España ya tiene gobierno, después de nueve meses de inestabilidad institucional. Este es el resultado de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos.
Con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, el martes 7 de enero Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue elegido presidente del gobierno. Esta mayoría simple, que alcanzó Sánchez en la segunda sesión de investidura, contó con el apoyo (o la abstención) de un gran abanico de formaciones de izquierda y centroizquierda. Sin embargo, el proceso de negociaciones, que comenzó tras unas elecciones generales celebradas en abril de 2019, ha tenido tantas luces como sombras, y devino en un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Al día de hoy, Sánchez e Iglesias conducen a la par la conformación de un Ejecutivo de coalición entre ambos partidos. Estos elementos dan pistas de un gobierno tan histórico como inédito para España.
El proceso electoral, que abarcó prácticamente todo 2019, ha tenido al gobierno en funciones relativamente estancado e imposibilitado de tomar determinantes decisiones a nivel estatal. Frente a esto, la investidura permite cambiar vertiginosamente los ritmos, y el nuevo gobierno no pierde el tiempo. Pocos días después de que Sánchez pasara a ser presidente, se dan a conocer los nombres de las ministras y los ministros del nuevo gobierno (https://www.eldiario.es/politica/ministros-nuevo-Gobierno-conocemos_0_983051907.html). La composición del nuevo Ejecutivo sin duda llama la atención. La imagen de hombres de más de 50 años al frente se transforma en una mixtura acorde al siglo en el que vivimos, que pone a las mujeres en pie de igualdad para dirigir el país los próximos cuatro años. Sin ir más lejos, son tres las vicepresidencias asignadas a mujeres y solo una designada a un hombre.
Hacer feminismo no es (únicamente) colocar a mujeres en cargos de poder para cumplir con listas paritarias, sino transversalizar la actividad política de temáticas que afecten la vida de la gente. De las vicepresidencias a cargo de mujeres que se están conformando, se destacan asuntos imprescindibles en esta materia. En este sentido, será Pablo Iglesias el número dos del Ejecutivo, vicepresidente de Derechos Sociales y, por su parte, Carmen Calvo será vicepresidenta de Memoria Histórica y Laicidad, Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía y Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Tres mujeres del PSOE. También serán mujeres las que encabecen siete de los 14 ministerios: el de Exteriores, Trabajo, Hacienda, Industria, Defensa, Educación y formación profesional e Igualdad.
No es posible entender cómo se ha logrado constituir un gobierno progresista, resultado de la primera coalición de izquierda de la historia de la democracia española, sin tener en cuenta el cambio que supuso en la vida política de la ciudadanía española el 15-M, en particular, la de las personas más jóvenes. Es precisamente a esto a lo que se refirieron los colectivos sociales desde el 15 de marzo de 2011, cuando comenzó una oleada de protestas que se mantuvo en el tiempo y que se sigue visibilizando hasta el día de hoy. Estos movimientos sociales denuncian la corrupción, la política como medio para lograr beneficios económicos y el empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía. Decían entonces que de una vez por todas había que poner también la vida en la política institucional representativa; que hay que ponerla en el centro. Sostenían que para ello la política institucional tenía que dejar de ser un lugar de hombres, para hombres, conformado por hombres que trataran temas de hombres y que tomaran decisiones que afectaran la vida de las mujeres sin contar con ellas. Y tenía que pasar a ser también de mujeres. La política, en todos los niveles, tenía que estar compuesta por la “gente normal”, es decir, ciudadanas y ciudadanos de a pie que pudieran elegir, que pudieran tomar decisiones y gestionar sus vidas, ya fuera en una asamblea barrial o en el Congreso de los diputados. Es en esta línea que, un poco por cumplir con las paridad demandada por la sociedad y un poco porque España es hoy un tanto más feminista que hace casi diez años, las mujeres se hicieron más presentes en política, sabiendo qué es la precariedad, qué es el maltrato o qué es la desigualdad laboral.
El gobierno que se está configurando viene a materializar ese reclamo. Queremos que sean las mujeres las que decidan sobre asuntos de igualdad de condiciones y disminución de la inequidad en todos sus formas; que sean mujeres las que estén al frente de la regularización del empleo, teniendo en cuenta que son las que más sufren la precariedad laboral, los bajos salarios por el mismo trabajo que los hombres y la dificultad de compatibilizar el empleo con la crianza. Queremos que sean mujeres también las que aporten a la gestión del uso de los recursos, porque, como ya avecinaba el ecofeminismo, no hay supervivencia de la especie humana sin el cuidado del mundo que habitamos, y de cuidado, las mujeres saben mucho. Queremos a una mujer al frente de los asuntos de memoria histórica y laicidad, para no olvidar que recordar el pasado es compromiso democrático, y para no volver a dejar en manos de hombres la libertad de un país, porque así es como vuelven las guerras a nuestros territorios y a nuestros cuerpos, y los rosarios a nuestros ovarios.
Queremos que nos gobiernen mujeres que concilien trabajo y cuidados, que hayan decidido abortar o no, que sepan de la lucha por el derecho a decidir, que apuesten por la libertad e independencia, que crean en una educación distinta para construir un mundo menos sexista.
Un país feminista es precisamente eso: un país que ponga en el foco de todas sus políticas el cuidado y la convivencia por encima del lucro y de la corrupción, que parta de la vivencia cotidiana para crear nuevas herramientas que mejoren la vida de todas y de todos, que escuche, que hable y que se deje interpelar por las víctimas de la violencia machista, del racismo, de la precariedad, del exilio, de la dictadura. Un país feminista pasa por tener un gobierno que aúne personas que sepan qué es luchar contra la mercantilización de la educación, contra la inestabilidad laboral, contra la invisibilización del trabajo, contra la misoginia en todas sus formas, contra la inflación del precio de la vivienda.
En definitiva, queremos personas que por experiencia quieran y crean en la lucha a favor de la vida, individual, pero, sobre todo, colectiva. No de la vida en cualquier condición. Queremos personas que luchen por la vida digna, bajo condiciones dignas, que merezca ser vivida. Ese es el derecho básico que debe tener cualquier persona, y es el compromiso mínimo al que tiene que aspirar un gobierno que se dice, de entrada, feminista.
Texto: Ema Zelikovitch
Foto: artehistoria.com (Clara Campoamor durante un discurso)
