El primer fin de semana de febrero, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos montó su muestra Senderos de la memoria, en Plaza Artigas, en Piriápolis.
Los rostros de los desaparecidos rodearon la plaza, impresos en lonas y colgados de cuerdas, con la mirada fija, moviéndose con el viento de la tarde.
A pocas cuadras vive uno de los responsables de que varias de esas miradas sean parte de la muestra. El coronel retirado Ernesto Ramas, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de María Claudia García de Gelman, nunca pisó una cárcel y goza de la comodidad de su casa, cerca del mar.
El genocida, además de tener más de 28 causas que lo implican directamente, es acusado de la desaparición de Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti, León Duarte, Walter Barrios; del asesinato de Silvia Reyes, Dahiana Maidanik y Laura Raggio, y del secuestro y apropiación de Simón Riquelo. También tuvo responsabilidad al mando de la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
“En este país hay solo diez militares presos, los demás han sido beneficiados con domiciliaria”, contó a Radio Pedal Waldemar Tarocco, vicepresidente de la asociación de ex presos políticos Crysol e integrante de la coordinadora de apoyo a Madres y Familiares… Esta intervención busca mantener viva la memoria y llegó al departamento de Maldonado aprovechando el verano y la concurrencia; “buscando, en el fondo, la no repetición, que no se siga vivienda lo que es la cultura de la impunidad”, según Tarocco.
“Esto es político, pero apartidario”, agregó Tarocco en relación con el festejo del aniversario del Frente Amplio. Que ambas actividades se hayan realizado en el mismo tiempo y espacio fue una coincidencia. Esta muestra es para “sensibilizar” a la población e “interpelar en cierta forma al Estado —que es el responsable y debe buscar dónde están los desaparecidos— y a la justicia, que es lo que más tranca en este país”, expresó el ex preso político.
Cuando en 2013 el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, dijo que por más investigaciones que se hicieran todas esas causas “se darían contra una muralla”, anticipó una postura que, para Tarocco, se sigue reafirmando hoy con los magistrados Jorge Chediak, Elena Martínez Rosso y Eduardo Turel.
Tarocco ilustró que “entre los tres mantienen una misma política: no reconocen los crímenes cometidos de asesinato, desaparición, violación y robo de niños como delitos de lesa humanidad”. Y que estos van “a contrapelo de todo lo que es la normativa de derechos internacionales”.
Dejó claro que su apoyo está con el fiscal Ricardo Perciballe, a quien considera “el más indicado”, por saber mucho de derechos humanos y haber hecho “buenas investigaciones desde el período del escuadrón de la muerte”. Se espera que reciba las herramientas necesarias, porque al parecer al fiscal “ le dieron solo dos ayudantes para atender las causas de derechos humanos en todo el país: un entorno de 300 causas”.
La creación de comisiones por parte del gobierno no implica —para Tarocco— la garantía de que haya avances, sino lo contrario. “Cuando vino Pablo Greiff [alto comisionado para las Naciones Unidas] nos reunimos con él y nos decía que hay una visión de Uruguay que al llegar es otra realidad”.
Dio como ejemplo la Institución de Derechos Humanos, que se creó como respuesta a un reclamo, “pero sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que no hay obligación de cumplirlas”, señaló. Lo mismo sucede con la unidad especial de investigación en el Ministerio del Interior, “no tiene personal, se crean comisiones internas y no se les dota de medios y posibilidades”.
Madres y Familiares… siguen buscando a sus compañeros y mientras tanto “hay militares que saben dónde están enterrados, dónde están sus restos y se los ha beneficiado enviándolos a sus casas a cambio de nada, sin haber dado información”.
Por eso también es esta muestra, y para recordar que nunca serán olvido.
Producción y texto: Valentina Machado y Sofía Umbre
Fotos: Sofía Umbre
