Defensores de familias uruguayas expusieron en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), acompañados por la directora de esta institución, Mirtha Guianze, una síntesis y actualización de la situación del proceso judicial llevado adelante en Italia, en particular, de los casos de militares uruguayos acusados.
El 17 de enero de 2017, la Corte Penal III del Tribunal de Roma decidió que no había pruebas suficientes para condenar a José Nino Gavazzo y a Jorge Tróccoli como autores de la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor. De los 27 militares sudamericanos imputados en este proceso judicial internacional, 19, de los cuales 13 son uruguayos, fueron absueltos; el único oriental condenado a cadena perpetua fue el excanciller Juan Carlos Blanco.
La Corte reconoce la existencia del operativo denominado Plan Cóndor y su vínculo directo con el abuso, secuestro y tortura de miles de personas —crímenes prescritos—, pero, a su entender, no se cuenta con suficientes elementos que prueben con absoluta certeza su responsabilidad en los homicidios —crimen de lesa humanidad—.
“El tiempo es nuestro peor enemigo”, sostuvo el abogado italiano Mario Angelelli (defensor de tres familias uruguayas) por dos razones: los culpables se mueren, haciendo referencia al caso de Gregorio Goyo Álvarez, quien fue condenado por el Tribunal de Roma pero que murió un mes antes, y los delitos que no son de lesa humanidad prescriben. Si bien Angelelli consideró lo mucho que ha hecho la Justicia italiana por estas causas, “no compartimos, no estamos de acuerdo” con la sentencia “ni jurídica ni lógicamente”.
Angelelli se encuentra en Uruguay junto con el abogado Arturo Salerni (defensor de cuatro familias uruguayas), el procurador Jorge Ithurburu y el sindicalista Sergio Bassoli con el fin de recabar y reforzar las pruebas existentes en el juicio del Plan Cóndor. Estas pruebas deberán ser presentadas el 1 de julio, fecha fijada para la apelación, en la que deberán demostrar lo que Mirtha Guianze declaró en Roma: “Tróccoli no era un simple ejecutor”, tenía autonomía de decisión.
“La corte se equivocó —afirmó Salerni—, no son cuadros intermedios, son la cúpula”, refiriéndose a Gavazzo y a Tróccoli. La sentencia es histórica, por el reconocimiento de secuestros, torturas y desapariciones coordinadas entre Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, mientras exista una “duda razonable” no se puede condenar a los represores uruguayos. Subrayó que no quieren una “verdad a medias”, lo que confirma lo dicho por Angelelli: “La sentencia es el punto de llegada”.
El juicio se llevará a cabo dentro de un año, las pruebas pueden presentarse hasta 15 días antes. El argentino residente en Roma Ithuruburu hizo un pedido de colaboración a las autoridades uruguayas que, según Guianze, aún no ha llegado. Salerni pidió “la colaboración de todos para cambiar el resultado procesal”.
En todo momento los abogados aclararon que en este caso la Fiscalía italiana trabaja en conjunto con la sociedad civil con el mismo objetivo. Además, contaron que hay antecedentes de juicios ganados por apelación en casos similares con represores de otros países.
Texto: Valentina Machado / Alejandro Cabrera
Foto: INDDHH
