Es difícil de negar que la inseguridad es un problema que afecta la vida de muchas personas. A pesar de ello, es poco lo que sabemos sobre este problema, y mucho menos lo que sabemos acerca de cómo abordarlo.
Las más de 270.000 firmas recolectadas en la Campaña Vivir Sin Miedo y un candidato a diputado salteño cuyo eslogan es “Mano dura y plomo”, entre otros sucesos, dan la pauta de que para muchas personas la respuesta es clara: la inseguridad se combate con represión y recorte de derechos. Esta respuesta genera cuestionamientos éticos, pero además genera importantes dudas acerca de su eficiencia.
Para problematizar las respuestas simples y entender mejor las diferentes aristas de la inseguridad, en Emer-gentes recibimos los aportes del sociólogo Marcos Baudean, que viene pensando y estudiando estos temas, en el marco de sus trabajos como consultor independiente.
¿Qué sabemos acerca los delitos en Uruguay?
En Uruguay la tasa de homicidios es de 8 cada 100.000 habitantes. Esta tasa ha venido aumentando en los últimos 10 años. Marcos entiende que estas cifras son graves para el caso uruguayo y que todavía estamos lejos de entender cómo se descompone el problema para poder abordarlo.
En particular, identifica dos actitudes intelectuales que conspiran contra su entendimiento. Por un lado, desde la derecha política muchos actores abogan por la acción represiva, sin mayor interés por conocer cuáles son las causas más profundas que generan la criminalidad. Quienes defienden esta postura de mano dura omiten hacerse una pregunta clave: ¿efectivamente la represión va a generar algún tipo de impacto en la disminución del delito?. Por el otro, muchos actores de la izquierda procuran explicar el problema de la inseguridad a partir de macroteorías que no permiten ver la especificidad del problema. Por ejemplo, no es el mismo abordaje que se necesita para combatir la violencia del narcotráfico que el que se requiere para combatir la violencia machista.
¿Dónde y a quiénes acecha la inseguridad?
La violencia y la criminalidad no se distribuyen en forma homogénea en todo el territorio. En el caso de Montevideo, el mapa de delitos tiende a coincidir con el mapa de la vulnerabilidad económica y social. Las zonas de la ciudad donde hay una fuerte concentración de la pobreza, con población joven, tempranamente desvinculada del sistema educativo y del mercado laboral formal, se vuelven propicias para el asentamiento de bandas criminales. Para muchas de las personas que viven en estos barrios la criminalidad es un mecanismo de ascenso social, pero más fundamentalmente es un mecanismo de supervivencia. Frente a la ausencia de alternativas laborales en el mercado formal, la criminalidad aparece como un trabajo que las personas pueden hacer a los efectos de subsistir y mejorar su ingreso.
Para Marcos esta concentración territorial de los problemas sociales y de la inseguridad obliga a pensar políticas públicas que actúen sobre el territorio. Es preciso transformar los lugares. Las políticas públicas se han orientado fuertemente a asegurar el bienestar económico de las personas a través de las transferencias monetarias. Esta práctica, aunque necesaria, no es suficiente. Hacen falta políticas que transformen los barrios y las relaciones sociales en los barrios.
¿Cómo se asocia el narcotráfico y el aumento de la violencia en los barrios?
La instalación de redes de narcotráfico en algunos barrios genera altos niveles de violencia que afectan la vida y la convivencia dentro de estos. Los desencadenantes de esta violencia son variados.
En ocasiones, las redes criminales despliegan su violencia para captar colaboradores dentro del barrio. Así, muchos vecinos son extorsionados, bajo amenazas de agresión, para participar en estas redes de narcotráfico. Las bandas criminales también despliegan altos niveles de violencia cuando se disputan el mercado con otras bandas.
Otro elemento que desencadena un aumento en la violencia de estas organizaciones delictivas es la intervención policial. En la medida en que la policía interviene y desmantela un punto de venta, las organizaciones criminales salen rápidamente a buscar un nuevo punto de venta y lo hacen desplegando mecanismos de expansión violentos. En este contexto, aparecen con más fuerza las extorsiones y agresiones a vecinos para forzarlos a participar en venta de narcotráfico, o surgen directamente los copamientos de viviendas para poner allí un nuevo punto de venta.
En definitiva, el rol de la persecución policial genera el efecto inverso al esperado, cuando más efectiva la policía, más violencia se genera, porque los narcotraficantes recurren a estrategias más violentas para poder seguir comercializando. Se produce un círculo de violencia, que es necesario cortar, dice Marcos.
¿Cuáles han sido las políticas de seguridad ciudadana desplegadas por el gobierno?
Marcos entiende que la política de seguridad ciudadana del actual gobierno se ha basado fundamentalmente en la profesionalización de la policía. Creación de la carrera policial, la inversión en tecnología y equipamiento y en el aumento salarial son algunas de las medidas que han permitido mejorar la calidad del trabajo policial y generar una mayor efectividad en la persecución y captura de las personas que delinquen. Esto repercutió en un importante aumento de la cantidad de personas encarceladas, con la consecuente sobrepoblación en las cárceles.
En materia penitenciaria, la principal reforma ha sido sustituir a los efectivos policiales por operadores civiles dentro de las cárceles. Esta medida tiende a enfatizar el rol de “rehabilitación” del sistema carcelario, no obstante, aún no se ha efectivizado en todas las cárceles del país.
Te invitamos a darle click al audio para escuchar la columna completa.
Texto: Fanny Rudnitzky y Mariana Tenenbaum
Foto: Viviana Vilches
[mixcloud https://www.mixcloud.com/Colectivos/05122018-columna-emer-gente-7-seguridad-ciudadana/ width=100% height=120 hide_cover=1 light=1]
