Fernando Jones Huala es hermano del Longko Weichafe—Facundo Jones Huala—, quien se encuentra detenido por el estado argentino, por ser el líder de la resistencia de los mapuches ante la represión del estado argentino en sus tierras, a cargo de la gendarmería. Lo acompañan Soraya Mancoñio de la Comunidad Cushamen y el abogado Carlos Suárez Quintana.
La conferencia de prensa es en el local de AFUTU en la calle Magallanes. La idea de la misma es “esparcir la palabra sobre la situación de los mapuches y de los pueblos originarios” y ellos en calidad de mensajeros consideran vital que “esta conversación se replique y profundice lo que pasa en el sur”
Los pueblos originarios han sido criminalizados, judicializados y reprimidos por parte de los estados argentino y chileno. El caso de Santiago Maldonado no ha hecho otra cosa que darle otra visibilidad a un conflicto que viene teniendo una violencia inusitada desde hace dos años. La recuperación del territorio a la familia Benetton ha desatado una cacería hacia el pueblo mapuche. Soraya admite que ahora “…lamentablemente a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, se han enterado de que existimos, que tenemos nuestro idioma, nuestras propias autoridades, nuestra propia forma de relacionarnos con la tierra. Porque principalmente necesitamos la tierra para ser mapuches, no podemos dejar de reconocernos…”
“…Estamos siendo perseguidos por dos estados. Porque nuestros territorios están siendo atravesados por emprendimientos hidroeléctricos, mineros, sojeros. Debido a ello, hay una gran operación del poder y de los medios hegemónicos en mostrar al pueblo mapuche como un pueblo violento, separatista, hostil. Cuando en realidad no quieren entablar un diálogo serio en torno a la extranjerización de la tierra, de cómo los gobiernos están entregando los tierras a los extranjeros, generando opresión hacia los que habitamos este suelo desde antes de que llegue el Blanco…”
Carlos González Quintana es abogado y se acercó a la comunidad debido a un hecho puntual, reflejo de la política de exterminio y persecución a los pueblos originarios desde hace 180 años; la represión a los mapuches debido a la recuperación de su tierra el 13 de enero de este año en Chubut. Debido al corte de las vías del tren por miembros de la comunidad, más de 300 efectivos de gendarmería entraron fuertemente armados en territorio mapuche, ocasionando lesiones graves en 3 miembros de la comunidad y en 7 de la red de apoyo.
Ese hecho cimentó una denuncia al estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesiona en Washington, ya que los mismos fueron violentados en ese hecho puntual, a un pueblo que lleva más de 150 desaparecidos en democracia.
Las “audiencias de trabajo” de la Corte Interamericana sesionan dos veces al año y en este caso es en Montevideo.
La desaparición forzada de Santiago Maldonado es tema clave en la audiencia, ya que existe un pedido de medidas cautelares que garanticen la permanencia pacífica al pueblo mapuche en sus territorios, ante la Corte Interamericana. El episodio de Maldonado es el punto más alto en las políticas de represión por parte de gendarmería y el estado, visibilizando el conflicto en la órbita internacional.
Fernando Jones Huala admite que “…el hecho de que hayan plantado el cuerpo es una situación macabra, mafiosa, angustiante…más allá de todos esos sentimientos, lo que se rescata acá es el acompañamiento desde parte de la sociedad, desde organismos de DD.HH, de medios de comunicación comprometidos con la verdad. La memoria de Santiago y su coraje la mantenemos viva y resalto de Santiago el hecho de que en cuerpo propio es la defensa de una lucha que a pesar de no ser propia, no le era ajena…”
Hay un foco especial en el tratamiento por parte de la justicia hacia el caso. Operativos con más de 300 efectivos por parte de gendarmería, drones, policías, medios presentes. Con un operativo cerrojo donde aislaron la comunidad. Donde fueron demorados y esposados miembros de la comunidad. Y sin la posibilidad de que los familiares de Maldonado accedieran a los mismos. Todo eso bajo la dirección del primer juez en la causa, Guido Otranto, quien antes de la represión de enero visitó las comunidades para después ordenar que los efectivos avanzaran ante cualquier episodio de “sublevación”.
Después de esos hechos los integrantes de la comunidad Pu-Lof Cushamen exigieron garantías ante el nuevo juez de la causa ante los nuevos rastrillajes: Sin fuerza, sin policías ni medios presentes, con la familia de Santiago allí, con organismos de DD.HH. Cosas mínimas y básicas que tienen que ver con el respeto. Efectivizadas esas pautas, ya que “…si te dejo entrar en mi casa, que sea en buenas…” fue que apareció el cuerpo.
“…Decir plantar un cuerpo no es algo que se pueda decir con liviandad, sin embargo, fue lo que sucedió. Lamentablemente no solo hicieron eso, sino que demostraron el nivel de impunidad con que se manejan…los medios hegemónicos están desviando el foco de atención, al contrario de nosotros que siempre mantuvimos la misma verdad. Nunca cambiamos de hipótesis y de pistas…”
“…El discurso se está desviando hacia el desprestigio y la criminalización de los mapuches, culpando al oprimido. Cuando esta situación no la generamos nosotros, no pedimos que Benetton nos quite la tierra, no pedimos que gendarmería se llevara a Santiago Maldonado y lo desapareciera. Y mucho menos, pedimos que pusieran su cuerpo allí…”
Los mapuches dicen que no hay garantías por parte del estado en torno a los testigos del caso. A Santiago se lo llevaron, no de un boliche ni a una comisaría. Se lo llevaron, lo desaparecieron y apareció muerto.
La audiencia en la Corte Interamericana va por parte de los pueblos mapuches en contra del estado argentino. La misma se desarrolló el jueves 26 de octubre. Posteriormente y por los debidos canales, las comunidades se expresarán sobre la misma.
El pueblo mapuche admite no creer en la justicia. Ya que en nombre de esa justicia: “…nos han despojado el territorio, nos han quitado la posibilidad de desarrollar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra educación. Y no hay apertura del Estado hacia nosotros. Y en este caso la solución no es judicial, es política…”
Por más medidas cautelares que se dictaminen, lo miembros de la comunidad de Pu-Lof saben que esto se resiste con la unión de los miembros de la comunidad, con el apoyo de la sociedad consciente, con las movilizaciones sociales. Apuestan a la justicia social, y eso solo se consigue con la movilización activa, con el compromiso, con la búsqueda de la verdad.
Texto: José Luis Rodríguez
Imagen: Kaos en la red
