En la escuela nos enseñaron acerca de los derechos humanos. Pero se olvidaron de explicarnos que en la vida hay intereses que desbordan estos derechos. Que no todxs tenemos la misma suerte, ni las mismas oportunidades, y que estos derechos no son para todxs los humanxs, como dicen los tratados.
También nos enseñaron que, históricamente, gracias a las industrias, las personas se han trasladado del campo a la ciudad. Y así las ciudades se han convertido en los centros de la vida moderna y social. Pero no nos dijeron que esas ciudades no pueden ser habitadas por todxs. Al menos no en las mismas condiciones. Depende de cuánto podamos pagar y qué cosas podamos comprar.
Aquí entonces se mezclan ambos aprendizajes, hasta ahora aislados, desconectados: derecho y ciudad, transformándose en un solo concepto, el derecho a la ciudad. Ahora debemos reaprender, y sí, mezclar todo con política. En realidad, la mezcla ya viene preparada, es el ojo crítico el que la desmenuza.
¿Qué es el derecho a la ciudad sino la circulación de diversas personas que en ella conviven, que se apropian de lo que le es propio, que transitan sus espacios, que la conforman y le dan vida? El derecho a la ciudad, sin embargo, no tiene una garantía de derecho básico, si así fuera, ¿cuál sería? ¿la calle?
La ciudad no es estática, sino precisamente la conjunción de diferentes dinámicas: relaciones sociales, económicas (tanto de solidaridad como de exclusión). Porque en ella conviven miradas de una economía de mercantilización junto con miradas de una economía popular.
Está claro que quien roba comida no debe ir presx. La ley lo ampara por tratarse de una necesidad básica. Una cuestión de supervivencia. Y al fin y al cabo, no deja de ser un problema colectivo. Porque como decimos en quemar la casa, los problemas sociales son propios, no de otrxs. ¿Qué sucede, entonces, con quienes ocupan viviendas ¿No es la situación habitacional de las personas una cuestión urgente y básica? Este es, definitivamente, un problema que nos compete a todxs quienes habitamos y conformamos las ciudades.
Es por esto que en Buenos Aires hace unos años se formó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una organización independiente, que se define como una comunidad de profesionales y estudiantes de distintas disciplinas: geógrafos, abogados, ingenieros, arquitectos, entre otras, que asesora y acompaña a las diferentes asambleas de vecinos y vecinas en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, en lo relacionado a conflictos urbanos.
En esta entrega de Envalentonadas conversamos con Jonatan Baldiviezo, abogado en derechos humanos, ambientales y urbanos, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En esta entrevista, Jonatan nos explica por qué surge la necesidad de crear este observatorio, cómo trabaja, qué temáticas trata, además de que reflexiona acerca de los conflictos urbanos, la especulación y la perspectiva individual y neoliberal de estas problemáticas. ¿Qué caminos son los posibles para modificar esta realidad que afecta tanto a Argentina, como por supuesto a Uruguay y a toda América Latina?
Texto: Envalentonadas
Imagen: Museo de los desplazados
