La población carcelaria de Uruguay se ha triplicado en las dos últimas décadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento, violencia interna y diferentes vulneraciones de derechos para las personas que allí cumplen sus penas.
Conversamos con Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario, sobre su rol, la situación de las mujeres privadas de libertad, las muertes violentas en los centros de detención y la necesidad de declarar una “emergencia carcelaria”.
Según el informe presentado por el Comisionado Parlamentario en 2021 eran 14.500 las personas privadas de libertad en Uruguay, las tendencia en la última década muestra un aumento de personas privadas.
En mayo desde el comisionado se realizó una petición para que se declare la «emergencia carcelaria». Esta medida permitiría implementar una serie de acciones de carácter urgente, para atender problemas como el hacinamiento, la mejora de condiciones en las celdas, y la ejecución de programas de atención integral a la salud, entre otros. La petición no tuvo respuesta favorable de parte del gobierno.
En las últimas semanas se supo que la rendición de cuentas no prevé en el presupuesto del Ministerio del Interior inversiones sustantivas para atender las problemáticas del sistema penitenciario.
