Habrán escuchado o leído que la pandemia que azota al mundo entero altera gravemente la economía de muchas maneras, que van desde las alejadas transacciones financieras en Wall Street, hasta el precio del alcohol en gel de la farmacia. Pero de alguna forma, todo está relacionado.
Esto es sencillo e intuitivo: la economía no es otra cosa que una ciencia social que pretende entender las decisiones del ser humano, tanto personales como colectivas. Si las personas alteran sus preferencias, actitudes o comportamientos, esto repercute directamente en lo colectivo, ya sea en el hogar, en el barrio, en la ciudad, en el país o en el mundo entero. A continuación me voy a enfocar en cómo estos cambios de comportamientos y actitudes operan sobre los precios del supermercado en tiempos de Coronavirus (COVID-19).
La economía de mercado se rige por una sencilla pero poderosa regla que opera en todos los niveles: la ley de oferta y demanda. Esta ley básicamente dice que si un bien tiene mayor demanda, o sea, hay más personas que desean obtener ese bien, y las cantidades disponibles del bien no aumenta rápidamente, el precio va a subir. Los bienes más codiciados y con menos disponibilidad, suelen ser los más caros.
Detengámonos en el caso del alcohol en gel. En noviembre del 2019 el alcohol en gel lo compraba alguna familia para tener ante alguna emergencias domésticas, locales comerciales y personas que vivieron el suceso Gripe A (H1N1) en 2009 con muchísima intensidad. Sin embargo, entre diciembre y febrero del 2020, las noticias de todo el mundo se empezaron a densificar acerca de un virus inmanejable que viajaba de China al hemisferio occidental arrasando con todo a su paso. Esta noticia, evidentemente, despertó la alarma de muchas personas en Uruguay que, con precaución, paranoia o aburrimiento, salieron a comprar alcohol en gel a granel. Como las botellas de alcohol en gel en góndolas no había aumentado, su rápida escasez hizo que los supermercados y farmacias subieran su precio, dando una señal a los productores de alcohol en gel: si el precio es más alto, pueden producir más y así obtener más ganancias. Aun así, mientras productores hacen su trabajo para aumentar la cantidad del producto disponible en el mercado, las góndolas se siguen vaciando. Esto supuso que cada botella que se compre saldrá un poquito más cara que la anterior.
La escasez y los elevados precios generar un efecto privativo para muchas personas. En un momento el precio será tan alto que tan solo personas de altos ingresos podrán acceder al producto y las de menores ingresos directamente no podrán permitirse comprar este bien. Por suerte, esta desigualdad puede mitigarse parcialmente con sustitutos, ya sea con la famosa receta casera de alcohol rectificado y glicerina, o aplicando otro hábitos, como lavarse las manos con mayor frecuencia utilizando jabón. Pero siguiendo esta lógica, podría pasar lo mismo con estos sustitutos, y dejar sin alternativas a quienes no puedan pagar los productos que necesitan.
Estos casos son los clásicos episodios en los que, incluso liberales, claman por el estado interventor. La forma de evitar estos excesos de precios es la intervención del estado, ya sea aumentando la producción de alcohol en gel o regulando el precio y fijando topes (como lo ha hecho España, Argentina, Francia y otros países).
La política de fijar precios en Uruguay al momento no se ha aplicado y debería estar ya mismo en discusión. Detectar y actuar sobre la fijación de precios abusivos es clave, principalmente por dos razones: en primer lugar, la privación de personas de menores ingreso a la hora de acceder a determinados productos; y en segundo lugar, la apropiación de este sobreprecio por parte del comercio minorista o supermercado. Este último punto toma particular relevancia en el mercado minorista como el uruguayo donde las grandes cadenas de supermercados están en pocas manos y la presunta ausencia de competencia le permite a los supermercados tener “rehén” al consumidor y saber que, prácticamente, fijen el precio que fijen, como no hay más opciones en el mercado, el consumidor lo va a comprar igual.
En definitiva, la ley de oferta y demanda nos dice que en momentos de emergencia, los productos más demandados van a subir sus precios. Para que este efecto no se convierta en un mecanismo de segregación, es necesario que el estado intervenga sobre la regulación del precio de todos los artículo que considere necesarios. A su vez, es una buena medida que las empresas públicas se pongan a dirigir su producción, como el caso de ALUR con el alcohol en gel.
La discusión sobre los precios de mercado y qué mecanismos operan para su determinación es una buena excusa para pensar algunos temas adicionales. En primer lugar, es necesari observar que, cuanto más concentrado esté el mercado, más posibilidades tienen las pocas empresas para fijar precios altos de manera abusiva, perjudicando directamente a los consumidores. En segundo lugar, ya que el estado puede regular precios que considere necesario en momentos como este, ¿podría llevar adelante una práctica de control de precios en otro momento sobre otros productos? Este es un gran dilema, ya que fijar precios de manera discrecional tiene efectos adversos: principalmente, si el precio fijado no cubre los costos de los productores, las empresas pueden quebrar, o simplemente reducir sus costos operativos y producir relativamente poco de ese bien. Como dije anteriormente, un precio más alto es una señal fuerte para aumentar la producción. Pero este razonamiento no es lineal. Existen muchos casos derivados de imperfecciones del mercado donde existe un gran margen para poner un tope a los precios de los productos y así volver más económicos un conjunto de bienes que se consideren indispensables para la sociedad.
De cualquier manera, pensar sobre los precios en Uruguay trae una enorme cantidad de interrogantes. La ausencia de estudios estructurales sobre las empresas y los productores, los procesos productivos, las estructuras de costos y toma de decisiones, hacen que la información disponible no sea de la calidad necesaria para sacar conclusiones. Lo que sí es claro es que la ciudadanía no puede esperar que por arte de magia los precios bajen o que los supermercados y las empresas se vuelvan benevolentes.
Frente a esto existen alternativas, de las cuales mencionaré sólo dos a modo de ejemplo. La primera es fortalecer las capacidades de las Comisión de Defensa de la Competencia con mecanismos de control social, así como capacidades técnicas y presupuestales sólidas. De esta forma, el estado podría detectar y actuar sobre las prácticas abusivas del mercado. La segunda es la autogestión y promoción de cooperativas de consumo. El Mercado Popular de Subsistencia parece ser un ejemplo exitoso de economía social con el objetivo de reemplazar un mercado. A través de la autogestión, los productos a los que acceden las familias son más baratos debido a la sustitución de intermediarios por la fuerza de trabajo de los mismos miembros. Al mismo tiempo, se podría potenciar la demanda de productores escogidos como cooperativas o empresas recuperadas por trabajadores y trabajadoras.
Las emergencias sociales traen increíbles incertidumbres, pero también nos enfrentan a usar la creatividad, las capacidades ocultas de la sociedad y la solidaridad. Enfrentar un sistema que aprovechará las crisis para reacomodar los equilibrios a su favor puede ser una oportunidad para desnudar las miserias de un modelo profundamente desigual, y pasar a la acción.
Texto: Joaquín Toledo
Foto: Gabez (ig: @emegabez)
