Un continente en disputa

Con sus diversidades, los gobiernos progresistas de la región representaron una oportunidad de cambio en sectores históricamente relegados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 60 millones de personas salieron de la pobreza en estas regiones entre 2002 y 2014.

Con sus diversidades, los gobiernos progresistas de la región representaron una oportunidad de cambio en sectores históricamente relegados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 60 millones de personas salieron de la pobreza en estas regiones entre 2002 y 2014. En tiempos de estancamiento hegemónico de la izquierda continental, resulta apropiado hacer un análisis de las falencias o limitaciones de estos proyectos a fin de preparar el terreno para los futuros desafíos.

En los últimos tiempos, ha ganado fuerza la idea de que asistimos al fin del ciclo progresista en América Latina. Este período caracterizado por conquistas sociales, con una gran reducción de la pobreza, avances en materia de Derechos Humanos y reconocimiento de minorías parecería haberse agotado dándoles paso a gobiernos conservadores.

Si bien es cierto que existe un empuje neoliberal en la región, resulta un tanto exagerado hablar de fin de ciclo si tomamos en cuenta que los partidos progresistas, en el continente, solo han perdido dos elecciones (la elección presidencial de 2015 en Argentina y las elecciones parlamentarias del mismo año en Venezuela). Esto no se limita a ser una discusión terminológica, sino que considero que tiene consecuencias prácticas. La creencia general de que el ciclo progresista se ha acabado puede llevar a una inconsciente resignación frente a la embestida de una derecha que pretende alcanzar el poder a través de las elecciones —como en el caso Argentino– o mediante un golpe parlamentario –como el dado en Brasil–. Es así que sería más acertado hablar de un continente que se encuentra en disputa. Pese a eso, es innegable que ha habido una inflexión en los últimos tiempos que llama a hacer una reflexión autocrítica de las experiencias progresistas de las últimas décadas en la región. Partiendo de la base de que, como se dijo anteriormente, los avances sociales han sido notorios, resulta pertinente destacar algunas limitaciones de estos proyectos políticos de izquierda.

En primer lugar, es necesario señalar que si bien todos estos gobiernos tuvieron inclinaciones hacia una mayor o menor defensa de las clases subalternas, existen grandes diferencias entre las políticas llevadas a cabo en cada uno de los países.

Un aspecto que resulta clave para establecer un diferencial en el análisis de la experiencia latinoamericana son los procesos constituyentes que fueron llevados a cabo en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estos tres países optaron por la vía de una modificación constitucional para concretar las transformaciones políticas. Esto les permitió profundizar los cambios realizados y establecer un rumbo más o menos claro hacia donde se desarrollaría el modelo de país. Si bien es cierto que es posible realizar grandes avances con las constituciones existentes, la reforma constitucional permite ganar nuevos espacios y ampliar el margen de acción. A su vez, consolida una protección de derechos conquistados frente a una eventual derrota electoral. Los casos de Argentina y Brasil nos muestran la rapidez con la que se pueden perder derechos adquiridos. Es un error gobernar pensando en que siempre se va a estar en el poder, es necesario desarrollar mecanismos legales que respalden y logren blindar las conquistas para que, cuando retornen gobiernos conservadores, resulte más difícil deshacer los avances.

La experiencia de derrota política en Argentina y Brasil también muestra el importante rol que debe jugar la sociedad civil organizada. Todo movimiento político progresista debe tener lazos fuertes con los movimientos sociales, debe ser la voz de ellos. De esta manera, lo alcanzado en las instituciones será defendido fuera de ellas. Las conquistas deben ser internalizadas por el conjunto de la población y defendidas en la calle en caso de que se encuentren en peligro. En los gobiernos progresistas de la región, como Brasil y Uruguay, hubo una tendencia a la oligarquización que generó una desconexión con los movimientos sociales. La desconexión con la sociedad civil no solo dificulta la realización de políticas que escuchen las demandas ciudadanas, sino que también significa la pérdida de vínculos con un sector clave que defienda las conquistas y en el cual replegarse en momentos de derrota electoral.

Otro aspecto clave en el que centrar el análisis es el económico, junto al del cambio en las estructuras de clases. Los gobiernos progresistas lograron un crecimiento económico que los acompañó en gran parte de sus mandatos, esto les permitió realizar políticas sociales valiéndose de esa bonanza económica. Sin embargo, no hubo cambios en los modelos productivos ni modificaciones reales en la estructura de clases de la sociedad. En general, se propiciaron cambios sociales más que cambios económicos. Se continuó apostando a la exportación de materias primas y al desarrollo de los servicios. Incluso un proyecto más radical y revolucionario como el venezolano ha tenido serios problemas para modificar las condiciones económicas: por un lado, al generar una dependencia de la extracción de petróleo y, por otro, con dificultades enormes para generar cambios estructurales en el país. Otros estados como Argentina, Brasil y Uruguay han adoptado con éxito medidas para la reducción de la pobreza pero no se han planteado modificar las correlaciones de fuerza entre capital y trabajo.

Junto con esto, surge la necesidad de una integración regional que permita extender las capacidades de transformación. En los últimos años se ha vuelto a hablar de patria grande y ha habido acciones orientadas a generar una mayor integración regional. La creación de organizaciones internacionales como la Alianza Bolivariana para América  y de la Unión de Naciones Suramericanas constituyen un paso importante para la concreción de dicho fin, pero aún falta gran camino por recorrer. A la vez que se escuchan discursos integradores, se firman tratados de libre comercio por fuera del continente que atentan contra la soberanía tanto nacional como regional. La unión política y económica de América Latina no debe ser vista como una trasnochada utopía izquierdista, significa una estrategia para pararse frente al mundo desde un lugar de mayor competitividad, explotar de la mejor forma la riqueza del continente y ganar independencia. Considero esto como la base que permitirá generar transformaciones más radicales y dotará de soberanía a un continente históricamente saboteado por la injerencia extranjera.

Estas limitaciones señaladas no buscan minimizar los logros conseguidos en este período progresista, sino que pretenden ser un insumo para la reflexión de lo hecho, lo que falta por hacer y para preparar de la mejor manera las futuras batallas políticas.

Texto: Daniel Cuitiño

Imagen: Muro de integración América Latina, de Jorge González Camarena (1964)

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