Privados de derechos

Mediante el informe anual del sistema penitenciario, el comisionado parlamentario emitió una investigación que busca clarificar la realidad de las cárceles en Uruguay.

Mediante el informe anual del sistema penitenciario, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario emitió una investigación que busca clarificar la realidad de las cárceles en Uruguay.

A través de dicha investigación se genera una categorización de los sistemas penitenciarios dependiendo de si tienen o no posibilidades de rehabilitación. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis que determina cuál es la inserción de los penitenciarios en lo que respecta a lo social, la educación, la salud, la cultura, luego de su estadía en una cárcel.

El titular del comisionado, Juan Miguel Petit, explicó a Trazos que el objetivo del informe anual es “hacer recomendaciones de cosas concretas sobre políticas públicas, poner temas en la agenda”, y promover “los derechos humanos y los mecanismos de integración social”, agregó.

Uno de los aspectos que se busca reivindicar con la realización del análisis del sistema penitenciario es la violencia tanto de afuera como de adentro de la cárcel. Sobre esto el Comisionado Parlamentario expresó en su informe que “las cárceles siguen siendo fuente de violencia, cuando deberían ser una plataforma de pacificación e integración”.  A su vez, se detalló en el informe que en 2017 hubo 28 muertes violencias, 17 homicidios y 10 suicidios; sobre esto Petit explicó que unos de los motivos por el cual esto se sigue manteniendo es porque no existen actividades socio educativas.

En la misma línea el informe del comisionado expresó que alrededor de  6.000 reclusos quedan en libertad por año, sin embargo un 65% es reincidente. Ya que según el comisionado la misma se provoca por una “mala rehabilitación y de oportunidades”. Sobre esto Petit explicó que si se aplicaran algunos programas de rehabilitación en determinadas cárceles se podría reducir a la mitad el porcentaje de reincidentes.

Para ello es importante que la policía carcelaria  no solo cumplan con su función de seguridad, si no que también debería cumplir con su rol de educación y de integración. En esta misma línea, el Comisionado Parlamentario expresó la necesidad de incorporar nuevos actores para la transformación del sistema penitenciario con el fin de mejorar la rehabilitación de los reclusos, por ejemplo, la sociedad civil, entidades educativas, de capacitación, culturales. También considera posibles entidades que promuevan actividades innovadoras dentro de la cárcel.

Por otra parte, Petit se refirió a la nueva cárcel de gestión público-privada de Punta de Rieles como una nueva modalidad de prisión “que está siendo analizada y se está trabajando sobre ella” y agregó que si bien tiene una privación de libertad ambulatoria, también debería llevar a cabo importantes actividades de rehabilitación, con el objetivo de que pueda alcanzar los fines para los cuales fue creada.

Este panorama podría ser favorable con el nuevo Código Procesal Penal, el cual promueve la comunicación con el juez de la causa del interno sobre las actividades de rehabilitación, cuando no sean propicias, así como también la posibilidad de hacer reclamos cuando sea necesario y las condiciones no acompañan, cuando las penas no se cumplan o no promuevan la rehabilitación.

Para el Comisionado Parlamentario también hay una serie de cosas “buenas” que se están haciendo a nivel parlamentario: en el Instituto Nacional de Rehabilitación hay un gabinete de dirección con buenas líneas técnicas de trabajo que impulsa cambios; también el Centro de Formación Penitenciario y las experiencias que recolectan de la cárcel de Punta de Rieles, Durazno, Artigas; la creación de la Posada de Camino, un lugar de transición para cuando los reclusos salen de la cárcel y buscan adquirir las herramientas necesarias para re insertarse a nivel social a través de las pasantías de trabajo.

Para  Petit, la creación de dicha posada es un paso “importante y alentador” y agregó que quizás en un futuro se puedan hacer convenios con refugios o pensiones. Se trata de “diferentes mecanismos mediante los cuales la persona pueda integrarse individualmente a la sociedad y desarrollar un proyecto de vida viable, sin violencia”, explicó.

Respecto de lo que concierne al tratamiento de las adicciones, el comisionado reconoció que es un tema que está en el debe. “ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] tiene una tarea importante para aumentar la cobertura en el sistema carcelario, pero hay que lograr la convicción, obtener el presupuesto, implementar las políticas, conseguir la gente, volcar los recursos. Todavía estamos bastante lejos de mejorar”, explicó.

Petit explicó que su mandato tiene como objetivo que el Comisionado parlamentario se convierta en un organismo de monitoreo parlamentario “que cumpla un servicio vigoroso para el Parlamento y que ayude a poner en la opinión pública la idea de que las cárceles deben funcionar adecuadamente”. concluyó.

Texto: Lucía Di Iorio

Foto: Marta González

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