Con el fin de responder a los problemas de vivienda que existen en nuestro país, en 2015 Eduardo Rubio, único diputado de la Unidad Popular, presentó un proyecto de ley que apuntó a la creación del Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública.
El proyecto está orientado a las familias con un ingreso mínimo de 77.000 pesos nominales, que “podrían acceder a viviendas construidas por la Agencia Nacional de Viviendas pagando una cuota mensual”, según declaró a El Observador.
La propuesta del diputado Rubio obtuvo la mayoría de votos en la Cámara de Diputados el 14 de marzo y generó controversias en la banca oficialista. Para Edgardo Rodríguez, integrante del MPP, es importante que a la hora de presentar un proyecto que maneje una cuestión tan delicada como la problemática de la vivienda tenga un efecto concreto y se comprometa a solucionarlo.
Sin embargo, para Rodríguez este proyecto de ley carece de cuestiones básicas, la más importante es la falta de recursos para financiarse. El diputado del MPP explicó que el proyecto no establece cómo van a solventarlo: “No se prevén los recursos económicos para poder financiar la construcción de la vivienda”, declaró Rodríguez, y afirmó que de esta manera no hay posibilidad de llevarlo a cabo.
En la misma línea, Alejandro Sánchez, diputado del MPP, declaró que este proyecto no garantiza la creación de las viviendas y que “sin plata cualquiera puede prometer cualquier cosa”. Y afirmó que las políticas de vivienda no han sido suficientes “ni Mandrake genera soluciones de vivienda sin recursos”, según El Observador.
Otro de los aspectos que están planteados en la ley no compartido desde el oficialismo es que el proyecto de ley apunta a que las viviendas sean construidas por el Estado mediante empresas privadas que serían llamadas a licitación.
“No lo compartimos porque es la forma más cara e ineficiente que tiene el Estado de hacer viviendas”, explicó Rodríguez, quien entiende que las viviendas autoconstruidas a través del sistema de cooperativas tienen un costo de 80.000 dólares aproximadamente, mientras que las fabricadas por las empresas privadas superan los 90.000. Rodríguez asegura que el Estado quedaría de rehén de las empresas privadas y perdería dinero, ya que al pagar más caras las viviendas se construirían muy pocas.
Si bien el gobierno ya se ha ocupado directamente de la problemática que concierne al tema de la vivienda en nuestro país, todavía queda mucho por hacer según el diputado Rodríguez. Aún hay muchas familias que no han accedido a una vivienda, lo cual va en contra del derecho básico de todos los ciudadanos. Sin embargo, para el diputado la cuestión central para vetar este proyecto es que no se le está diciendo la verdad a la gente y que “esto no soluciona nada porque si no hay fondos, no hay posibilidad de construcción”.
Texto: Lucía Di Iorio
Foto: Landmark Group
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