El martes 2 de agosto se discute el proyecto de ley de “Corresponsabilidad en la crianza” en la Cámara Alta del Parlamento; la coalición de gobierno busca media sanción para avanzar con el proyecto. La oposición ya adelantó que no la votará. Organizaciones sociales y de derechos humanos están en alerta y con gran preocupación porque el proyecto vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En setiembre de 2020 ingresaron dos proyectos de ley al Parlamento: uno denominado “Corresponsabilidad en la crianza”, presentado por Graciela Bianchi, Carmen Asaín y Sergio Abreu del Partido Nacional y el otro, “Tenencia compartida responsable”, presentado por Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. En marzo de 2021 se empiezan a discutir ambos proyectos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. En julio de 2022 se unifican ambos proyectos y se presenta la nueva versión denominada “Corresponsabilidad en la crianza”.
Como ya se ha mencionado en diversas publicaciones y entrevistas, la legislación actual habilita el trámite de tenencia compartida, la cual se encuentra regulada por los artículos 34 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se plantea que, en común acuerdo se establece cómo se ejercerá la tenencia y en caso de no haber acuerdo la dispone un juez. El régimen de visitas se encuentra regulado por los artículos del 38 hasta el 44, mediante el mismo procedimiento que el de la tenencia. Tanto para el proceso de tenencia como para el de visitas se prioriza el derecho del niño, niña y/o adolescente a ser escuchado/a. Por otro lado, en caso de que se realice una denuncia por violencia, maltrato, abuso sexual o explotación a uno/a de los/as progenitores, desde el juzgado se toman medidas a fin de restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, priorizando su interés superior.
Ahora bien, respecto al proyecto de ley de “Corresponsabilidad en la crianza”, prioriza la tenencia compartida como primera medida universal, desconociendo las singularidades de los vínculos entre padres, madres e hijos/as, así como la voz de estos últimos. Cabe agregar también, que respecto a la crianza, se da por sentado que solo la ejercen los padres y madres y esto es un error, tomando en cuenta que en muchísimos casos los cuidados son ejercidos por otras personas adultas.
Otro punto importante a destacar de este proyecto de ley es que, actualmente, como se plantea en el punto 6 del artículo 35, si se disponen medidas cautelares a uno de los/as progenitores a raíz de una denuncia por violencia, maltrato, abuso sexual o explotación (al amparo de la Ley 19.580) se habilitará un régimen provisorio de visitas, por lo que no se suspende ni el régimen de tenencia compartida ni su ejercicio hasta que desde el juzgado se dé sentencia de condena.
Cabe aclarar que la sentencia de condena no se resuelve de la noche a la mañana, conduce a una calesita de idas y venidas de expedientes, de informes de instituciones que trabajan con la familia, de pericias y audiencias. Lo grave del asunto, si se aprueba el proyecto de ley, es que mientras tanto, a pesar de las denuncias, el/la denunciado/a podrá seguir en contacto con los niños, niñas y adolescentes.
Respecto a lo antedicho existe muchísima evidencia en relación a las alteraciones en el desarrollo físico, psíquico, emocional y social de los niños, niñas y adolescentes que se ven expuestos a la violencia intrafamiliar. Y no solo me refiero a la violencia que es ejercida de forma directa, sino también a la exposición cotidiana de violencia entre adultos/as. En este sentido también está constatado que las alteraciones en el desarrollo son similares.
Desde un adultocentrismo déspota se cercena la palabra a las niñeces y adolescencias, colocando el derecho de criar de los/as progenitores por encima del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Pareciera que el lazo sanguíneo es motivo suficiente para silenciar a aquellos/as que pueden poner en palabra o en cuerpo lo que le hicieron mantener en secreto. El niño, niña y adolescente pasa de ser sujeto de derecho a objeto de sus progenitores, así como objeto de tutela y control de parte del Estado. En este sentido es importante mencionar que en este proyecto los niños, niñas y adolescentes son nominados en varios artículos como “menores”, término que se puede interpretar como peyorativo, en tanto posiciona a las niñeces y adolescencias en un lugar de inferioridad respecto a los/as adultos/as.
Se calla una vez más a estos que durante mucho tiempo fueron denominados infantes. Una palabra que remite a una doble falta: una que refiere a la etimología del término, que significa literalmente “aquellos que no tienen voz”. La otra falta nos retrotrae a la República Romana, en la cual los infantes no podían dar testimonio ante los tribunales, justificado por la inmadurez biológica (Walter Kohan). Muy similar al lugar en el que es colocada la niñez y adolescencia en este proyecto de ley: lugar de la falta, de la minoridad, de lo incompleto, de la incapacidad, como seres en devenir adulto. Quitándoles además la posibilidad de incidir de alguna manera en el proceso legislativo y a futuro, si esta ley se aprueba, en las decisiones que desde el juzgado se tomen respecto a cómo y con quién continúa su “infancia”.
Muchas organizaciones y colectivos se han pronunciado en contra de este proyecto de ley: El Comité de Derechos del Niño/a, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, CLADEM, La Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Anong, La Intersocial Feminista, Red pro cuidados, Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Si este proyecto se aprueba, el Estado será responsable por la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en tanto los expondrá a la violencia, el maltrato, el abuso sexual y la explotación.
Texto: Camila Pereyra Perera
Ilustración: Tom Moreno
