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Retazos de verdad

Retazos de verdad

Hoy, domingo 20 de mayo, se realiza la 23a Marcha del Silencio. La concentración, bajo el lema “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”, es a las 19.00 en la intersección de Jackson y Rivera para marchar, a las 20.00, hasta Plaza Libertad. No solo Montevideo marcha, también lo harán otras partes del interior, como Rivera, Florida, San José, Paysandú, Mercedes, Tacuarembó, Maldonado, Piriápolis, Melo, Artigas, Juan Lacaze, Salto, Treinta y Tres, Flores, Carmelo, Minas, Paso de los Toros y José Enrique Rodó, y del exterior, Buenos Aires, Santiago de Chile, París y Barcelona.

Este año es el primero en que la marcha se da en el contexto de ruptura de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con el gobierno del Frente Amplio. La agrupación, que viene luchando desde el retorno a la democracia por verdad y justicia, decidió retirarse, en marzo de 2018, del ámbito de trabajo conjunto con el gobierno, el cual estaba constituido bajo el nombre Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sin obtener avances significativos. De esa comisión, solo ha quedado el nombre.

Previo a ello, en 2017 se creó una Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, la cual ha obtenido (más vale tarde que nunca) avances en materia de investigación sobre delitos de lesa humanidad. Recientemente se han obtenido datos nuevos sobre la causa de la maestra Elena Quinteros, quien fue secuestrada y desaparecida en dictadura. Al respecto, el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia declaró el 16 de mayo que por primera vez, luego de tantos años, se escuchó a una soldado reconocer que participó en el operativo de captura y secuestro de Quinteros. La testigo afirma no haber tenido contacto con la víctima, pero sí haber estado al tanto de la operación, ya que pasaba por ahí vestida de particular cuando recibió la voz de mando.

Sin embargo, varias son las razones que llevaron a que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se desvinculara del gobierno. El integrante de la organización Oscar Urtazún explica que “no se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen […] Hubo una actitud del gobierno de exigir a la gente que iba a trabajar ahí la firma por la reserva. ¿Cuándo conseguimos los datos y los tiramos al público? Fuimos una de las partes que más respeto tuvimos”, según expresó a Montevideo Portal tras ser consultado por las razones del alejamiento de la agrupación.

La falta de acceso al presidente Tabaré Vázquez es otra de las razones de la ruptura: “No nos dio una entrevista en tres años, nuestra entrevista es de una hora, una hora y media, nada más”, señaló. Se trata del mismo Vázquez que se hizo presente en la reciente inauguración, el 15 de mayo, del espacio memorial en el Penal de Libertad que recuerda a los presos políticos. En la inauguración del Espacio Memorial Penal de Libertad también estuvo presente el ex mandatario José Mujica, quien, al ser consultado sobre la dificultad en el proceso de investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Uruguay, declaró la existencia de “un pacto de silencio entre los militares para que no haya avances en la búsqueda de desaparecidos en dictadura”. Sostuvo también que “a lo que podemos llegar son a pedazos de verdad” y que “estar en el gobierno no es estar en la verdad absoluta de que se hace lo que uno quiere”.

Algunos ejemplos confirman las palabras del ex mandatario. Recordemos que en  2011 el entonces diputado de Canelones Víctor Semproni fue la estampita de la articulación para que no se anularan los artículos 1º, 3º y 4º de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y que recientemente el diputado por Maldonado Darío Pérez rechazó el impuesto a los retirados militares en el marco de la Reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

También por estos días hemos asistido a declaraciones de ex jerarcas castrenses, como es el caso de Héctor Fígoli, quien declaró ante las expresiones del director nacional de Policía, Mario Layera, la necesidad de implementar nuevamente las medidas prontas de seguridad, con el pretexto de aplacar el “estado de conmoción interna” por el que supuestamente está atravesando el país.

También desde otros ámbitos políticos se han manifestado a favor de este tipo de expresiones. La senadora del Partido Nacional Verónica Alonso declaró en entrevista con la emisora Diamante FM: “Definitivamente flexibilizaría el uso de las armas para que la Policía pueda disparar para detener a alguien […] de esa manera los delincuentes no sentirían esa impunidad que sienten y no tendrían la vía libre para matar a un policía”. Además, según Alonso: “En otros países la Policía impone la autoridad y a uno le hace sentir hasta un poquito de dolor de panza al ver a un policía, con su figura, su actitud, que va amedrentando y generando esa disuasión”.

La impunidad reinante en Uruguay puede verse en otros hechos. En abril de este año, el jefe de seguridad de las selecciones nacionales, Miguel Zuluaga, fue acusado de haber participado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los 33 años de democracia dieron como resultado que se decidiera la desvinculación de Zuluaga del Mundial de fútbol Rusia 2018, pero que no se lo separe de su cargo (ver nota vinculada aquí).

La impunidad tiene aun otras manifestaciones. En estos días diputados y legisladores de la oposición exigieron a las autoridades del Consejo Directivo Central, de la Administración Nacional de Educación Pública, que se investigue y den respuestas ante el simulacro de secuestro realizado por estudiantes del gremio del liceo Iava, quienes recrearon un secuestro en las aulas a modo de sensibilizacion y convocatoria a la Marcha del Silencio. Parece ser que el escándalo actual no son los desparecidos, ni la impunidad, sino los jóvenes que pretenden denunciarla y mantener viva la memoria.

El contexto regional que estamos atravesando parece arrojar claras evidencias de que vamos por el camino de fortalecer el aparato represivo del Estado. Y esa es una de las bases para dificultar el avance en materia de derechos humanos. Al mantener la impunidad, se brinda la posibilidad para fomentar la represión. En el escenario regional tenemos ejemplos como el de Brasil, con una ley de Amnistía que no pudo ser revocada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, y el de Argentina, donde a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentó establecer la reducción de la pena a represores, conocida como el 2X1, que no tuvo éxito gracias a las multitudinarias movilizaciones, y a nuevas voces “impensadas, inéditas, inesperadas” que se alzaron: las de hijas, hijos y familiares de genocidas argentinos.

Se trata de hechos. De consecuencias del accionar de diferentes actores vinculados a una de las más tristes historia de nuestro continente, que tiene este presente, que tiene estas reivindicaciones, movilizaciones… y memoriales de mármol. Pero lo que perduran son los reclamos, son las ausencias como consecuencia de las trabas del acceso a la verdad íntegra. No a retazos de la verdad, tal como lo afirmó el ex mandatario José Mujica.

Texto: José Luis Rodríguez y Manuel Viera

Foto:  Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos

20 mayo 2018

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