Desde inicios de junio hay movilizaciones masivas en la provincia de Jujuy, Argentina. Las protestas comenzaron por parte de trabajadores de la salud y la educación exigiendo mejoras salariales, pero la aprobación de la reforma constitucional provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales, a espaldas del pueblo jujeño, puso a toda la provincia en alerta y en las calles. A las movilizaciones se sumaron las más de 400 comunidades indígenas que habitan la zona del altiplano.
El procedimiento de propuesta y aprobación de la reforma constitucional tuvo faltas gravísimas. No respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos sectores sociales; tampoco se compartieron los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta (prohíbe los cortes de calles, rutas y toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas). El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conocieron ya con el proceso de votación de la reforma cerrado.
Además, la modificación del derecho a propiedad, que incorpora “mecanismos y vías rápidas” de desalojo considerando una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, impacta directamente sobre las comunidades indígenas que viven en una zona de explotación minera.
Organizaciones sociales y comunidades originarias aseguran que esta nueva constitución está orientada a garantizar la explotación del litio por parte de las corporaciones trasnacionales y sus socios locales, a través de represión, judicialización y desalojos.
La reforma fue aprobada en la madrugada del viernes 16 de junio y jurada el martes 20 a puertas cerradas, afuera una brutal represión policial intentaba disuadir las manifestaciones, el resultado son cientos de heridos y detenidos en procedimientos ilegales. Diversas organizaciones han exigido el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos.
Conversamos con María Guadalupe Tolaba del Pueblo Coya, habitante de Tilcara y artesana textil, sobre los últimos acontecimientos del conflicto. Los cortes de rutas y las movilizaciones continúan, aún no tienen ninguna respuesta de parte del gobierno provincial ni nacional. También señaló que a los reclamos de les educadores se sumaron la de los pueblos indígenas por los títulos comunitarios de las tierras: “vivimos ancestralmente en este lugar (…) es nuestra vida”.
Otro punto importante es que con la nueva constitución queda legitimada la posibilidad de la fuerza represiva para desalojar los cortes de rutas, herramienta de lucha histórica de los pueblos y comunidades. María Guadalupe resaltó los intereses políticos en los que sucede la aprobación de una constitución que no fue trabajada ni debatida con la población jujeña, y también los intereses económicos de las empresas mineras que extraen litio y explotan otros recursos naturales: “la extracción del litio requiere millones de litros de agua, la minería no es una solución”.
En medio de las protestas y la violencia policial, el gobernador Morales lanzó su candidatura a la vicepresidencia de la nación junto a Larreta.
