Las aguas uruguayas están en un “estado crítico” de contaminación
En Uruguay hay cuatro zonas “muy complicadas” en cuanto a la contaminación del agua: la cuenca del río Santa Lucía, la Laguna del Cisne, la cuenca de la Laguna del Sauce, y una “zona gris” en el río Uruguay. “Estamos al borde de los estándares en lo que tiene que ver con la calidad del agua”, afirmó el antropólogo Carlos Santos.
“De la canilla para fuera no hay problema”, aclaró Santos. La zona que abastece OSE (no incluye al departamento de Maldonado) está asegurada por los estudios que realiza el propio ente, que cercioran las buenas condiciones del agua potable. Según Santos, cada vez se tiene que usar más carbono activado para potabilizar el agua, pero eso tiene un límite y se están acercando, algo que ha sido advertido desde hace años por los científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).
El tipo de contaminante de estas cuencas no son productos químicos agrotóxicos, sino aportes propios de los nutrientes del suelo, aunque también pueden ser agregados para aumentar la fertilidad. A través de la corriente los contaminantes llegan al agua y eso en los cursos quietos, como las lagunas, genera la floración de determinados tipos de algas tóxicas. Para Santos, “ese es el tipo de problema al que nos enfrentamos: un proceso de degradación crónica de los cursos de aguas”.
Hasta el momento, las medidas que se han tomado son del tipo prohibitivas; por ejemplo, el respeto de las zonas de exclusión que incluyen los montes cercanos al agua, que sirven para depurarla. Según Santos, lo que se necesita es “un trabajo de control y pensar en alternativas. Si no se toman medidas drásticas, el estado de la situación va a seguir siendo crítico”. El antropólogo afirmó, además, que “no alcanza con mejorar las condiciones de potabilización de agua si no intervenimos en la base de la contaminación”.
Regando la ley
El Poder Legislativo trabaja en un proyecto de ley aprobado por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León. En el texto de la Ley de Riego se presenta la posibilidad de generar “pequeños embalses o represas que tendrían sus propias usinas hidráulicas y, por lo tanto, energía eléctrica a nivel local”, explicó Santos.
Una de las observaciones que se le hacen a esta ley surge del sector de Limnología de la Facultad de Ciencias de la Udelar, que advirtió generaría una mayor pérdida de agua por evaporación, al provocar mayores lugares de estancamiento.
El proyecto de ley plantea desde su lógica “separar el derecho de uso del de propiedad del agua, generando un mercado de permisos de uso del agua”, explicó el antropólogo, y agregó que “el modelo de este sistema es la ley de la dictadura de [Augusto] Pinochet en Chile”.
Si el proyecto se aprobase, cualquier empresario privado, nacional o extranjero, podría comprar el derecho de uso de un curso de agua, por lo que si alguien quisiera usar esa agua tendría que comprarle el permiso o pagarle para que le permitiera su utilización. Particularmente se verían afectados los pequeños productores rurales, que utilizan los ríos o arroyos para el riego de sus plantaciones o la alimentación de su ganado y no pueden pagar los permisos.
Para Santos esto habilita el debate: “¿Se debe pagar por el uso del agua?”. El licenciado considera que “en el sistema capitalista en que vivimos estaría bueno que empresas como UPM le pagaran al Estado por los miles de millones de litros de agua que utilizan gratis. Esto es una forma de mercantilizar la naturaleza, pero también es una forma de obtener algo a cambio por los recursos que son de todos”.
Quién es quién
La Ley Nacional de Aguas creó una Dirección Nacional de Aguas que “tiene una capacidad operativa a nivel nacional baja”, detalló Santos. Tiene a su cargo las comisiones de Cuenca previstas en esa ley, en las que participan los pobladores de la zona y el Poder Ejecutivo mediante los diferentes ministerios.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), dependencia del MVOTMA, tiene como responsabilidad el control de la calidad ambiental de los cursos de aguas. Por otra parte, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mediante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) controla los permisos de pesca en cada uno de los cursos de aguas.
A su vez se creó la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, dependiente de Presidencia, que reconoce una fragmentación en las políticas medioambientales de Uruguay y busca la unión y coordinación de los esfuerzos. El secretario es Carlos Colache, que fue ministro del MVOTMA en la primera presidencia de Tabaré Vazquéz y estuvo a cargo de OSE en los primeros años del mandato de José Mujica.
Los actores sociales también están fuertemente involucrados en el cuidado del agua. REDES-Amigos de la Tierra y la Comisión Nacional en Defensa del Agua han trabajado juntas desde 2004, cuando se posicionaron en el plebiscito y lograron incluir en la Constitución al agua como un derecho humano fundamental, estableciendo que la 
gestión de los recursos sea pública. “Por lo general se crea una comisión antes de la votación y luego se desintegra; en el caso del agua no, la comisión sigue y va monitoreando la situación”, comentó Santos.
También trabaja la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Recursos Naturales, una movilización que surgió como protesta ante el proyecto Aratirí, de minería a cielo abierto. Según el antropólogo, “está muy vinculada a la temática del agua y es de alcance nacional, pero incluye colectivos más locales que desarrollan diferentes planteos”.
Texto: Leticia Castro.
