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Nadie quiere esta policía

Nadie quiere esta policía

“Esto es el cante y en el cante mandamos nosotros”, gritaba uno de los policías en medio de un operativo irregular y violento que tuvo como protagonistas a Rodrigo González, Roberto Arellano y Erik Sáez, trabajadores comunitarios del centro cultural La Casucha, espacio que funciona desde el 4 de marzo y es gestionado por jóvenes del barrio.

La Casucha está ubicada sobre la calle Cambay y tiene historia en La Cruz de Carrasco. Fue fundado por el Sindicato de Ladrilleros, funcionó un jardín de infantes y aún resiste la biblioteca popular Pepita Mendizábal. El lugar físico fue cedido por el SUNCA al centro educativo La Pascua -institución referente en la zona, que nuclea 200 niños y adolescentes- que impulsó la creación del centro cultural para los gurises egresados de sus programas.

El 12 de octubre luego de planificar una actividad y cenar juntos, los tres coordinadores caminaban por Hipólito Irigoyen cuando se les encima una camioneta del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa del Ministerio del Interior), bajan tres policías, una mujer y dos hombres, y les ordenan ponerse contra el vehículo. Ante el cuestionamiento de Rodrigo y la invitación al diálogo, las respuestas fueron gritos y los carné de identificación contra su rostro. Al intentar alejarlos con sus mano, recibió golpes, lo tiraron al piso en medio de la calle y un policía se abalanzó sobre él.

Dos móviles y una camioneta se sumaron a los abusos, entre tres policías lo patearon, lo levantaron de la nariz y le apretaron los testículos. Cuando Roberto reacciona, al segundo paso, otro policía lo reduce. Con los brazos doblados y una rodilla sobre la espalda escucha los gritos de su compañero. Roberto y Erik son chilenos. No parece ser un dato relevante, sin embargo, al escuchar sus acentos, los policías comenzaron a lanzar frases xenófobas. De la misma manera, cuando Rodrigo dijo conocer sus derechos y el código policial, le dijeron “comunista de mierda” y “tupamaro asqueroso” entre otros insultos de odio político.

Los agravios verbales y morales siguieron en el camino a la comisaría y dentro de esta. Las irregularidades son incontables: ni siquiera fueron sentados en los patrulleros, los tiraron y como cayeron quedaron, con las manos esposadas y el cuerpo dolorido de los golpes, aun sin saber porqué estaban siendo arrestados. Los llevaron en autos separados a una policlínica en el Prado para constatar las lesiones, mientras por la radio avisaban que había policías lesionados. A Erik lo dejaron irse.

Según la ley 18.315 –marco normativo para el procedimiento policial– solo algunas razones permiten a la policía el uso de la fuerza: si están en riesgo derechos de terceros, si está en peligro la integridad física de alguna persona, si la persona resiste un allanamiento u otra diligencia, cuando un vehículo no se detiene a la voz de alto y para disolver una manifestación no pacífica.

“Lo primero es que no quede impune”

Luego de la peripecia dentro de la comisaría, los malos tratos, la incomunicación, las dificultades para declarar, la presión para firmar documentos, y el encierro en el calabozo, al salir se dirigen a constatar de nuevo sus lesiones y a Asuntos Internos del Ministerio del Interior para denunciar el accionar policial.

Antes habían pasado por un Técnico Forense solicitado por el juzgado de 4to turno. Cuando pidieron una copia del informe forense, se enteraron que por la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal dicho juzgado ya no existía como tal y ahora quedaba en manos de la Dra. Urioste.

Realizaron la denuncia en el Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT y también en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Concurrieron a la Embajada de Chile y al Consulado. Recibieron una llamada del Cónsul Eugenio del Solar poniéndose a disposición. También recibieron un correo del Ministerio de Relaciones Exteriores en que se informa que el caso será puesto a disposición del Departamento de Acción Social.

“Nos preocupa que esto sea una práctica cotidiana contra una población entera que forma parte de nuestro pueblo”, comenta Rodrigo, y se pregunta: “Esto que nos pasó, puede pasar sin ningún tipo de respuesta posible. ¿Estamos en un estado de derecho?”.

No es noticia cuando la violencia policial cae sobre jóvenes de barrios pobres. Es sabido, existen informes de organizaciones de derechos humanos, como SERPAJ e IELSUR que lo constatan. Esta fue la respuesta de un joven del barrio al enterarse de la situación: “No sabía que esto le pasaba a las personas normales también”.

 

Texto: Valentina Machado

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2 noviembre 2017

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