Tradición vs. derechos de los animales. Ciudad vs. campo. Conservadurismo vs. progresismo. Esas podrían ser solo algunas de las categorías en las que, sin profundizar demasiado, podría ser dividida la polémica reavivada recientemente (a pesar de hacer ruido hace cierto tiempo), que pone el foco en la prohibición o no de las jineteadas. La muerte de dos caballos en la última Criolla del Prado encendió los reclamos y dividió las aguas.
Dependiendo del ámbito en el que se discuta el asunto, uno puede ser calificado de insensible ante el sufrimiento de otros seres vivos o de desconocedor absoluto de una práctica tan vieja y representativa de nuestra identidad campera como la taba o el Pericón. Lo cierto es que el tema no quedó solo en las protestas de los enemigos de las jineteadas y de inmediato se pusieron manos a la obra de un lado y del otro para recolectar firmas a favor y en contra de la realización de esta práctica.
Obligando a políticos de diferentes tiendas a dar su opinión, las jineteadas ya son una perla más en el rosario de temas sobre los que discutir y fijar posición en año electoral. De esta manera, a la resolución tomada desde la comuna capitalina de que sea la Junta Departamental la que tome la decisión sobre qué hacer con el evento, se le suman voces de autoridades frenteamplistas del interior del país, donde, según cada uno entiende, debe actuarse de tal o cual manera. Desde la oposición, la mayoría de ellas recurren a criticar la prohibición, y utilizan el tema para atacar al Frente Amplio y proponer iniciativas de corte electoralistas.
Independientemente de la postura que cada uno tome ante el asunto es pertinente preguntarse por qué un tema en apariencia tan ajeno a un importante porcentaje de los habitantes de Montevideo cobra tanta relevancia. La evidente consideración de temas que hace solo algunas décadas eran impensables como claves en la discusión es un elemento que nadie debería negar y que indudablemente explica, aunque de manera parcial, algunos de los cambios que viene teniendo la opinión pública a la hora de elegir qué temas pone en la palestra. Con la notoria mejora en las condiciones materiales de un importante número de la población uruguaya (obtenida gracias al diseño y aplicación de políticas públicas), la instalación de la agenda de derechos, no solo como faro orientador de uno de los caminos a seguir sino también como eje de las decisiones políticas, ha permitido que muchas personas cambien las prioridades de sus reclamos y comiencen a incluir reivindicaciones en una “nueva especie de agenda”.
Más allá de esta hipótesis, lo obvio es el aprovechamiento que representantes de algunos partidos hacen del debate, la cual solo se entiende, como ya se ha mencionado, por la popularidad que reviste el asunto. Nada curioso, si se tiene en cuenta que muchos de los que se embanderan con el tema son los mismos que predicen un día sí y otro también la debacle con la que sueñan para intentar llevar agua para su molino.
O, dicho en términos propios de la jerga, una estrategia más de embestida baguala en tiempos en los que el pingo corcovea violentamente.
Texto: Facundo Berterreche
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