Colombia: exterminio en la tierra del olvido

El asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia sigue constituyendo una situación dramática al día de hoy. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) colombiano registró 17 casos en lo que va de 2019.

Los ataques a líderes sociales en Colombia se han vuelto moneda corriente desde la firma, en 2016, del acuerdo final entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos para dar fin al conflicto armado que duró más de medio siglo y para construir una paz estable y duradera. Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 se han reportado 431 homicidios de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, movimientos campesinos, ex combatientes y familiares de las FARC en proceso de reincorporación.  

La Defensoría, órgano autónomo y constitucional que tiene como finalidad la protección de los derechos humanos, sostiene que las amenazas e intimidaciones, sumadas a los asesinatos tienen relación directa con la defensa de territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería y la agroindustria, la denuncia del problema de la tierra o el reclamo de esta, y la estigmatización.

En un informe publicado en octubre de 2018, elaborado por varias organizaciones sociales, políticas y jurídicas colombianas, titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo”, se remarca que este fenómeno se trata de “un ejercicio de violencia que no es accidental ni fortuito, ejercido de manera ilegal contra un grupo concreto de la población civil”[1].

En la publicación se recaban y analizan datos sobre las víctimas, victimarios, modus operandi y lugares donde sucedieron los asesinatos. Se establecen relaciones con diversos factores, como la desmilitarización de zonas antiguamente controladas por las FARC, la presencia de grupos paramilitares y los vínculos con grandes grupos empresariales del rubro minero-energético.

Respecto de esto último, en el informe se subraya que “un aspecto de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos poco reconocido por las autoridades colombianas, pero cada vez más evidente, es el patrón de asesinatos de líderes sociales y defensores ambientales que adelantan la defensa de sus territorios y la oposición a ciertos proyectos minero-energéticos que vulneran sus derechos fundamentales y colectivos”.

Impunidad

En cuanto a los autores de estos crímenes, varios informes concuerdan en que la mayoría pertenecen a grupos paramilitares y/o fuerzas gubernamentales. Sin embargo, existen aún diversos casos para los que no se han establecido responsabilidades por parte de las autoridades. En relación con el nivel de respuesta de estas, el resultado es la impunidad.

Frente a estos hechos, las organizaciones como Indepaz o la Defensoría del Pueblo estiman que 95 % de los asesinatos carece de avances sustantivos en las investigaciones. “La mayoría de los asesinatos se cometen bajo altísimos niveles de impunidad, el porcentaje de capturados por estos crímenes es mínimo. La impunidad cobija a los autores materiales y es mucho mayor con respecto a los determinadores o autores intelectuales”[1].

Al respecto, Carlos Negret, Defensor del Pueblo, declaró en 2018: “De la mano de la Unidad Nacional de Protección [UNP], y la Policía [el Gobierno] dan seguridad a los líderes sociales, lo que pasa es que tenemos muchos y la capacidad del Estado no alcanza para protegerlos a todos”.

América Latina

Según informaciones de diferentes ONG y agencias de la ONU, en Colombia, al igual que en Brasil, los asesinatos son numerosos y sistemáticos, en su mayoría de indígenas y activistas por la defensa del medio ambiente o por los derechos territoriales.

A los casos de estos países se les suman los asesinatos y hostigamientos que sufren las comunidades indígenas de Chile y Argentina en las que trabajan personas que tienen ideas incompatibles con los planes de los grandes capitales multinacionales presentes en la región. Estos elefantes defienden sus intereses a costa de la muerte y la represión y ante la mirada pasiva, en algunos casos, y cómplice, en otros, de la justicia y los gobiernos de turno.

Texto: Manuel Viera

Foto: Fran Afonso/CIDH, Pueblos indígenas y acuerdos de paz. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 10 de mayo 2018. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

[1] Informe: ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo. Conclusiones. (CINEP. Programa por la Paz, 2018).

Otras notas para leer

Menú

Buscar

Compartir

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
Pocket

Gracias por comunicarte con PEDAL. Creemos que la comunicación es movimiento, y por eso queremos que seas parte.
Nuestra vía de comunicación favorita es encontrarnos. Por eso te invitamos a tocar timbre en Casa en el aire: San Salvador 1510, un espacio que compartimos con otros colectivos: Colectivo Catalejo, Colectivo Boniato, Cooperativa Subte y Palta Cher.

Te esperamos.