[vc_row][vc_column][vc_column_text]Colombia recién sale de una de las movilizaciones obreras más grandes de su historia.
Acaba de finalizar en Colombia el Paro Nacional Agrario, una gran movilización que logró convocar a más de cien mil personas. Salieron a la calle a protestar realizando actividades, encuentros y charlas, además de las marchas y trancazos en las ciudades. El reclamo, convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se replicó en veintidós de los treinta y dos departamentos de la nación.
Los ciudadanos se movilizaron tras el incumplimiento de los acuerdos firmados luego del paro del 2013. En esa oportunidad los movimientos populares que salieron a la calle fueron duramente reprimidos, dejando un saldo de diecinueve fallecidos en manos de policías. Los convenios que se firmaron luego de una mesa de negociación no fueron cumplidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2015 se revisaron y el presidente se comprometió a impulsar los cambios; un año después la población decidió salir a protestar por la falta de respuesta.
Marcelo Aguilar, periodista especializado, cuenta desde el país cafetero cómo se desarrolla el conflicto; las demandas de la Cumbre tienen “siete ejes principales atravesados por un sin fin de factores que tienen que ver con una guerra interminable”. El primer de estos es el cumplimiento de todo lo acordado por parte del gobierno de Santos en los últimos cuatro años.
“Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial”, una reforma agraria integral es uno de los principales puntos que intenta negociar la Cumbre. “El gobierno liquidó el instituto que regulaba el proceso y no avanzó en las zonas de reserva campesinas (territorios que se ceden a los pobladores para que no se puedan entregar a las empresas multinacionales)”, detalló Aguilar.
Relacionado a esto la Cumbre propone mejorar la relación campo-ciudad, “eliminar las barreras entre el campo y la ciudad, proponen la vuelta de las poblaciones al campo”, puntualizó el periodista.
El sector minero energético también está en disputa. La Cumbre busca una nueva política, que tenga como punto principal eliminar la declaración de la minería como un bien público, ya que no lo entienden como un interés nacional.
La Cumbre le reclama al gobierno una “Economía propia frente al despojo”, según Aguilar se intenta “fortalecer alternativas de economía solidaria y popular frente al avance de las multinacionales, debido a que desde el ejecutivo se ha fortalecido el modelo de concentración de las tierras y el agronegocio”.
La paz y los derechos humanos es un punto muy importante que exige la Cumbre, no solo buscando el cese del fuego directo sino “la justicia social”, es decir “avanzar en transformaciones sociales que erradiquen la violencia”, explicó Aguilar. En otro punto, pero relacionado al anterior la Cumbre exige una nueva “ley de medios” que democratice la comunicación, dé participación a los pueblos y brinde el derecho de información para lograr la paz.
La lucha no ha sido fácil, y por más que se intentó mantener la paz “hubo puntos donde la represión policial se hizo notar”, cuenta Aguilar. “Me tocó estar en el medio de un ´tropel´, un ataque de las fuerzas públicas, a través del ESMAD, escuadrón móvil antidisturbios, una fuerza desproporcionada comparada con la fuerza de los indígenas que atacaban, ellos solo tenían palos y piedras. Fue un atentado contra los derechos básicos, un choque que llegó a durar cinco horas”.
Según Aguilar, “se ha tratado de asociar estos movimientos (populares) con grupos guerrilleros, con el fin de desprestigiarlos, intentando desviar el foco de la atención que son estas demandas básicas de las comunidades organizadas”, y agregó que “es inocente creer que no tienen ningún vínculo, pero es falso decir que hay una relación entre los movimientos insurgentes y estas comunidades”.
El 13 de junio los protestantes y el gobierno de Santos llegaron a un acuerdo general. Según los voceros de la Cumbre el pueblo salió de las negociaciones fortalecidos organizativa y políticamente porque, según explica Aguilar, “ se logró un reconocimiento y legitimidad de la protesta del pueblo”. De todas formas, “la incertidumbre continúa porque el ejecutivo ha mostrado de sobra una falta de voluntad y capacidad de diálogo, además de un ataque material directo a las comunidades, sumado al modelo liberal que ha abrazado para Colombia”, puntualizó el periodista.
A pesar de que las comunidades se retiran de los puntos de cortes, Aguilar señaló que “se encuentran en asamblea permanente, quedan esperando y participando de la construcción de estos acuerdos pero organizados como garantes de que se avance sobre ellos”.
Texto: Leticia Castro
Fotos: Marcelo Aguilar
