Policías infiltrados en las marchas, un joven asesinado presuntamente por un vecino armado, un tribunal de honor presidido por un Comandante en Jefe del ejército que no sanciona los actos de Gavazzo, 400.000 firmantes que piden presencia de este mismo cuerpo militar en las calles. Da miedo, ¿no?
De estas y otras cuestiones estuvimos conversando con compañeras y compañeros de No a la reforma y del Espacio Antirrepresivo.
Desde ambos colectivos acuerdan que la seguridad es un problema a atender y que el aumento de la cantidad de delitos y especialmente de los delitos violentos en los últimos 35 años es un dato que no se puede negar. La cuestión a discutir es cómo enfrentar este problema.
Las dos organizaciones también coinciden en que las medidas desarrolladas hasta el momento para mitigar el delito han sido ineficientes. Estas medidas se han centrado en el aumento de penas, la mayor presencia policial en las calles y la especialización de los cuerpos policiales, tanto a nivel de investigaciones (personal policial encubierto) como de operaciones mediante la creación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).
Aún más, entienden que las lógicas centradas en un mayor despliegue policial y un endurecimiento de las penas, no solo han probado ser ineficientes, sino que, en muchos casos, tienden a generar mayores distancias sociales y sentar las bases para un aumento de la criminalidad.
El peligro del otro peligroso
La retroalimentación entre el accionar policial, que centra sus operativos en los barrios periféricos, y los medios masivos de comunicación, que asocian constantemente la delincuencia al perfil de una persona que usa determinadas ropas, maneja determinado lenguaje y tiene determinado fenotipo, contribuyen a la conformación de un imaginario del delincuente que se asocia a las personas pobres.
La construcción del pobre, como un ser socialmente inadaptado y peligroso, termina por cercenar las posibilidades de inserción social de quienes llevan las marcas de la pobreza en la cara o en el domicilio. Se promueve así la exclusión, la estigmatización y la precarización de estos sectores sociales. Y se genera, en ese mismo acto, un caldo de cultivo para las organizaciones criminales, que buscan en estos grupos sociales la carne de cañón para la actividad delictiva, por la que se castiga a los habitantes de los barrios pobres, pero por la que se enriquecen quienes viven en los barrios ricos, lejos de la crónica roja y los mega operativos.
Es por esto que la criminalización de la pobreza no solo es un acto de injusticia, también es un acto que fomenta la fragmentación y la conflictividad social.
Más de lo mismo pero peor
En un contexto donde el aumento de penas y la tecnificación policial han probado ser poco eficientes y hasta contraproducentes para mitigar los niveles de delito, carece de sentido un proyecto de reforma constitucional que propone reclusión permanente, cumplimiento total de penas, allanamientos nocturnos y policía militarizada en las calles.
Aún más, esta reforma, propuesta bajo el lema “Vivir sin miedo”, no solo peca de falta de creatividad y pocas probabilidades de éxito en el cumplimiento de sus objetivos; también representa un riesgo enorme en materia de derechos humanos.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta de reforma es la creación de una Guardia Nacional compuesta por personal militar. Esta medida es cuestionable tanto desde el punto de vista de los propósitos de la institución militar (la defensa nacional), como a la luz de las características del cuerpo militar uruguayo.
¿Qué garantías puede ofrecerle a la población que la función policial sea desarrollada por un ejército que ha probado estar fuertemente contaminado por posiciones contrarias a los derechos humanos y la democracia?
El encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar, son un claro ejemplo de la postura que aún hoy mantiene esta institución respecto a los derechos humanos. Hasta hace no más de 6 años, había no menos de 40 militares denunciados por las organizaciones de Derechos Humanos, por delitos de lesa humanidad, que estaban a cargo del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) del ejercito. Al día de hoy se cuentan por decenas las denuncias que llegan a Uruguay sobre abusos cometidos por militares uruguayos en las misiones de paz en el Congo y en Haití.
Texto: Colectivos
Foto: Valeria Amaro
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