En octubre del año pasado, luego de haber sido aprobado en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inmuebles vacíos, sin uso y degradados, presentado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta establece que, de comprobarse que un inmueble estuvo en esas condiciones por un plazo de 24 meses, y en caso de que el propietario no comparezca, no pueda o no quiera rehabilitar su propiedad, se pasaría a la venta judicial para que quien la adquiera se haga cargo de la rehabilitación, sea un privado o el Estado. El proyecto se enmarca en la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano y tiene como finalidad el uso social y el desarrollo urbano sostenible.
Pero el tema no aqueja únicamente a la sociedad uruguaya ni es una iniciativa de un grupo de izquierdistas radicales que desean que los dueños de casas y apartamentos pierdan sus propiedades para dárselas al pueblo. Hace algunos días, se conoció la noticia de que en Alemania, la asociación de inquilinos Deutsche Wohnen Enteigen pretende realizar un referéndum para que se prohíban las grandes inmobiliarias (aquellas que cuentan con más de 3000 propiedades) y puedan ser expropiadas unas 200.000 casas que pasarían a alquilarse en régimen social. Esto garantizaría un precio de renta que ayude a bajar el costo de vida en una ciudad que en los últimos años ha sufrido un aumento exponencial en el precio de la vivienda, convirtiéndose en la urbe en la que más rápido se dio esta suba. De hecho, el gobierno también ha tomado cartas en el asunto: en setiembre, se aprobó un proyecto de ley con el fin de contener el incremento en el valor de las compras y los alquileres de inmuebles, además de permitirles saber a los nuevos inquilinos cuánto se les cobraba a los antiguos ocupantes y si las obras de remodelación de la vivienda justificaban algún tipo de incremento en el precio. En la actualidad, 85% de los berlineses reside en casas o apartamentos alquilados, destinando un importante porcentaje de su sueldo a financiar una vivienda que no les pertenece.
Sin embargo, pese al apoyo popular de la medida, las trabas legales y el rechazo de muchos de los partidos que integran el Ejecutivo dificultan que la realización del referéndum prospere.
En España, a fines de febrero el Gobierno Central aprobó un decreto ley que establece algunos cambios en los alquileres, y se destacan varios aspectos a tener en cuenta.
En primer lugar, el alquiler no va a poder ser mayor al IPC mientras esté vigente el contrato. Además, la duración de los contratos pasa a ser de cinco años (con prórroga de tres), se limita la cantidad de dinero que el propietario puede pedir como fianza y este podrá recuperar el inmueble solamente si esto estaba estipulado en el contrato.
Por su parte, el Govern catalán ha ido más lejos y, además de medidas similares a las del Gobierno Central, lanzó un decreto con medidas que, entre otras cosas, permiten que las administraciones locales adquieran tierra para construir vivienda pública, obliga a registrar oficialmente los inmuebles que llevan más de dos años vacíos o a la espera de que se finalicen obras casi terminadas. Pero la medida más audaz es la que permite que el Govern expropie viviendas vacías pertenecientes a grandes propietarios o personas jurídicas. Un punto que está pendiente es el de establecer un límite máximo en los precios de los alquileres.
La realidad en países más lejanos, como China, también presenta dificultades. En una nación cuyo PBI está altamente relacionado con la construcción, una quinta parte de las viviendas (alrededor de 50 millones) están deshabitadas. La especulación y la burbuja inmobiliaria explican, en parte, la situación: a pesar del discurso oficial que sostiene que las viviendas se construyen para habitarse y no con fines especulativos, China continúa siendo el país con mayor cantidad de casas sin gente.
No podrá decirse que el tema no genera preocupación a nivel global ni que se trate de algo más propio de tal o cual corriente ideológica. Pese a la aparente variedad de motivos que desencadenan esta situación, hay uno que bien podría apreciarse en todos los casos: el cálculo sobre los beneficios a obtener, un elemento que en muchos casos llega a límites irracionales que rozan lo ridículo.
Voluntad política, conveniencia y falta de planificación aparte, alcanza con observar los números para despejar toda duda en cuanto a la imperiosa necesidad de tomar cartas en al asunto. Y definir a quién se privilegia.
Texto: Facundo Berterreche
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