Representantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Rebeldía Organizada se reunieron este miércoles 25 de abril con autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para solicitar la desvinculación de Miguel Zuluaga, jefe de seguridad de las selecciones nacionales, acusado de haber participado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Bajo la consigna “Hagámosle un gol a la impunidad”, 30 organizaciones sociales y de derechos humanos[1] habían solicitado audiencia con la AUF, en carta fechada el 16 de abril, para presentar los documentos que vinculan al actual funcionario de la AUF con crímenes cometidos en la dictadura. La reunión había sido fijada para ayer miércoles 25 de abril a las 13.00. El encuentro tomó lugar en las oficinas de la AUF, sobre la calle Guayabo, que para la hora pactada había sido cercada y contaba con la presencia de seguridad policial, habilitándose el ingreso a las inmediaciones del predio únicamente a los representantes autorizados. Tras las vallas se concentraron unas 50 personas a la espera de que los tres representantes de la AUF y los seis de las organizaciones sociales salieran de la reunión. El tono pacífico de la concentración puso en evidencia un excesivo despliegue policial. Durante la espera, Nahuel Bautista, integrante de la agrupación Rebeldía Organizada, expuso el contenido de los materiales que estaban siendo presentados. Se entregaron a la AUF un documento fundamentando la petición de remoción y nueve pruebas que vinculan a Zuluaga a violaciones de derechos humanos en la dictadura. Durante este período el actual funcionario de la AUF alcanzó cargos jerárquicos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Las evidencias presentadas constan de un documento de Presidencia de la República de 2016 en que se constata que la DNII fue centro de secuestros y torturas, actas y documentos administrativos de esta dirección firmados por Zuluaga y testimonios que lo ubican en esta dependencia en momentos en que se practicaron actos de tortura. Entre los testimonios, se presentó el de Ruben Waisrub, detenido con 18 años en 1976 en el Departamento 4 de la DNII, y quien declaró al semanario Brecha: “Yo lo conocía hasta por el apellido. No era oculto el puesto que ocupaba. Todos conocían al subcomisario Zuluaga […] No tengo pruebas de que él me haya torturado a mí directamente. Sí era el subcomisario y no había nadie en el departamento que no participara o que no estuviera al tanto. Yo estaba con capucha, y recién cuando me la sacaron pude ver las caras. Él estaba ahí. Pero no sé si fue uno de los que me torturó”[2]. Según se argumenta en la petición entregada, citando al abogado Pablo Chargoña: “La firma en informes y actas de interrogatorios lo ubican como un agente necesario dentro de un aparato. Cuando el Estado funciona como aparato para cometer crímenes, unos dan las órdenes, otros tienen contacto directo con la víctima y otros son mandos medios pero todos son necesarios para la comisión del crimen, sino este no se podría producir”. Tras la reunión, el vocero Richard Mariani, perteneciente a Rebeldía Organizada, informó que las autoridades de la AUF se sensibilizaron frente al planteo y acordaron contactarlos cuando tengan una respuesta. [1] Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos; Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo; Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUF-FDUU); Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES); Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR); Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU); Agrupación estudiantil Ibero Gutiérrez de Facultad de Humanidades; Agrupación estudiantil Mayo 68 de la Facultad de Derecho; Asociación de Empleados de Estadística y Censos (ASEC); Asociación ¿Dónde están? / Francia; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO); Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE); Centro de Estudiantes del Instituto Manuel Oribe–Liceo Nro. 1 de Florida (CEIMO); Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM); Confederación de Federaciones de Funcionarios del Estado (COFE); Colectivo Contraimpunidad; Colectivo Globale; Colectivo Ovejas Negras; Colectivo del Seminario Alternativas; Comisión Memoria de la Costa-Canelones; Contacto Sur-Conaicop; Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos; Corriente Estudiantes del Pueblo; Corriente Sindical Clasista; Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM); Fundación Mario Benedetti; Mesa Permanente contra la impunidad; Plenaria Memoria y Justica; Postaporteña@; Radioactiva Fm; Reactiva contenidos; Rebeldía Organizada-Asociación Civil; Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT; Sindicato del Taxi (SUATT); Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA); Unión de Funcionarios de Codicen (UFC); Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA); Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA). [2] Edición del 13 de abril, nota Dos caras de Betania Nuñez – Semanario Brecha Notas vinculadas: Recolección de firmas contra la impunidad Texto y fotos: Fanny Rudnitzky