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Violencia sexual, el tesoro de los represores

Violencia sexual, el tesoro de los represores

Hace seis años, veintiocho mujeres denunciaron violencia sexual durante la dictadura; al día de hoy hay dos detenidos de los más de cien acusados por esta causa. Estos crímenes fueron declarados de lesa humanidad y organismos internacionales han visto con preocupación la falta de avance. Una de las denunciantes, Beatriz Benzano, y la historiadora Jimena Alonso hablaron sobre el tema en Trazos.

En lo que respecta a las dictaduras del Cono Sur, la chilena se caracterizó por una represiva de fusilamientos y los homicidios políticos en paredones o descampados; la de Argentina, por la desaparición forzada, con un total de 30.000 desaparecidos. En Uruguay, la dictadura se caracterizó por la prisión política, masiva y prolongada. Se calcula que 6.000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar entre junio de 1973 y febrero de 1985 y que varios miles más pasaron por centros clandestinos de detención: se supone, ya que se carece de registro, que se trata de aproximadamente 20.000 personas, contó a Trazos Alonso.

En Uruguay, hasta 2011, esta característica represiva no se hizo visible en la Justicia. Hasta ese momento existían la Comisión investigadora parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (creada en 1985), la Comisión para la paz (creada en 2000) y el Grupo de trabajo por verdad y justicia (creado en 2015); los tres centrados en la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo: “En ninguno de los tres el Estado se hizo cargo de la víctimas de la prisión política […] no hay que elegir entre una víctima y otra, sino hacerse cargo del asunto entero”, enfatizó la historiadora.

Uno de los hechos que levantó la alfombra y dejó ver las migas del horror fueron las denuncias de violencia sexual en dictadura presentadas en 2011 por veintiocho mujeres ex presas políticas. Según cuenta Benzano, estas denuncias causaron gran impacto, ya que nunca nadie había hablado de este tema.

Benzano estuvo presa cuatro años —fue detenida en democracia el 24 de julio de 1972— y exiliada siete años. Fue monja, trabajadora social y militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Conoció realidades tan injustas y dolorosas que decidió dejar los hábitos para poner el cuerpo. Asistía a un curso de Paulo Freire en Chile cuando conoció las callampas (“cantegriles” en Uruguay, “villas miseria” en Argentina y “favelas” en Brasil).

Viajó a dedo por Bolivia y Perú con algunos compañeros de estudio. “Conocí varios tipos de discriminación y explotación muy de cerca […] me quedó muy clara la causa y entonces me uní al MLN, que pretendía cambiar la realidad y pelear por justicia social”, afirmó Benzano. Luego de estar en prisión y en el exilio, volvió a Uruguay y se dedicó al trabajo social con niños y madres.

Muchos años más tarde, en 2010, después del silencio, del pacto y de la aún vigente Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a la que Beatriz opta por llamar “impunidad”, porque no le gustan los eufemismos, participó en el encuentro Mujeres en Paz, en Caracas, Venezuela. Esto motivó su impulso y coraje para hablar y denunciar en Uruguay la violencia sexual sufrida por las ex presas políticas en dictadura. “Nos habíamos comprometido a luchar contra la impunidad de nuestro país, y me pareció una forma muy concreta y real”.

De esta manera, ese mismo año, a su regreso a Uruguay, conforman un grupo con el objetivo de hablar sobre el tema: “Empezamos a reunirnos periódicamente, venían muchas compañeras a contar con lágrimas lo que les había pasado, muchas no volvían porque era demasiado fuerte”. Este grupo de mujeres contó con la compañía de una psicóloga y una asistente social, quienes “ayudaron a sacar para afuera eso que todavía dolía, que estaba vivo en el recuerdo”. “Yo creo que no se borra nunca”, consideró.

Benzano explica que la violencia sexual no está subsumida en los delitos de tortura, es un delito específico y cuenta que esto fue difícil de entender, aunque no tan difícil como hablar del tema, “oímos cosas que ni sospechábamos”. En 2011, el grupo de mujeres realizó denuncias contra policías, militares, enfermeros y médicos por sufrir violencia sexual durante el período dictadura.

Ya pasaron seis años de la denuncia, por la que fueron señalados más de cien militares, entre responsables directos y cómplices; son muchos “porque estuvimos en distintas épocas y lugares”. La Fiscalía los cita a declarar y no se presentan: “No van y no pasa nada, es como un juego; están jugando a la justicia, van los defensores, aducen inconstitucionalidad o prescripción y no pasa nada con ellos, siguen haciendo su vida campantes”, sostiene Benzano.

Benzano evidencia que los procesos judiciales son largos y tediosos: luego de declarar le dieron a leer el acta, y sostiene que era muy difícil de entender. Asimismo, describe: “Estábamos en un lugar sin silla para sentarnos, al lado, en el mismo lugar que los milicos que estaban por otras causas”. Aunque reconoce que esto ha cambiado, cree que hay mucho por hacer: “Hemos pedido audiencias y entrevistas con legisladores que estaban reformando el Código Penal para que se modernice material y humanamente la justicia, sin ningún éxito”. Ejemplo de ello es el hecho de que el ex capitán Asencio Lucero, uno de los militares denunciados, fue quien acusó a su superior, el comandante Litovsky, quien hoy está libre.

La jueza Julia Staricco, amparada en la sentencia Gelman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 estableció que las violaciones a los derechos humanos y los abusos sexuales sufridos por las veintiocho mujeres ex presas políticas son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. “Sin embargo, a Lucero no lo procesan por la violencia sexual ejercida contra mujeres, sino por tortura”.

El gobierno uruguayo ha suscrito y ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, organismo que recomendó y observó con preocupación en el sistema de Justicia uruguayo la ausencia de mecanismos específicos destinados a proporcionar una reparación para las mujeres que sufrieron violencia sexual.

La falta de voluntad política es para Benzano una de las causas del estancamiento de las denuncias: “No quieren declarar crímenes de lesa humanidad […] quieren que escapen a la Justicia”. Vale aclarar que hasta el momento son solo cuatro los militares procesados por delitos de lesa humanidad en Uruguay. “Estos crímenes siguen siendo silenciados, invisibilizados en todas partes, las mujeres siguen siendo trofeos de guerra en los conflictos”, afirmó Benzano.

Texto: Valentina Machado

Imágen: Recorte de ilustración de Jeny Bariette

31 julio 2017

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