A partir del sábado 30 de marzo, Uruguay entró en una nueva dimensión temporal donde pasado, presente y futuro (inmediato) se entreveran y se ven las caras. Los contenidos de las actas del Tribunal de Honor militar expuestos por el periodista Leonardo Haberkorn en
El Observador desafiaron la linealidad cronológica del tiempo y nos sitúan en un espiral cuya punta se hace difícil de divisar.
El 30 de marzo el país amanecía con la noticia de que los generales José
Nino Gavazzo y Jorge
Pajarito Silveira “narraron múltiples horrores de la dictadura”. Gavazzo admitía haber tirado al Río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, quien fue el primer desaparecido por terrorismo de Estado en Uruguay, en febrero de 1973, previo a que se diera oficialmente el golpe de Estado. Por su parte, Silveira le atribuyó a Gavazzo esa desaparición, así como la de Eduardo Pérez y la de María Claudia García de Gelman. Se trataba de información recogida de las Actas del Tribunal de Honor sobre al menos seis causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos por parte de Gavazzo, Silveira y Luis Maurente. El Tribunal, cuyos expedientes y actas fueron elevados al Ministerio de Defensa el 14 de febrero de 2019 por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Guido Manini Ríos, entendió que la serie de declaraciones no afectan el honor de las FFAA, por lo que no hay registros de suspensión a los miembros del tribunal.
En 2009 Gavazzo y Silveira, entre otros, fueron condenados a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio especialmente agravado y Maurente, entre otros, fue sentenciado a 20 años de prisión. En setiembre de 2017, se conformó el Tribunal de Honor que estudiaría la conducta de estos militares. Los integrantes del tribunal eran Gustavo Fajardo, como presidente, José González, como vocal, y Alfredo I. Erramún, como vocal secretario. Los miembros suplentes eran José Alcain, Ricardo Fernández y el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Claudio Feola; en ese entonces, quien comandaba las Fuerzas era Guido Manini Ríos. La primera declaración conformado el Tribunal de Honor fue de Gavazzo, el 10 de abril de 2018, cuando se refirió al caso de Gomensoro.
Unos meses antes, el 12 de marzo de 2019, Manini Ríos ya había sido destituido por parte del presidente, Tabaré Vázquez, por criticar a la Justicia y censurar al Poder Judicial al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor.
El 1 de abril, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe reclamó el desarchivo de la causa que investiga la desaparición de Gomensoro; la causa se reabrió. Este día, a raíz de los hechos destapados por la noticia de
El Observador, Vázquez destituyó también al ministro y al subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez (fallecido recientemente, el 11 de abril) y Daniel Montiel, respectivamente. Asumen en estos cargos José Bayardi y Andrés Berterreche, respectivamente. Las destituciones también fueron para al comandante del Ejército José González; el jefe del estado Mayor de la Defensa Alfredo I. Erramún y el general Gustavo Fajardo, integrantes del Tribunal de Honor que actuó en el (no) juzgamiento de los militares Gavazzo, Silveira y Maurente. A estas se le sumaron las de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry. En total fueron seis militares destituidos en una semana.
El 2 de abril, Bayardi entregó las actas del Tribunal de Honor al Parlamento, disponibles
aquí. El 8 de abril asumió como nuevo comandante del Ejército Carlos Feola, tras la destitución de González. En su discurso de asunción, y en respuesta al reclamo de Madres y familiares de detenidos desaparecidos de repudiar públicamente los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, Feola respondió que no los iba a repudiar porque no sabe si están confirmados o no. Esto supuso una inminente reacción por parte de la sociedad civil y de las autoridades; el ministro de Defensa solicitó que aclarara a qué se refería con sus declaraciones. Hecho lo cual, Feola sigue en funciones.
La respuesta de la sociedad civil
En respuesta a estos acontecimientos, Madres y familiares emitió dos comunicados sucesivos, uno el 20 de marzo, a propósito de la destitución de Manini Ríos, y otro el 1 de abril, tras haberse dado a conocer las declaraciones de Gavazzo y Silveira frente al Tribunal de Honor.
En el primer comunicado denuncian los delitos cometidos por todo el sistema de las FFAA desde la década del 70 hasta el comienzo de la democracia y las mentiras sistemáticas sobre estos asuntos desde la reapertura democrática. Destacan la tolerancia por parte de todos los partidos políticos democráticos sobre estos crímenes y mentiras.
Sobre el fallo del Tribunal de Honor a Maurente, Silvera y Gavazzo, afirman que “constituyen la más cruda foto del Ejército que tenemos hoy”, ya que considera, por unanimidad, que lo que hicieron estos criminales, torturar, asesinar, violar, robar, apropiarse niños, desaparecer forzadamente, no afecta la moral de la institución. Este es el honor del Ejército de antes pero también del actual.
Sobre la actualidad del Ejército, afirman, además, que los integrantes de esas fuerzas “se negaron a volver a los cuarteles sin más, reclamando y manteniendo su injerencia en decisiones políticas, negándose a comparecer ante los juzgados y continúan, aún hoy, defendiendo el rol que cumplieron y están dispuestos a reiterarlo”.
Asimismo, subrayan que la Comisión Parlamentaria sobre espionaje en democracia en 2018 presentó a la Justicia conclusiones de que las FFAA espiaron a los partidos políticos, organizaciones sociales y a toda la ciudadanía hasta 2005.
En ese comunicado se deja en claro que “ha permanecido entre nosotros un poder paralelo” que no se soluciona “cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión”. Resta, según entienden desde Madres y familiares, “terminar de comprender que si no se efectúan los cambios imprescindibles dentro de las FFAA, continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aún en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina”.
Este año se discute la Ley Orgánica Militar para reformarla. En el comunicado plantean la necesidad de esta reforma y de hacerlo “afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”.
En el comunicado del 1 de abril, Madres y familiares expresa que lo comunicado el 20 de marzo efectivamente se comprueba con lo acontecido en los Tribunales de Honor y “pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva”. A la luz de estos hechos, reafirman “que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año”.
Defendiendo la democracia en las calles
Este es el marco por el que Madres y familiares, en conjunto con Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el PIT-CNT, FUCVAM y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay convocaron una concentración en la Plaza Libertad, bajo la consigna “Por la democracia y contra la impunidad”, el jueves 11 de abril a las 18.00.
Verónica Mato, hija de Miguel Mato, desaparecido en dictadura el 29 de enero de 1982, leyó la proclama. En el texto se retoman varios de los conceptos vertidos en los comunicados anteriores.
Se instó a manifestar por la institucionalidad democrática y se celebró la destitución de los jerarcas militares involucrados en el Tribunal de Honor. Destacaron que es la primera vez que militares reconocen lo que hicieron, y que esto supone una muestra de que frenar la impunidad es posible. Sin embargo, avanzar en este camino requiere necesariamente de la voluntad y el compromiso de los actores políticos.
Se destacó que hasta ahora las denuncias, búsquedas e investigaciones sobre los desaparecidos han estado en manos de la sociedad civil y de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Las torturas, muertes, fusilamientos, secuestros, traslados han sido denunciadas por los sobrevivientes y ex presos políticos. Fue la ciudadanía la que “no permitió el olvido y rescató la memoria”.
También se enfatizó en que este fallo revela la persistencia de un espíritu antidemocrático en las FFAA y confirma lo que desde hace cuatro décadas se viene denunciando: la impunidad en relación con los crímenes de lesa humanidad. Esta impunidad se ha visto y se ve reflejada en “la omertá que se mantiene enquistada en las Fuerzas Armadas”, la ley del silencio que refleja que este cuerpo no están regido bajo las leyes constitucionales. Esto queda de manifiesto en una fuerza que condena el perjuicio sobre un camarada de armas pero nada dicen sobre los asesinatos y las torturas cometidos antes y durante la dictadura.
Hacia adelante
Frente a estas evidencias se señaló la imperiosa necesidad de reformar los planes de estudio del cuerpo militar y se reiteró que es inaceptable la creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos militares, que continúan formándose bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, que impulsa el proyecto de reforma constitucional que se vota este año.
En los comunicados de Madres y familiares, en la proclama “Por la democracia y contra la impunidad”, y en los cantos de la multitud en la Plaza Libertad, se plasmó una y otra vez el nunca más al terrorismo de Estado.
Sin embargo, para que efectivamente este lema se consolide en el presente y pase a formar parte de nuestro futuro, también es necesario que nuevas generaciones conozcan los hechos del pasado, que —quedó más que demostrado— constituyen parte del presente y son inevitables para confeccionar el futuro. Para que efectivamente este lema se consolide es necesario que la sociedad civil y los partidos políticos repensemos nuestro ser democrático. Hace 34 años que la democracia en Uruguay está construida en torno a mentiras, en torno a la desvalorización de las denuncias de personas que han sido torturadas sistemáticamente, en torno a legitimar los horrores cometidos por más de diez años, en torno a una ley de caducidad al “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto” (
Ley N 15.848). Una ley votada y ratificada en democracia, pero que pone en juego los fundamentos mismos de esta, ya que avala la impunidad de los militares y del Estado en crímenes de lesa humanidad. Para que la punta del espiral siga en líneas de divisarse se precisa redefinir las ideas de institucionalidad democrática, pero también generaciones dispuestas a hacerlo.
Texto:
Cecilia Bértola y
Fanny Rudnitzky
Fotos:
Fanny Rudnitzky y
Valeria Amaro 