El gobierno de facto brasileño aprobó finalmente con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto impulsado por Michel Temer que determina una intervención militar de la seguridad publica para el estado de Río de Janeiro.
Con el argumento de controlar la situación de inseguridad que se vive en Río, se otorga a los militares hasta fines del 2018, el control total de la seguridad como nunca antes había ocurrido, ya que este decreto es el primero en su tipo desde que se ratificó la constitución de Brasil en 1988.
El gobernador de Río de Janerio, Luiz Fernando Pezão, aliado partidario de Temer, solicitó esta intervención luego de manifestarse incompetente frente a la ola de violencia generada por la fuerte crisis económica que atraviesa el país.
La nefasta medida no tardó en generar alarma entre los sectores opositores y las organizaciones que defienden los derechos humanos.
Preocupa la implementación de una ley según la cual las violaciones, detenciones y crímenes que se comentan en las operaciones serán juzgados por la justicia castrense y no por la justicia civil.
Esta ley, promulgada por Temer en octubre del 2016, limita a la órbita militar, el juicio de los homicidios que puedan ser efectuados por cualquier miembro de la fuerza aérea, marina o el ejército.
En momentos donde la seguridad nacional está en boca de todos, Brasil sienta un amargo precedente para la región. Otros vecinos no se quedan atrás, en Argentina se viene fortaleciendo el accionar del aparato represivo del estado y se respaldan los asesinatos y el gatillo fácil por parte de las autoridades.
La misma derecha que impulsa planes económicos que aumentan la pobreza, que disminuyen los recursos destinados a la educación e integración de los sectores más relegados, es la que propone la militarización de la seguridad como si fuera una respuesta novedosa y definitiva frente a la delincuencia.
El traslado de recursos desde los planes con un enfoque social hacia la seguridad, no tiene como objetivo el control del delito. El objetivo es el miedo, el control social y el blindaje represivo necesario para seguir impulsando medidas anti populares como la reforma en las pasividades y la reforma de la ley laboral.
Texto: Manuel Viera
Nota de memoria:
En Brasil, los militares que cometieron torturas, muertes y desapariciones durante la última dictadura militar están bajo protección de la Ley de Amnistía de 1979, que el propio régimen castrense aprobó como parte de su apertura política para el retorno a la democracia.
La semana pasada, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal revisar la Ley de Amnistía para poder juzgar a los autores de la muerte y ocultación del cadáver del diputado Rubens Paiva, en 1971 en Río de Janeiro. Las asociaciones de militares retirados se pronunciaron en contra del pedido de la fiscal general.
Fuente: Pagina 12 www.pagina12.com.ar
