El lunes 14 de diciembre en el Teatro Galpón tuvo lugar la presentación del trigésimo segundo Informe Anual de Derechos Humanos en Uruguay que elabora el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). La actividad se pudo seguir por el canal de YouTube.
La mesa estaba integrada por Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Rodrigo Arim, Rector de la Universidad de la República y Natalia Uval, Doctora en Comunicación, periodista y editora.
Tamara Samudio, encargada de presentar el evento, inició haciendo referencia a la particularidad del 2020 por dos cuestiones principales: la llegada de un nuevo gobierno, que termina con 15 años de gobiernos progresistas, y la emergencia sanitaria. Señaló que “en estos tiempos de tanta incertidumbre encontrarnos, darnos el lugar, el momento y el espacio de poder debatir, dialogar, construir y pensar nuestro presente y nuestro futuro se vuelve realmente muy necesario”.
En primer lugar habló Elena Zaffaroni, mencionando la intención, tanto de SERPAJ como de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de subrayar lo que fue en este año lo más destacado de su tarea: la potente marcha virtual del 20 de mayo y el enorme impacto de las conferencias de prensa referidas a los tribunales de honor. Dos momentos que son, indica, de enorme relevancia para mirar los desafíos del presente y que recogen el perseverante trabajo por memoria, verdad y justicia de muchas organizaciones y personas durante todos estos años a lo largo y ancho de todo el país.
Afirmó que Familiares cumplió su papel, escuchando y habilitando, como símbolo de una causa justa que continúa siendo presente: “que nunca más vivamos una dictadura”. Con respecto al presente, dijo que “además de significar un paso mayor y más profundo a la demanda por encontrar a los desaparecidos, habla de potencialidad, de la enorme capacidad de participación creativa de nuestro pueblo cuando es llamado por una causa que lo involucre emocional y racionalmente y se lo invita a expresarse con libertad”.
Sobre el Informe de SERPAJ, que tiene dos artículos específicos sobre este tema, uno sobre el 20 de mayo y otro sobre los tribunales de honor, dijo que “hay un antes y un después [de estos dos eventos] ”. Días después de la marcha del 20 de mayo, recordó Zaffaroni, el presidente recibió a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y reafirmó públicamente su compromiso con la búsqueda, que por ahora sigue circunscrita al presupuesto para que la Institución Nacional de Derechos Humanos continúe las excavaciones. “No resulta disparatado pensar que ante lo contundente de las denuncias en la conferencia de prensa el Comandante en jefe del Ejército se viera obligado a proponer algo, aunque sea de difícil credibilidad, para bajar el perfil criminal al que quedó expuesta su institución frente a la opinión pública y, tal vez, hasta frente a sus jóvenes reclutas. La crudeza de las verdades declaradas por los criminales, los mismos que fingen amnesia ante la justicia, es tal que conmueve hasta a los que siempre las conocimos. Obviamente seguimos sin escuchar de ellos un rechazo total a ese rol que institucionalmente cumplieron”.
Zaffaroni expuso cuatro reafirmaciones que se pueden realizar después de la obtención de confesiones, testimonios, investigaciones periodísticas y académicas y resoluciones judiciales para reafirmar lo mismo. Primero: que la actuación de las fuerzas armadas fue institucional en todas las acciones criminales perpetradas por sus integrantes. Segundo: qué fuerzas armadas tenemos hoy, que avalan los crímenes y en algunas ocasiones consideran un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Tercero: esto muestra claramente cómo siguen formando a los nuevos cadetes a pesar de que en el 2019 se votó una nueva ley orgánica militar condicionando la obediencia debida a los límites constitucionales de respeto a la vida y pautando una formación en el respecto a los derechos humanos y el destierro de la doctrina de la seguridad nacional. Cuarto: es mentira cada vez que responden que no existen datos que nos permitan conocer la verdad.
Con respecto al Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, dijo que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sumará su aporte a lo resuelto por la Intersocial participando en la recolección de firmas contra la LUC, como respuesta ética y políticamente digna.
Zaffaroni señaló que “la lucha contra la impunidad no terminó, y aquí estamos hoy apelando nuevamente a la información, a la conciencia y a la participación para pararnos ante este nuevo embate”. Añadió que “el Informe demuestra la sinergia de nuestra banderas y como la lucha por cada uno de estos derechos potencia las luchas de todos ellos”. Hoy la desaparición sin rastro de personas, dijo, sigue ocurriendo en el país, especialmente de mujeres jóvenes, de inmigrantes, de víctimas de trata por parte organizaciones criminales y de organizaciones poderosas también cobijadas por la impunidad, siendo delitos inadmisibles que afectan nuestra libertad y convivencia por las que todos debemos reclamar.
Para finalizar dijo que “no todos somos sujeto de derecho en la vida real. Los derechos deben consagrarse en la práctica y me pregunto cómo caminaremos juntos con todo esto, porque esta es una única lucha”.
En segundo lugar hizo uso de la palabra Rodrigo Arim, marcando dos partes: una intervención con respecto al Informe y otra intervención con respecto a los derechos humanos en Uruguay pensando en las perspectivas de los próximos años. “Somos testigos de la participación de SERPAJ en la defensa de los derechos humanos en Uruguay, empezando con lo que fue su denuncia durante la dictadura. Este Informe va al encuentro de una necesidad de reconfigurar y pensar nuestra vida democrática […]. Una democracia plena requiere de una sociedad civil, de organizaciones sociales capaces de demandar, de construir agendas, de dialogar y confrontar con el poder político para diversificar las agendas e ir al encuentro de esta noción de derechos humanos con una mirada mucho más amplia”.
Señaló que “el Informe se conjuga en tiempos distintos pero no contradictorios cuando pasa de pensar el problema del Uruguay, en donde las brechas de la violación de los derechos humanos sigue conjugádose en presente, vinculado al terrorismo de Estado, a pesar el análisis de la Ley de Urgente Consideración y sus implicancias futuras o los impactos posibles que el Covid 19 y la crisis sanitaria, pero sobre todo social y económica, que trae su instauración”.
Con respecto a la pandemia, aseguró que es probable que las cicatrices y las heridas de largo plazo vinculadas a la epidemia no sean sanitarias, y que se expresen en el plano social, político y económico: “esas cicatrices y consecuencias nos van a acompañar durante muchos años, y en clave multidimensional, porque hay violaciones presentes en los derechos humanos vinculados a la seguridad alimentaria, pero hay también violaciones presentes que tienen que ver con el acceso a la educación en condiciones igualitarias y todavía nos falta como sociedad respuestas que nos permitan ubicar en el plano educativo la necesiadad de converger al cumplimieto de derechos básicos”.
Rodrigo Arim afirmó que hay evidencia académica con respecto a que, aquellas sociedades que tuvieron estructuras en donde el bienestar social era provisto por las políticas públicas y que no abandonaron esa responsabilidad, tuvieron una incidencia y una evolución de la pandemia distinta que aquellos países que apelaron a la responsabilidad individual de generar el ahorro previo para poder afrontar alguna enfermedad. En relación a esto, Arim concluyó que “los estados no son arreglos residuales, son los mecanismos para garantizar los derechos de todos en todas las dimensiones”.
Con respecto a la Universidad de la República, Arim señaló que muchas de las personas que aportaron al Informe son o formaron parte de esa institución. “[La Universidad de la Repúlica es] una comunidad que debe aportar conocimiento y debe aportar conocimiento para sostener derechos. Tenemos que ser capaces de interpelarnos como comunidad universitaria e intentar reflexionar también en esta clave, no de nuevos derechos, sino de un nuevo escenario social y político en donde construir conocimiento avanzado para evitar desbordes autoritarios y cimentar las bases para una sociedad más equitativa, más justa y, sobre todas las cosas, más capaz de garantizar derechos a todos los ciudadanos es un elemento prioritario.
En último lugar expuso Natalia Uval, que abordó algunos puntos del Informe: “uno de ellos tiene que ver con la Ley de Urgente Consideración. Ha sido cuestionada por organizaciones sociales pero también por expertos de distintas áreas de educación, seguridad y acceso a la información, entre otros, que han señalado cómo esta ley puede afectar los derechos humanos en múltiples áreas. Además el mecanismo que se utilizó para aprobar esta normativa, que es un mecanismo con plazos perentorios y breves, en un contexto de emergencia sanitaria, imposibilitó ejercer plenamente el derecho a la manifestación y a la protesta social, y esto está señalado en varios de los artículos del Informe. El otro elemento tiene que ver con que el gobierno tiene en su seno un partido que es Cabildo Abierto, que ha respaldado a represores y a protagonistas de la última dictadura cívico militar y que, además, ha abogado por el restablecimiento de la impunidad consagrada en la Ley de Caducidad, ha cuestionado a organismos internacionales de derechos humanos y ha cuestionado incluso a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”.
Natalia Uval marca que hay circunstancias que permanecen incambiadas: “el Estado uruguayo sigue sin tener un papel proactivo en garantizar verdad y justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. A junio de 2020, de las 216 denuncias penales activas en tribunales uruguayos, el 72% estaban en etapa de presumario y además se habían dictado sentencias de condena únicamente en el 7% de las causas. Se procesó y condenó hasta el momento solamente a 37 personas por causas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos en la última dictadura, incluyendo a aquellos que ya cumplieron su condena y a los fallecidos. Esta situación de incumplimiento de los estados de sus obligaciones se ve agravada por los cuestionamientos recientes de jerarcas y dirigentes políticos a la actuación de la justicia en las causas vinculadas a la dictadura. Estos cuestionamientos no partieron solamente de Cabildo Abierto, sino del propio Ministro de Defensa Nacional Javier García. A esto se suman amenazas directas que han recibido denunciantes por partes de familiares del victimario. El Estado también sigue en deuda con los miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura, secuestro, robo, persecución, clandestinidad, abuso sexual en sus domicilios, centro de reclusión clandestina y en cuarteles. El colectivo Memoria en Libertad reclama una reparación integral para todas estas víctimas en unos de los artículos del Informe”.
Uval agregó a continuación que este año trajo nuevas afectaciones a los derechos humanos: “uno de los factores es la pandemia de coronavirus que afectó fundamentalmente a las personas más pobres, a los trabajadores y trabajadoras informales, a las mujeres trans, a los niños, niñas y adolescentes, y a las mujeres”. Con respecto a las medidas tomadas por el gobierno en esta situación de crisis sanitaria dijo que “consideró la dimensión social de la crisis solamente de manera residual. Por ejemplo: en el caso de la alimentación, apostó y saludó el surgimiento de ollas populares, pero no se propuso garantizar a través de políticas públicas el derecho a la alimentación, y pensando además el problema como de corta duración. Una muestra de eso es el presupuesto aprobado este año en el Parlamento que tuvo como principal meta reducir el déficit fiscal aún a costa de reducir o recortar políticas sociales. Además el Estado uruguayo, se señala en uno de los artículos del Informe, no desplegó una batería de medidas específicas y adecuadas para atender el incremento de la situaciones de violencia de género sucedidas en el marco de la pandemia. En cuanto a la población trans, esta se vio afectada por la reducción del trabajo y las restricciones al trabajo informal y al trabajo sexual, lo que llevó a muchas de estas personas, que en su mayoría están en una situación de pobreza estructural, a tener que ver sus derechos básicos recortados. Y finalmente, la emergencia sanitaria afectó de manera diferencial a niños, niñas y adolescentes. Se le llama la pandemia silenciosa. Les afecta en múltiples dimensiones: por un lado la situación de pobreza infantil que, cualquier aumento de la pobreza, impacta de manera diferencial en hogares con niños, niñas y adolescentes; la imposibilidad de ir a la escuela, la afectación en su derecho a la educación; la imposibilidad de intercambiar con pares, de realizar actividades que los estimula cognitivamente y emocionalmente, y niños con miedo y con preocupación, según las encuestas que se han realizado”.
Después de plantear la cuestión de la crisis sanitaria como una de las afectaciones a los derechos humanos este año, expuso el segundo: “hay otras circunstancias novedosas que preocupan. Una de ellas es el resurgimiento de los discursos de odio, las agresiones directas a las personas en situación de calle, la reaparición de pancartas de la Juventud Uruguaya de Pie y las campañas de difamación contra Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que, como bien señala en el Informe la Casa Bertolt Brecht, las memorias son un terreno de disputa, no solo por el pasado, sino por los sentidos del presente y del futuro”.
Haciendo referencia a la extrema derecha (o la nueva derecha, como se la llama en el Informe) en la región se posicionan algunos casos con éxito contra la agenda de derechos, contra el feminismo y contra las políticas públicas, y busca incidir en otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación […]. En Uruguay preocupa el manejo amplísimo del concepto de laicidad para restringir el derecho de libertad de expresión y manifestación y, además, preocupa la presentación de un proyecto de ley sobre educación sexual, que pretende dar a los padres y madres la potestad de resolver si sus hijos e hijas pueden o no recibir educación sexual ”.
Sobre la Ley de Urgente Consideración mencionó que incluye artículos que refuerzan las potestades policiales y limitan la protesta social.
Para finalizar, mencionó algunos avances en materia de derechos humanos: la corte de apelación de Roma difundió los fundamentos de la sentencia contra militares de la región por la causa Plan Condor, 12 de ellos uruguayos; las iniciativas de la sociedad que muestran cómo la capacidad de organización y la solidaridad pueden generar avances en aquellas áreas en las que el Estado está omiso; la iniciativa Sitios de Memoria, que busca paliar un déficit histórico en materia de acceso a la información de causas vinculadas a la última dictadura; la agrupación de los trabajadores de la cultura que se juntaron para hacer valer sus reivindicaciones en colectivos como 7A, la Intersocial Cultural o Primer Ensayo; y el accionar de la Coordinadora Popular Solidaria sostuvo 221 ollas populares, alimentando a 40.000 personas”.
Se puede ver el evento de presentación en YouTube a través de este enlace. También se puede acceder al Informe.
Texto: Ema Zelikovitch
Foto: SERPAJ
