Los hombres que ostentan un poder otorgado por esta sociedad capitalista, neoliberal y machista tienen más impunidad al ejercer violencia contra las mujeres. Están encubiertos por su ficticia pose de “hombre de bien”, porque aún sigue instalado el supuesto de que quienes habitan la estética del dinero, la política, la justicia y la academia son libres de matar, robar, estafar, violar o explotar.
No hay estrato social o nivel educativo que aleje la posibilidad de que un hombre se convierta en un macho devorador. Cambian las formas, las estrategias y las palabras, pero no cambia la violencia que ejercen sobre nosotras. Los acontecimientos sucedidos en estos meses nos recuerdan esto.
Dos adolescentes denunciaron a un hombre por explotación sexual. Una de ellas, desaparece el 16 de marzo de 2020 y cuatro días después la encuentran muerta, sin determinar aún si se trató de una autoeliminación u homicidio. Esta es, hasta ahora, la primera punta vinculada con los casos de explotación sexual a adolescentes por parte de 30 hombres identificados que lleva adelante la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera.
Desde el 13 de mayo se imputó a once personas en el marco de esta investigación, nombrada Operación Océano. Se presume que están involucrados en el caso una treintena, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan ser más. Los once han sido procesados sin prisión preventiva.
Que estos hombres no estén presos deja nuevamente al descubierto que la justicia es clasista, ya que en casos similares, los acusados han ido directamente a prisión preventiva. Estos explotadores están es su casa porque son directivos de Endeavor e integrantes del grupo de empresarios Nos Cuidamos Entre Todos, que aparecen activamente en los medios donando al fondo Coronavirus, porque son diputados suplentes del Partido Colorado, integrantes del Partido Nacional, docentes de colegios privados, abogados y ex jueces de menores, ex asesores de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y docentes de la Universidad de la República (Udelar), arquitectos, empresarios nocturnos, propietarios de boliches y organizadores de fiestas.
¿La justicia?
El Colegio de Abogados emitió el 21 de mayo un comunicado en donde hacía frente a “los distintos ataques y manifestaciones violentas e intimidantes, muchas amparadas en el anonimato de las redes sociales” y nos recordaba que “no se concibe un Estado de Derecho con el Derecho a la Defensa conculcado, disminuido o amenazado”. Que las redes sociales son bochornosas no es nada nuevo, así lo demostraron quienes defienden a estos seres atacando directamente a las víctimas.
En ocasiones, la absolución en este tipo de casos no implica inocencia, sino la falta de herramientas, según el discurso penal, para probar los hechos. Lo que no se concibe es un Estado de Derecho donde por falta de pruebas, los responsables de cometer delitos tan graves como el abuso o la explotación sexual, queden vergonzosamente impunes. Tampoco se concibe un Estado de Derecho en el que las víctimas queden doblemente abatidas: por un proceso judicial que no prospera y por un juicio social que las condena.
Llama la atención el historial del abogado penalista Víctor Della Valle, quien fue procesado por trata en los años 90. María Urruzola, periodista que investigó esta red, mencionó en una entrevista a Hemisferio Izquierdo que el proceso judicial culminó “con el procesamiento y posterior sobreseimiento del abogado, que fue quien medió entre los proxenetas y la policía uruguaya de Interpol, para que -gracias a un pago de mucho dinero – no enviara información a sus colegas de Italia”.
Con este caso queda nuevamente en evidencia cómo el gobierno es cómplice al proteger, encubrir y silenciar los delitos que cometen quienes lo integran, subsidian o acompañan. Es cómplice cuando no expresa de manera rotunda el repudio y la condena hacia estos hechos, cuando la vicepresidenta que marcha junto a nosotras el 8M no hace ninguna declaración pública sobre la explotación por parte de sus allegados de cuello blanco. Quien tiene el mandato de velar por los derechos y no dice nada, es cómplice.
La explotación esta entre nosotrxs
Cerca de 350 casos de explotación de niñxs y adolescentes son detectados anualmente en Uruguay. Pero se estima que el número real de casos existentes es superior al que pueden registrar las organizaciones. El motivo: lo naturalizado que está a nivel social este problema.
Según dijo Lucía Álvarez, trabajadora social de El Paso, en una entrevista a este medio: “La explotación sexual es algo que se ve a nivel comunitario pero no se dice o no se problematiza como tal. A partir de que se trabaja en sensibilización, en desnaturalización y en visibilización de las situaciones de explotación, empiezan a surgir cada vez más denuncias. El número (oficial) es solamente un pantallazo de las situaciones que se han podido abordar, es muy difícil acceder un número real”.
Hay variables que potencian la explotación en determinados lugares; la frontera es una de ellas, también el aumento circunstancial de dinero en un territorio por la llegada de grandes emprendimientos como es la nueva planta de UPM donde hay más hombres circulando y demandando servicios sexuales.
Pero nos tenemos que recordar que la explotación sexual atraviesa todo el territorio del país, puede estar en nuestras casas y barrios, en las instituciones educativas y en nuestros lugares de trabajo. La perpetuación de la violencia contra la mujer está sustentada en redes visibles e invisibles de poder, nos toca estar atentas para desnaturalizarla, visibilizarla y denunciarla, y que se haga justicia. Esta violencia sistemática está instalada en la cotidianidad de nuestras vidas.
No devoren más impunemente desde ese estatus ridículo que portan.
Van a caer. Nosotras, juntas, vamos a hacerlos caer.
Texto: Federica Folco, Sofía Umbre y Raquel Sabrido
Imagen: Valentina Lasalvia
