Según información publicada por varios medios de prensa de diferentes países, el 70% de los usuarios de internet está a favor de que se prohíban las noticias falsas o fake news.
Dicho así, parece difícil encontrar a alguien que se encuentre en ese 30% restante. ¿Por qué se opondría una persona a que se legisle en materia de noticias falsas? Una posible respuesta podría basarse en el desinterés de un sector de los internautas y consumidores de información, o quizás sea por considerar que la generación y difusión de mentiras disfrazadas de noticias no tiene una incidencia verdaderamente grande en el maremágnum que nutre la web ni, mucho menos, en su vida cotidiana.
Sin ánimo de imponer un posicionamiento ante estas respuestas ensayadas, aseguraría que tildar de inocuas esas ideas puede tener efectos poco deseables y que a menudo tendemos a subestimar. Si verdaderamente fuera algo irrelevante, ¿por qué muchos gobiernos destinan dinero y esfuerzos para la propagación de esta clase de noticias?
En plena era digital e inmersos en la sociedad de la información y el conocimiento, la costumbre (nada novedosa) de tergiversar hechos, cifras y datos, cuando no, de mentir descaradamente, parece haber encontrado un amplificador perfecto al servicio de intereses de grupos empresariales, políticos o de cualquier otra esfera del poder.
Guerras y usos gubernamentales
Durante la campaña para las últimas elecciones en Brasil, una de las estrategias de Bolsonaro fue la manipulación de la información y la distribución de noticias falsas a través de WhatsApp. Fiel al estilo del militar retirado, las mentiras que se divulgaron en aquel entonces eran, además de violentas, extremadamente burdas. Lejos de cambiar su forma de actuar una vez que resultó electo, las prácticas de desacreditación a través de hechos modificados o inventados continuaron: a mediados de marzo, el mandatario se hizo eco de una noticia publicada por el sitio web Terça Livre en la que se afirmaba que una periodista del diario O Estado habría admitido querer “arruinar” al hijo del presidente (acusado de movimientos atípicos en una cuenta bancaria) y al gobierno. El sitio web Aos fatos, que se encarga de verificar información proporcionada por políticos y autoridades de todos los partidos a través de un método ordenado y riguroso, demostró que la acusación hacia la periodista era falsa.
Otro caso reciente es el develado por el diario The New York Times. El periódico, al que Donald Trump le ha declarado la guerra (como a tantos otros medios), realizó investigaciones en las que se comprueba que el camión con “ayuda humanitaria” enviada por Estados Unidos a la frontera entre Colombia y Venezuela a fines de febrero no fue incendiado por el gobierno de Maduro sino por un opositor al gobierno bolivariano.
Por otra parte, varios gobiernos europeos han dado a conocer su intención de evitar la propagación de las noticias falsas: el año pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley presentado por Macron que faculta a la Justicia a actuar en casos en los que, durante una campaña electoral y en aquellos casos en los que se difundiera información automatizada y masiva a través de sitios web, estos podrán ser dados de baja, además de permitirse la interrupción de los canales o emisoras radiales manejados por otro país.
Para tener una idea de cuánto puede preocupar al gobierno francés la propagación de las noticias falsas, basta repasar un hecho más reciente. Desde que comenzaron las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, hace unos cuatro meses, noticias e imágenes falsas de las protestas fueron vistas más de cien millones de veces en Facebook y compartidas cuatro millones en esa misma red social.
A principios de marzo, la Duma de Rusia (Cámara Baja) aprobó un proyecto de ley a través del cual se penalizará tanto a medios web como a particulares que difundan información falsa que pueda dañar a otras personas o alterar el orden social. Sumado a esta iniciativa, se aprobó también por amplia mayoría otro proyecto que permite multar a aquellos medios digitales o personas que insulten al Estado, sus símbolos y autoridades.
Gracias por tanto
Dos de las principales empresas de la tecnología de la información y la comunicación, como son WhatsApp y Facebook, también decidieron tomar cartas en el asunto y ser parte de la lucha sin cuartel contra las noticias falsas.
La versión beta de WhatsApp 2.19.73 tiene una función que permite que se suba una imagen al buscador de Google, lo que le posibilita al usuario contrastar y verificar datos y así asegurarse de la veracidad de la información que recibió.
Por su parte, Facebook, propietaria de la aplicación de mensajería, ha decidido endurecer las medidas que están a su alcance para controlar férreamente el flujo de noticias falsas, en concreto, para las próximas elecciones europeas que se realizarán en mayo. Desde la empresa de Zuckerberg, que ha estado involucrada en más de un caso éticamente reprochable en materia de manejo y cuidado de la privacidad de sus usuarios y en episodios muy conocidos, como Cambridge Analytica, se anunció la creación de una página de noticias “de calidad”.
Solo un par de días después de que el mismo Zuckerberg expresara que los gobiernos deberían tener un rol “más activo” en las regulaciones en las plataformas online, el Ejecutivo de Singapur remitió al Parlamento un proyecto de ley para controlar la propagación de las fake news, reservándose así el derecho a actuar ante casos en los que se difunda información que no es real. La ley, además, obligaría a que compañías como Facebook adviertan en los casos en los cuales se publica información considerada como falsa por el gobierno, eliminando también información que vaya en contra del “interés público”.
En respuesta a esto, desde la red social (que junto a compañías como Google y Apple integra la Asia Internet Coallition) se emitió un comunicado expresando preocupación por la medida del Ejecutivo, y alegando, entre otras cosas, que “las legislaciones prescriptivas no deberían ser la primera solución” a un problema de estas características.
Considerando el panorama, hoy, más que nunca (o, tal vez, como siempre), debemos evitar caer en el error de esperar cambios de quienes no necesariamente los quieren o que proponen medidas que convencen solo a algunos, y es obligatorio recordar que el discernimiento y el rigor a la hora de informarnos no siempre debe delegarse a terceros.
Texto: Facundo Berterreche
Foto: Flickr
