Aproximadamente 2000 personas viven en los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel del barrio Santa Catalina. Los terrenos son reclamados por una empresa, pretendiendo un desalojo rápido, recurriendo al ámbito penal en el que se denunció a las familias ocupantes por delito de usurpación indebida y robo de energía eléctrica. La Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar ha seguido y asesorado a les vecines del asentamiento en pro de defender legalmente el derecho a la vivienda de dichas familias.
El abogado de las familias Juan Ceretta informa sobre los pronunciamientos internacionales, fallos históricos, procedimientos policiales indebidos y hasta el reciente congelamiento de las causas penales hacia les vecines.
Además Ceretta reflexionó que la vivienda, al ser un derecho humano que se incluye en económicos, sociales y culturales, cuesta más verlos por derecho por parte de la ciudadanía.
Con respecto al Proyecto de la Ley interpretativa sobre el artículo 45 de la Constitución de presentados cabildo abierto Juan Cerreta comentó que “el objetivo específico de este proyecto de ley es obstaculizar los reclamos judiciales. Esta es una vieja estrategia de aquellos que se oponen a que los ciudadanos ejerzan una ciudadanía participativa”.
Agregó que el Proyecto “intenta limitar que los ciudadanos le reclamen a sus gobernantes”.
Foto: Pedal
