El futuro de Brasil: entre urnas y rejas

El miércoles 11 de abril se realizó una concentración frente a la embajada de Brasil como forma de protesta por el encarcelamiento del ex presidente brasileño Lula da Silva, sentenciado tras un proceso judicial cuestionado por varios expertos en la materia. Anteriormente, el sábado 7 de abril, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado en la prisión de Curitiba, por orden del juez Sérgio Moro, con una pena de 12 años y un mes. Esto ocurrió luego de que en la semana previa el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinara, en una votación de sus 11 jueces, rechazar el habeas corpus solicitado por la defensa del ex presidente, que le hubiera permitido esperar en libertad los resultados de la apelación ante instancias judiciales superiores. El delito que se le imputa a Lula, y que fue confirmado por una segunda instancia judicial, es el de corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la mega causa de corrupción Lava Jato (“lavado de autos”, denominada así en referencia a la modalidad de lavado de dinero a través de lavanderías y estaciones de servicio), una red de corrupción que implicaba la desviación de recursos de Petrobras, y que premiaba a las empresas constructoras dispuestas a pagar sobornos a altos directivos de la empresa y a políticos de varios partidos a cambio de su preferencia en las licitaciones de obra. Esta causa ha involucrado a políticos de todos los partidos, incluyendo al actual presidente, Michel Temer. En el caso de Lula, se lo acusa de haber recibido sobornos por parte de la empresa constructora OAS, cuyo presidente declaró haber entregado un apartamento en el balneario Guarujá; es la única prueba que se maneja en la sentencia. La votación de los jueces y juezas del Supremo Tribunal Federal se dio en un clima enrarecido en los días previos por declaraciones del comandante en jefe del Ejército Eduardo Villas Boas (y que fue respaldado por varios subordinados), quien advirtió a los jueces que no deberían permitir que Lula permanezca libre en “repudio a la impunidad”. En el discurso previo a entregarse para ser encarcelado, Lula se proclamó inocente frente a las acusaciones que le imputan y afirmó que tienen como fin último alejarlo de la carrera electoral. “Quiero que prueben que cometí algún crimen en este país”, sentenció. La sentencia del Supremo Tribunal Federal, que habilitó la ejecución de la orden de encarcelación de Lula, se da en un momento particular de Brasil, sacudido en las últimas semanas por la decisión del presidente Temer de militarizar la seguridad del estado de Río de Janeiro; el asesinato de la activista social y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco (al que se sumaría en estos días el de Alexandre Pereira, líder comunitario y testigo en la causa del asesinato de Franco) y los disparos de bala a la caravana del propio Lula. En este contexto, el PIT-CNT, con apoyo de otras organizaciones locales, entre las que se incluye el Frente Amplio (FA), convocó un acto y concentración frente a la embajada de Brasil en Montevideo. La actividad se realizó en el marco de la Jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. El acto contó con la oratoria de la ambientalista Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional; de Juan Raúl Ferreira, ex integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay; de Sandra Lazo, vicepresidenta del FA; de Marcelo Abdala, secretario del PIT-CNT, y de Ruben Diniz, integrante del Partido Comunista de Brasil. A lo largo de los discursos se repitieron las alusiones al avance de las fuerzas de derecha en Brasil. Se citó la destitución de Dilma Rousseff como un punto de inflexión en el proceso democrático del país y las irregularidades en el juicio a Lula como el punto cúlmine del quiebre institucional. Estos episodios fueron asociados a una nueva forma de ruptura democrática, mucho más apoyada en el poder judicial y en los medios de prensa que en las fuerzas militares. Algunos de los oradores también hicieron mención al asesinato de Marielle Franco, sucedido días después de que la consejala denunciara abusos de las fuerzas militares en Río. Concurrieron al acto cientos de personas, entre los asistentes se distinguían varias figuras públicas del ámbito político y sindical. Texto: Gabriel Tudurí y Fanny Rudnitzky Fotos: Lucía Villamil y Fanny Rudnitzky

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