecimiento fue precedida de una crisis, la de 2002, similar a crisis anteriores: 1873, 1913, 1929, 1955, 1981. Ahora venimos de vivir un cimbronazo bastante fuerte, con caídas de precios internacionales, lo que indudablemente ambienta estos movimientos en el campo, afirmó. Consideró, además, que cuando estamos en ciclos ascendentes creemos que así seguirá, pero estos ciclos dependen en buena medida de los movimientos de precios de los productos primarios, que son muy fluctuantes. Cuando los precios suben mucho, las rentas que se generan son mucho mayores que el aumento de la productividad y del crecimiento de nuestras capacidades productivas.

Acerca de las dos visiones de país, Bértola consideró que se trata de una manera de simplificar la complejidad sobre las diferencias sociales. Hay una mirada del mundo, que denomina fisiocrática, que supone que el único sector que genera riqueza auténtica es el agro y que el resto se limita a consumir esa riqueza. Esto va de la mano de considerar que el productor es quien produce, y es rural. Esta ha sido una manera de ver al Uruguay por muchos actores de nuestra sociedad, pero que incluye muchos sectores sociales muy diferenciados. Por otro lado, otra mirada, otra visión de país, piensa en el desarrollo económico y social como un proceso de fuerte transformación de estructuras económicas y sociales y de diversificación de la producción y el consumo. Esta mirada supone, según el académico, un enorme proceso de cambio: industrialización, desarrollo de los servicios y la reducción del sector agrario, tanto en el producto como en el empleo.

El tercer aspecto de la trenza es cómo funciona la economía política, es decir, cómo se manifiestan los distintos intereses económicos y sociales, y cómo esas manifestaciones de interés aparecen en diferentes fases del ciclo económico y de acuerdo con las diferentes visiones de país. Bértola intenta simplificar con un esquema que puede resumirse de la siguiente manera:

Cuando en la fase de auge del ciclo predominan las visiones más liberales más dominadas por las visiones de los sectores que controlan los recursos naturales, el agotamiento del crecimiento y la irrupción de la crisis empuja a muchos sectores rurales menos favorecidos hacia modelos de cambio estructural, que le dan más posibilidades a la agricultura familiar, a las mejoras del consumo doméstico. Cuando en el auge las posiciones dominantes son las de tipo transformador, tiende a generarse una fuerte expansión del gasto público y políticas de distribución del ingreso. Cuando las rentas tienden a desparecer, resulta difícil mantener estas políticas y los sectores económicamente más poderosos las resisten. Algunos sectores agrarios pasan de percibir las políticas públicas como un estímulo a su expansión a percibirlas como un freno y un costo insostenible. Entonces, pueden tender a favorecer soluciones políticas más conservadoras, según Bértola.

En la coyuntura actual parece estar pasando algo de eso, similar a las reacciones de los movimientos ruralistas, de donde surge José Mujica, contra las políticas llamadas neobatllistas que generaron una fuerte industrialización, pero que también habían generado una gran expansión de la agricultura, de varios complejos agroindustriales (lechería, trigo, lino, arroz, azúcar, oleaginosos) y con un fuerte énfasis en la pequeña y mediana producción.

El académico entiende que el gobierno frenteamplista generó una política en la que se promovió más la distribución del ingreso que la transformación y la diversificación productiva. Y estas políticas distributivas generaron una expansión del gasto público, que no siempre se mostró muy eficiente. Entonces, y a modo de ejemplo, a pesar de haber realizado una profunda transformación del sector energético mediante la energía eólica, el aumento de la productividad no se ha traducido en una caída de las tarifas por la necesidad de contribuir a financiar el déficit fiscal. Esto ha dado argumento a quienes demandan mayor eficiencia del Estado. Las políticas del FA han promovido una gran expansión del sector primario-exportador, a la vez que intentaron proteger, mediante el gasto público, las políticas en favor de la producción familiar. Bértola considera que los sectores de la pequeña producción agraria harían muy mal en promover la reducción de las políticas públicas. Más aún en promover una devaluación que generará mucha mayor desigualdad. Cree, por el contrario, que el FA debe cuidar la calidad del gasto público.

En perspectiva

En síntesis, la mesa trató de colocar el conflicto que se vive actualmente en el campo en un enramado y complejo contexto histórico, pero también con vistas al futuro en clave de desarrollo. Muchas preguntas quedaron planteadas, pero una en especial: ¿cuál es la posición de la CNFR y del SUTTA respecto de la situación actual del conflicto y las reivindicaciones planteadas? Quizás era de esperar que ante la delicada situación que se vivió, y vive, entre los movimientos rurales y el gobierno estos actores plantearan una postura al respecto.

Texto: Cecilia Bértola

Foto: Sandro Pereyra

De izquierda a derecha: Mario Buzzalino, Andrés Berterreche, Cristina Revetria, María Flores, Luis Bértola y Diego Piñeiro.

29 marzo 2018

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